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• Contra la megaminería • Aumento de salario
Hay que ganar esta pulseada nacional
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“Yo voté a Cristina, pero me parece que se le está yendo la mano”. Este comentario, difícil de escuchar años atrás, empieza a manifestarse cotidianamente. Es que el gobierno prometió una cosa en las elecciones y está haciendo otra. De “profundizar el modelo” -algo que diversos sectores podían interpretar como que se podían extender algunas conquistas sociales-, se pasó a la “sintonía fina”. Aforismo que, a la vista, es sinónimo de techo salarial en las paritarias, aumento de tarifas, ajuste directo como se intentó hacer en la provincia de Santa Cruz (con despidos y rebaja salarial) y la continuidad de la apertura del país para el saqueo de las multinacionales (megaminería, petróleo, gas).
“Quien quiera ver ajuste debe sintonizar algún canal griego o español”, señaló el periodista pro kirchnerista Horacio Verbitsky el pasado domingo en una de sus largas notas que escribe en Página12. Quiere encubrir que en Argentina empezó un ajuste, que se irá aplicando con distintos ritmos.
Muchos trabajadores empiezan a palpar “el cambio”. Por eso se empiezan a dar cuenta que “no todo está bien”, como pinta la presidenta. Que una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Veamos tres ejemplos.
Uno: la megaminería. Cristina ha enarbolado un gran discurso en defensa de Malvinas, es decir, de nuestro territorio nacional. Pero, contradictoriamente, viene dejando que multinacionales saqueadoras se lleven el oro, los minerales, el petróleo y el gas. Diciendo, incluso, que la megaminería a cielo abierto -condenada a lo largo y ancho del país- no es contaminante. Por eso habría que abrir “un debate” al respecto.
La lucha en defensa del Famatina dejó al desnudo que los recursos esenciales del país quedan en manos de mineras depredadoras. Que bajo este supuesto “modelo de crecimiento con inclusión” -como dicen desde las esferas oficiales-, se está llegando al colmo de tener que obligar a mujeres, ancianos y niños a tener que arriesgar su vida frente a grupos policiales especiales para defender su derecho al suelo o al agua.
Dos: la represión. “Este gobierno no criminaliza la protesta social”, dice la presidenta. Pero a fin de año su gobierno aprobó la Ley Antiterrorista que, decían, no se iba a aplicar a la protesta social. ¡Pero se está descargando contra asambleistas de Catamarca! ¿Qué tienen de “terroristas” quienes defienden sus cerros y el medio ambiente?
A su vez, la feroz represión está gestada desde gobiernos provinciales como el de Catamarca y La Rioja, ambos kirchneristas. Mientras el gobierno nacional, con su silencio cómplice, da rienda suelta. ¡No puede ser que Catamarca esté sitiada y piqueteros puestos por la minera La Alumbrera son los que deciden quién entra y sale de ese pueblo! Hasta la propia patronal les manda comida tanto a sus fuerzas privadas de seguridad como a la policía que, en sociedad, hacen este trabajo sucio.
Que Cristina haya tenido que apelar a un burócrata sindical y vicepresidente del PJ diciendo que era un “minero” no vinculado a la política para mostrar que “hay gente que defiende a la megaminería contaminante”, muestra hasta dónde puede llegar su política para defender lo indefendible.
Tres: salario. El gobierno vino diciendo que los trabajadores son los destinatarios de su política de “redistribución de la riqueza”. Pero los salarios (como las jubilaciones y demás ingresos populares) están muy por debajo de la inflación real.
Desde hace meses, Cristina y sus ministros vienen diciendo que no se van a autorizar aumentos del 25 a 30%, como el año pasado. Por eso hizo campaña contra supuestos “privilegios” de sectores de trabajadores o tildándolos directamente de “boicoteadores”. Lo hizo con los petroleros y docentes de Santa Cruz, luego con los trabajadores aeronáuticos. ¿Qué dice ahora la señora presidenta del aumento del 100% en las dietas que se autofijaron los diputados y senadores con argumentos tales como el que dijo el diputado De Petris, señalando que eran “los postergados de la crisis de 2001”? Parecería que el ajuste se está haciendo “al derecho” (virtual congelamiento de salario a los estatales, los peores pagos del país) y “al revés” (morboso aumento a políticos patronales). Y en esto coinciden todos: kirchneristas, la UCR, el PRO y el FAP de Binner. En eso no tienen diferencias.
De hecho, hay dos Argentinas: una para aumentos siderales a los de arriba, saqueo para las multinacionales imperialistas y tremendos hechos de corrupción (testaferro de Boudou, Ricardo Jaime, enriquecimiento patrimonial del gabinete). La otra, la Argentina de la inflación, salarios y jubilaciones de pobreza, y contaminación.
Está en curso una gran pulseada nacional. O ganan las mineras, las fuerzas represivas y las patronales y el gobierno con los techos salariales. O los trabajadores, junto a los demás sectores populares, derrotamos esas políticas nefastas en defensa de nuestros ingresos, nuestros recursos naturales y para que se termine la represión al servicio de cuidar los negocios capitalistas.
Por eso llamamos a impulsar una gran marcha unitaria nacional a Plaza de Mayo para frenar los proyectos megamineros y en repudio a la represión. Encabezada por los pueblos del interior y las distintas organizaciones y artistas que se han pronunciado por esta heroica lucha. Y por un plan de lucha nacional para reclamar un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores del país. Exigiendo a la CGT-Moyano que pase de los dichos a los hechos. Llamando a estrechar filas para que los salarios lleguen al valor de la canasta familiar, que ronda los 6.000 pesos.
Boudou tiene testaferro
¿Cómo puede un monotributista pagar 567 mil pesos en efectivo para levantar la quiebra de una empresa? Muy simple. El señor en cuestión es Alejandro Vandenbroele, quien, tal como lo denunció recientemente su ex pareja, actúa como testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
La empresa es nada menos que Ciccone Calcográfica, la planta gráfica más importante del país. Después de haber sido beneficiada con el trabajo de impresión de boletas electorales del FPV, ahora le están otorgando el de impresión de cédulas y patentes de autos y motos. Y la Casa de la Moneda la recomendó al Banco Central para que imprima parte de los billetes de cien pesos que se usarán durante 2012. Esta denuncia contra Boudou es otra muestra de la corrupción que impera bajo el kirchnerismo.
Te pedimos un aporte para seguir apoyando las luchas de los trabajadores.
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