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Escribe:
Julio Poblesec 
El fifty-fifty de Cristina
La presidente dijo la semana pasada que el reparto de la riqueza en Argentina está próximo a alcanzar el fifty-fifty (50% para los empresarios y 50% para los trabajadores). Esa paridad sólo estuvo cerca de alcanzarse en algún momento bajo el primer gobierno de Perón.
Este alarde presidencial surgiría de datos publicados por el IndeK, que dibujan que el 48,1% de la distribución de las riquezas corresponde a los trabajadores asalariados.
Es de público conocimiento que, desde que fue intervenido en el año 2007, el organismo viene distorsionando a conveniencia del gobierno todos los indicadores económicos. Pero incluso para el mentiroso IndeK se está lejos de ese reparto del 50-50. Principalmente por dos sencillas razones: en primer lugar, porque ese 48,1% de ellos no incluye a los 7 millones de trabajadores que cobran en negro, los que trabajan en el servicio doméstico, jubilados y pensionados, cuentapropistas y los que cobran planes sociales.
En segundo lugar, dicho porcentaje sólo podría ser verdadero si la remuneración promedio fuera de $4.524 -el doble de lo que indica la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2010 del propio IndeK- y los trabajadores ocupados fueran 27,5 millones en lugar de 11,8 millones, como aparece en la misma encuesta. Esto ha sido presentado por un estudio de Claudio Lozano, dirigente de la CTA y Proyecto Sur.
La participación de los asalariados en el PBI actualmente es del 27,6%. Anunciar que los trabajadores se aproximan al 50-50 es lavarle la cara a las patronales, que siguen acumulando fortunas, mientras el 53% de los trabajadores en blanco ganan $2.500, la mitad de la canasta familiar. Y ni hablar de los que cobran en negro, desocupados y subocupados.
Para acercarse al 50-50 hay que sacarles a unos para darles a otros. Concretamente, meter mano en las fabulosas ganancias patronales, para lograr salarios y jubilaciones dignos y acabar con el trabajo en negro. Esto es lo que no hace el gobierno K. Y una prueba más la brinda la negativa de la presidenta a darle luz verde a la iniciativa de Moyano para que los gremios que encabeza logren participar de las ganancias de las patronales.
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