El Socialista

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Escribe:

Adriana Astolfo

Secretaria General ADOSAC Pico Truncado (Santa Cruz)

Santa Cruz marca el camino

La provincia de la presidenta es un ejemplo en dos sentidos. Uno, el del ajuste que comenzó a aplicarse en las provincias. Dos, por la enorme lucha que desató, frenando momentáneamente las medidas antiobreras. En estas páginas y en la 5 mostramos también cómo es el ajuste en otras provincias.
Desde nuestra redacción le pedimos a Adriana Astolfo que nos escribiera su impresión de lo sucedido y cómo se preparan para seguirla.

“El proyecto de ajuste debe retirarse”

La movilización de los trabajadores de Santa Cruz el 29 de diciembre de 2011 evitó que los diputados del Frente para la Victoria (FPV) votaran una Ley de Emergencia económica que incluye la reforma previsional y que significa más ajuste y aniquilación de derechos adquiridos.

El 29, la respuesta del Gobierno fue una vez más la represión, como en diciembre de 2010. Sin embargo, esta vez no pudieron.

El proyecto de ley que aún permanece en la Cámara pretende avanzar notablemente sobre la Ley Previsional 1782: se pierde el 82% móvil. Se extiende la edad jubilatoria a 60 años las mujeres y 65 los hombres. Se revisan los tipos de enfermedades causales de jubilaciones por invalidez. Dispone la aplicación de un aporte personal (para pasivos y activos) adicional sobre las remuneraciones estableciendo una alícuota que varía según el monto del salario entre un 2% a un 5% más, por nombrar algunas de las modificaciones.

Para justificar la aplicación de estas medidas se hace alusión a una crisis económica de la cual los trabajadores no somos responsables, a pesar de las declaraciones reiteradas del gobernador Peralta y de Cristina Fernández de Kirchner acerca de que nuestra lucha, fundamentalmente la docente y la petrolera, ha provocado esta situación.

Lo que no explica el señor Gobernador cuando defiende la aplicación de las medidas de ajuste es que luego de más de 20 años de FPV han vaciado la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicio Sociales, siendo esta última intervenida hace años.

No han presentado un solo balance y no han explicado un solo número. Han regalado nuestras empresas energéticas con las privatizaciones de los ´90 -que estratégicamente apoyó Néstor Kirchner- y han realizado contratos que sólo benefician a las operadoras multinacionales.

Luego del 29 hubo quienes se declararon en contra del proyecto. El sector de La Cámpora intentó despegarse de la situación generada, y algunos funcionarios renunciaron a sus cargos recién estrenados. Algún diputado se comprometió a debatir y “consensuar” con los gremios a partir de marzo, antes de la primera sesión de la Cámara. Sin embargo, debemos ser conscientes de que todos iban a votar el ajuste que es además un mandato de Nación.

El gobernador Peralta hace pocos días atrás sacó por decreto algunas de las medidas de emergencia económica: suprimió los subsidios y contratos de trabajo y espera una señal de apoyo de la Presidenta.

Por eso los trabajadores debemos estar alertas y movilizados, afianzando las mesas intersindicales formadas en algunas localidades y generándolas en las que aún no están.

El plenario de trabajadores del 10 de diciembre marcó un camino a seguir que debemos profundizar: unificar la lucha para la defensa de los trabajadores, movilizarse contra el ajuste y la criminalización de la protesta, trabajar por sindicatos independientes del gobierno de turno, defender la educación y la salud públicas, denunciar la depredación de nuestros recursos y oponerse a los negociados de las empresas multinacionales.

El ajuste no se debe consensuar. El proyecto debe retirarse.

Desde la conducción de Adosac Pico Truncado pondremos a debate esta postura en asamblea para luego llevarla al Congreso Provincial, que es la unidad de todos los trabajadores para luchar por el retiro del proyecto. No hay allí ni una medida que sea beneficiosa para nosotros. En cuanto vuelvan los compañeros de sus vacaciones y se presenten en sus escuelas, daremos este debate.


Escribe:
Pablo Almeida
(ATE) • Lista Fucsia en el Frente Unidad y Lucha-Lista Bermellón

Comenzó el ajuste en el Estado Nacional

Un día antes de fin de año, la presidenta Cristina Fernández, mediante un decreto de necesidad y urgencia, dispuso que se “revisen” los pagos de bonificaciones, adicionales y plus salariales de 300.000 estatales de la Administración Pública Nacional. Este decreto vino a dar un marco legal a una medida “menos formal” que unas semanas antes había dictado la Secretaría de Hacienda y que suspendía dichos pagos. El cual ha sido refrendado en el Congreso por la Bicameral en un aceleradísimo trámite.

La escueta y confusa redacción del decreto, sumada al doble discurso oficial, intenta ocultar que estamos frente a un recorte de los salarios de los trabajadores estatales nacionales. Todas las bonificaciones, adicionales o plus que hoy se recortan son paliativos a los magros salarios que cobran la mayoría de los trabajadores estatales nacionales. El grueso de estas bonificaciones se cobra desde hace más de 10 años y constituyen derechos adquiridos inalienables de los trabajadores.

Es importante recordar que los salarios estatales se encuentran dentro de los que menos han aumentado en los últimos años y, por ende, los que más poder adquisitivo han perdido frente a la inflación. Pese a que el gobierno de los Kirchner nos quiera hacer creer lo contrario, los estatales no somos privilegiados con sueldos mayores a los de la presidenta, como dijo Cristina pocos días antes de su operación. El salario inicial de un trabajador estatal está alrededor de $ 2.500 de bolsillo, menos de la mitad de la canasta familiar. Y cerca del 70% de los estatales sufren formas de contrataciones precarias o directamente en negro, con sueldos aún menores que los del personal de planta permanente.

