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Campaña contra la criminalización de la protestaEn el transcurso del año, el gobierno que dice defender los derechos humanos y que no criminaliza la protesta social ha intentado avanzar dando distintas respuestas represivas a todos los que luchan. Hay que seguir la campaña unitaria de pronunciamientos.
En varios discursos por cadena nacional, Cristina Kirchner atacó importantes conflictos que se dieron con el argumento que eran “demandas exageradas” o “conflictos descontrolados que le hacían perder mucha plata al país”. Así calificó a los boleteros del subte que se oponen a cambios en su modalidad de trabajo y a docentes y petroleros de Santa Cruz que reclamaron aumento salarial. A lo que hay que agregar el rol de determinados jueces que aceleraron o armaron causas “truchas”, que actúan con el amparo de funcionarios del gobierno para intentar aplicar el código penal en los conflictos y de esta forma golpear a cuerpos de delegados combativos. Además de pretender condenar también a quienes se solidarizan con las luchas, como es el caso de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll en la causa judicial a los delegados de Kraft. Incluso el Ministerio de Trabajo intentó sacarle la personería a los técnicos aeronáuticos con el argumento de que son “boicoteadores” de Aerolíneas Argentinas y no le homologó el 35 % de acuerdo salarial a los peones rurales por considerarlo “excesivo”. Más allá de las diferencias que tenemos con estos sectores de la burocracia sindical que dirigen estos gremios, estas posiciones del gobierno esconden un ataque para regimentar a los trabajadores, por lo cual las repudiamos. Es un gobierno que pretende utilizar el 54% de los votos obtenidos en las elecciones nacionales y, ante la crisis que se avecina, seguir confundiendo a los trabajadores y hacer pasar su verdadera política de limitar el derecho a reclamar y protestar que tenemos los trabajadores. Lo que constituye una amenaza contra el derecho de huelga. Por eso mantiene a 5.000 luchadores procesados, tiene presos por luchar y deja actuar a las patotas contra los conflictos. En los dos últimos años de gestión kirchnerista hubo 15 muertos, entre ellos, quienes reclaman por tierra y vivienda, como el reciente asesinato de Cristian Ferreyra, militante del MOCASE. A partir de la lucha triunfante contra el procesamiento del “Pollo” Sobrero y del resto del cuerpo de delegados del Sarmiento, junto con la respuesta que dieron los trabajadores en la línea 60 que expulsó a la patota de la UTA y de la empresa, se da un nuevo momento donde se fortaleció la lucha democrática. Quisieron descabezar a estos cuerpos de delegados y no pudieron. Esto es lo que explica la formación de la comisión permanente contra la criminalización de la protesta social, los importantes pronunciamientos que se vienen logrando con el petitorio, la masiva marcha unitaria a Plaza de Mayo y las distintas actividades que se están realizando. Y que ubican a los trabajadores en mejores condiciones para las próximas peleas sindicales y populares que seguramente se darán el año que viene. Hay que seguir desarrollando la campaña unitaria, llevándola a los lugares de trabajo, estudio y barrios. En ese sentido, en el reciente seminario internacional del PSOL que se desarrolló en San Pablo, Brasil, a instancias de nuestra diputada Liliana Olivero, se aprobó por unanimidad apoyar la campaña. La marcha del próximo 20, a 10 años del Argentinazo, tiene este aspecto como una de las consignas convocantes. Tenemos que llamar a que se sigan pronunciando las distintas organizaciones, porque necesitamos de la más amplia unidad para lograr un movimiento nacional contra la criminalización de la protesta social.
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