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Rubén "Pollo" Sobrero
Continuemos la campaña contra la criminalización
Esta semana y en días próximos habrá citaciones judiciales contra trabajadores y dirigentes políticos de izquierda perseguidos. Hay que movilizarse y continuar la campaña nacional contra la criminalización de la protesta social.
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Izq.: Hay que desprocesar a los 5.000 luchadores sociales. Der.: Afiche reclamando la libertad de Olivera |
Este jueves 2 de febrero, a las 10:30 horas, habrá una audiencia en la Cámara Federal de San Martin, provincia de Buenos Aires -calle Güemes 3053, 1° piso-, para determinar la continuidad o no de los procesamientos y embargos a trabajadores de Kraft y Pepsico, trabajadores que reclamaron contra 156 despidos en un conflicto en 2009, la mayoría de los cuales fueron reincorporados. Y también contra aquellos que se solidarizaron políticamente con su lucha, como los dirigentes Néstor Pitrola y Vilma Ripoll.
A esa hora y lugar habrá una movilización convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas donde reclamaremos el cierre de la causa.
Por su parte, el miércoles 8 de febrero (fecha que puede cambiar) se iniciaría el juicio oral a Carlos Olivera en los Tribunales de Lomas de Zamora (Larroque y Camino Negro). Olivera es trabajador de la construcción y referente del sindicato Sitraic de Lomas, opositor a la UOCRA de Gerardo Martínez. Es acusado de intento de homicidio a un patotero de dicha organización que, en realidad, había ido a atacarlo a él y a sus compañeros en una obra. Olivera fue apresado hace dos años, pese a que la policía había detenido ese día un auto de la patota lleno de armas. El juez de la causa negó la excarcelación de Olivera en diciembre y permitió que la patota participe del juicio. La misma es comandada por Martínez, espía del Batallón 601 en la época de la dictadura.
A esto hay que sumarle que el petrolero Oñate sigue preso en Santa Cruz y que en el país permanecemos procesados más de 5.000 luchadores sociales. En mi caso, si bien fui liberado por la movilización popular y me dictaron falta de mérito, sigo procesado en esa causa armada por Aníbal Fernández, el juez y la policía, acusándome de “quemar trenes” con prueba trucha y testigos falsos.
Para enfrentar estos ataques hay que movilizarse, como lo haremos este jueves y lo hicimos en esa gran movilización el pasado 23 de noviembre a Plaza de Mayo. Y retomar la campaña unitaria contra la criminalización de la protesta que iniciamos el año pasado junto a distintas organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos. Una campaña bien amplia y unitaria. Más aún, después que se votó la nefasta Ley Antiterrorista a fin del año pasado, la cual ya se empezó a aplicar contra asambleístas en Catamarca. Hay que seguir juntando firmas y pronunciamientos con el petitorio que impulsamos, entre tantas otras actividades a tal fin.
Desde el Cuerpo de Delegados del Sarmiento y, en mi caso, como dirigente de Izquierda Socialista, nos solidarizamos con todos los compañeros perseguidos y judicializados. Exigiendo la libertad de los presos políticos, el cierre de todas las causas y el desprocesamiento de todos los luchadores.
Catamarca: Estrenan Ley Antiterrorista contra asambleístas
El viernes 28 de enero fueron detenidos asambleístas que realizaban en la ruta 40, Santa María, un corte selectivo a vehículos que llevaban insumos a la minera La Alumbrera, que hace ya 15 años viene contaminando el lugar. Tras largas horas de arresto y merced a una fuerte presión popular, fueron liberados. El corte pacífico se suma al que hace varios días viene protagonizando en Belén.
El Fiscal Federal Gustavo Gómez publicó por las redes sociales: “El fiscal de Santa María aplica el artículo 213 bis [del Código Penal] que, de acuerdo a la nueva ley antiterrorista, es de competencia federal. Eso es prevaricato” (es decir, una resolución arbitraria de una autoridad judicial). Además: “La policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados obligándolos a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad”.
“Deben entender que quienes luchamos por la vida no somos “terroristas”. Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, expresó en un comunicado Mariela Silvestein, presidente de Conciencia Solidaria.
Llamamos a la más amplia unidad de acción a todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, intelectuales y demás personalidades a realizar una campaña nacional para derrotar esta ley kirchnerista hecha para redoblar la persecución a los que luchan.
Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.
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