El quite de las bonificaciones de fin de año se hizo efectivo en varias reparticiones del Estado como INTI, CNEA, CNC y los Ministerios de Economía y Justicia, entre otros. Cínicamente, tanto el gobierno como UPCN -gremio que hace gala de su cercanía con la patronal-, quieren presentar la medida como tendiente a “blanquear” los salarios estatales, “evitando arbitrariedades e injusticias”. Pero los trabajadores no masticamos vidrio y sabemos que ésta es la punta de lanza del ajuste en el Estado Nacional. Si hoy avanzan sobre las compensaciones, mañana vendrán por el resto del salario. Por eso se han comenzado a dar asambleas y distintas medidas de lucha. El caso más avanzado ha sido el del INTI, donde la junta interna de ATE ha convocado a paros y cortes de la General Paz, hasta que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Ése es el camino a seguir para torcerle el brazo al gobierno de Cristina y frenar el ajuste. La conducción de ATE, con Pablo Micheli a la cabeza, ha denunciado los recortes y declaró que evalúa convocar a un paro. Le reclamamos que pase a los hechos, convocando a un plan de lucha unitario, votado en asambleas, sin distinción de gremio, para enfrentar los recortes y defender el salario.


Liliana Olivero
Escribe:
Liliana Olivero
Legisladora Izquierda Socialista-FIT - Córdoba

Córdoba: El PJ y la UCR ajustan a los de abajo

Mientras grandes empresarios -ayudados con subsidios y exenciones impositivas- obtienen ganancias fabulosas, De la Sota desde la gobernación y el radical Mestre desde la intendencia de la Capital promueven el aumento de impuestos y servicios y la recomposición del bipartidismo PJ-UCR. Tratan así de hacerle pagar a los trabajadores y sectores populares los efectos de la crisis. Pero ya empezaron las primeras luchas obreras enfrentando esta política ajustadora. El FIT e Izquierda Socialista están en la primera línea del enfrentamiento a este ajuste que -más allá de su doble discurso- también cuenta con la complicidad del FAP de Binner-Juez.

La provincia

A nivel de la gobernación y de la municipalidad, comienzan a verse las consecuencias de la crisis económica mundial y también las de gobernar para los empresarios y multinacionales.

Cristina, apremiada por sus urgencias, le cortó a la provincia la asistencia del déficit de la Caja de Jubilaciones (le debe unos 1.300 millones de pesos y 400 millones por obras viales). Por eso, De la Sota le confesó a su aliado radical: “Tenemos a la mitad de las municipalidades en llamas y nosotros estamos mas o menos igual, por eso no los podemos ayudar”.

Para obtener recursos ya aumentó 15% la luz y anuló la rebaja del 30% de impuestos provinciales que él mismo había otorgado en su anterior mandato; además aumentará $0,20 la nafta para pagar la autopista Córdoba- Río Cuarto y estudia otro para compensar a las empresas por el boleto estudiantil “gratuito”.

La municipalidad

Con la mentira que las cuentas municipales están en rojo -cosa que toda la oposición rechaza-, Mestre impuso en el Concejo Deliberante controlado por el radicalismo una “megaordenanza” con medidas que imponen un impuestazo, prórroga de contratos, expulsión de los manteros de la vía pública, superpoderes, autorización para privatizar, creación de nuevos tributos y prórroga durante dos años de la emergencia económica, entre otras medidas.

En sus discursos agranda la crisis para justificar el aumento que prepara del boleto de colectivo a $3,50, del inmobiliario urbano, que según la categoría del barrio oscilará entre el 50 y 100%. Obtuvo autorización para privatizar CRECE (empresa municipal de recolección de residuos) y la TAMSE (empresa municipal de colectivos y trolebuses), y para un impuesto del 10% en la tarifa del agua para “la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal”. Además, podrá racionalizar el gasto, vender bienes de la comuna y reformular el presupuesto.

Así, cualquier mejoramiento que logre Mestre (comparado con la ruinosa ciudad que dejó Giacomino) se lo adjudicará para mostrar capacidad de gestión. Para este objetivo cuenta con el apoyo de De la Sota, que promueve el resurgir del bipartidismo para relegar al otro cómplice de esta política, Juez y su Frente Cívico.

Las luchas

La política del PJ y la UCR es clara. Tremendo aumento tributario y rebajas en los gastos laborales para que la crisis la paguen los trabajadores y los sectores populares.

Pero tanto los trabajadores de la Salud, con meses de conflicto por aumento de salarios, como los docentes que ya lo anunciaron, rechazan el miserable aumento del 12% para todo el año, que les asigna el presupuesto provincial. Y los trabajadores de las empresas de limpieza le hicieron la primera movilización a la nueva casa de gobierno por falta de pago.

Los municipales respondieron con una tremenda marcha y la UTA amenazó con un paro cuando intentaron atrasarles el pago de salarios y aguinaldo. Los municipales están en estado de alerta porque quieren recortarles conquistas, y los trabajadores de CRECE pararon y bloquearon la municipalidad con sus camiones y descargaron basura en sus puertas por el despido de 195 contratados y porque funcionarios y militantes radicales salieron a recoger la basura. Así lograron nuevamente la reincorporación de todos. En la perspectiva, esta dinámica se profundizará. Desde Izquierda Socialista llamamos a solidarizarnos con los trabajadores que luchan y a organizarnos en las empresas y en los barrios para derrotar este ajuste.


Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.

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