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Escribe:
Matilde Fumero
Justicia por Marita Verón
“Marita no aparece por complicidad del poder político, policial y judicial”
Esto señaló en el juicio la madre de Marita, Susana Trimarco, una luchadora incansable desde que en la mañana del 3 de abril de 2002, María de los Ángeles Verón -Marita”-, salió de su casa para atenderse en un hospital en la ciudad de Tucumán, y nunca regresó.
Trimarco fue sacando esta terminante conclusión al comprobar la complicidad entre políticos patronales de turno, las mal llamadas “fuerzas de seguridad” y jueces corruptos que, con su venia, protegen o directamente son partícipes junto a los empresarios mafiosos que trafican con la vida de miles y miles de mujeres y adolescentes víctimas de esa inmensa red de trata para la explotación sexual.
Varios testigos señalaron que Marita logró escapar, pero dos policías de la comisaría de La Ramada la subieron a un Renault 12 y llevaron con rumbo desconocido.
De la causa surgen rutas de trata entre las provincias de Tucumán, La Rioja, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba. Pero las líneas de investigación quedaron en la nada. Solo puede ser así por la complicidad del aparato estatal, como denuncia Trimarco.
Esta no encontró a su hija, pero fue liberando del calvario a muchas jóvenes. Una de ellas fue testigo de las relaciones entre proxenetas, policías y jueces. Cuando Andrea Darrosa fue invitada a declarar ante el juez Walter Moreno, quien intervenía en la causa, se negó. “¿Cómo voy a declarar ante un juez con el que me he acostado? Este tipo iba a los locales de Chenga y Medina (dos de los acusados) y a las chicas las hacían poner en fila para que elija”, señaló. Juez acusado también por Trimarco por rechazar los exhortos que enviaba la justicia tucumana y frenar los allanamientos que podrían haber dado con el paradero de su hija.
“A mi hija la apuñalaron, la violaron, la hicieron tener un hijo contra su voluntad… por Dios, qué más quieren de ella, por qué no la devuelven”. Un grito desgarrador que impactó en las frías paredes de los estrados judiciales.
Esto lo supo porque Andrea, ahora liberada -quien estuvo cautiva con Marita-, cumplió con lo pactado entre ambas: la primera que recuperara la libertad avisaría a la familia de la otra.
Si bien en 2008 fue aprobada la Ley de Trata de personas gracias a la lucha de la madre de Marita, los compromisos de diputados y senadores con el negocio presionaron para que la misma fije penas de solo tres años a los secuestradores. Y, en el caso de mujeres mayores de 18 años, las obliga a que sean ellas quienes demuestren que están encerradas en contra de su voluntad. Algo imposible para víctimas de vejaciones, amenazas, captura psicológica y desamparo. Sin embargo, los trece acusados (una parte de los responsables, ya que los peces gordos siguen en la impunidad) ni siquiera serán juzgados por esa ley, ya que se aprobó en 2008, seis años después de la desaparición de la joven.
Exigimos cárcel a todos los responsables de la desaparición de Marita. De sus autores materiales e intelectuales, políticos patronales, comisarios y jueces. Por el desmantelamiento de la red de tratas. Derogación de la ley de trata, y que se sancione otra, donde sean los proxenetas quienes tengan que demostrar su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba.
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