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Venezuela
Chávez ya tiene su Ley “antiterrorista”
La Asamblea Nacional bajo control del partido de Gobierno (PSUV) aprobó el 31 de enero una reforma a la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”. El instrumento se sumará al tupido entramado legal que sirve a los fines de criminalizar la protesta obrera y popular. Una huelga en el sector de transporte podría ser considerada terrorista, pues la ley considera de tal naturaleza el “apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías”. Se castiga con 8 a 10 años de prisión a quien, “en cualquier forma o grado, obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria”.
Sus definiciones son tan ambiguas que prácticamente cualquier protesta reivindicativa caería dentro del rango de los actos considerados “terroristas”. La ley tipifica como tales aquellos “cometidos con el fin de (...) obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Contempla castigos ejemplares para quienes participen u organicen protestas frente a instituciones públicas o embajadas.
En un contexto de auge en las luchas populares, que superaron las 5.300 en 2011, el gobierno ha demostrado ser sumamente duro a la hora de perseguir a los que luchan, abriendo juicios por protestar a más de 2.500 dirigentes campesinos, trabajadores, activistas comunitarios y otros luchadores. En cambio, se muestra conciliador con los sectores de derecha que promovieron acciones golpistas. Una amnistía firmada por el presidente Chávez el 31 de diciembre de 2007 dejó en la impunidad la mayoría de los crímenes violentos asociados al golpismo. En ese mismo año, en un gesto amistoso hacia el entonces presidente colombiano Alvaro Uribe, Chávez liberó a 41 paramilitares de extrema derecha provenientes del vecino país, detenidos en mayo de 2001 en los alrededores de Caracas y vinculados a planes terroristas. En cambio, viene cooperando con los gobiernos de Colombia y el Estado español en la persecución de organizaciones políticas incluidas en la lista de “terroristas” elaborada por el gobierno de los EE.UU. (www.laclase.info)
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