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Escribe:
Juan Rivera
YPF tiene que volver a ser estatal
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Torre de perforación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Comodoro Rivadavia, Chubut. Década del 60 |
En las últimas semanas, varios gobernadores kirchneristas avanzaron en la revisión de algunas concesiones de YPF. De las 60 áreas de exploración que posee la empresa en el país, al día de hoy 27 se encuentran “comprometidas”, aunque se trata de las de menor volumen de producción. El gobierno avanza así en la pelea con la empresa petrolera, a la que acusa de llevar al desastre a los recursos energéticos. Sin embargo, el déficit petrolero en el que se encuentra hoy la Argentina es producto de la política conjunta de los empresarios y el gobierno. Veamos.
Radiografía del desastre
Hacia fines de la década del ochenta, YPF -entonces en manos del Estado- logró el autoabastecimiento en materia petrolera y -pocos años después- Argentina se convirtió en un país exportador. Una vez privatizados los yacimientos durante el periodo menemista, las empresas concesionarias se montaron sobre los pozos explorados por la otrora empresa estatal, profundizando su política extractiva y abandonando la exploración de nuevos territorios. Esto le permitió a la española Repsol expandir sus negocios hacia otros países, empleando las utilidades que le tributaba la explotación del subsuelo local para realizar inversiones en otros lugares.
Este esquema extractivo le aseguró a la empresa un altísimo nivel de rentabilidad que no fue revertido durante el periodo kirchnerista; más bien lo contrario. De 2010 a 2011, las importaciones de combustibles treparon de 4.500 a 9.600 millones de dólares -es decir, más del doble-. Y si tomamos en cuenta todo el periodo kirchnerista, la cifra asciende a un 9.300 % de aumento. Así, la combinación entre la sobreexplotación de los yacimientos existentes y la subexploración del territorio por parte de la empresa, ha llevado a la Argentina del superávit al déficit energético.
El ingreso del banquero Eskenazi al negocio, promovido por el kirchnerismo en 2007, no hizo más que recrudecer esta política. No sólo no pusieron un solo peso en la empresa, sino que financiaron su ingreso con créditos sostenidos por la utilidades provenientes de la explotación petrolera. Todo esto acompañado por el kirchnerismo en nombre de una supuesta “argentinización” de YPF. El resultado: un estancamiento de la producción que sólo podría ser revertido con una fuerte inversión en la exploración de nuevos territorios; algo que ningún empresario está dispuesto a afrontar.
Expulsar a Repsol y reestatizar YPF
Ahora el gobierno sale a fustigar contra los empresarios del sector, señalándoles su política parasitaria y cuestionando sus prácticas monopólicas. En realidad, esto no es nuevo y el gobierno lo sabe desde hace tiempo. Sin embargo, busca paliar el desastre ante la imposibilidad de sostener los desequilibrios comerciales que implica la importación de combustibles. Por eso el encono con sus antiguos socios, a los que hasta hace sólo unos meses los premiaba con cuantiosos subsidios y con la renovación de las concesiones sobre los yacimientos -como en Mendoza en 2011-. El gobierno pretende cargar las tintas del desastre energético sobre la yunta Repsol-Ezkenazi, para ocultar así sus propias responsabilidades. Sin embargo, hasta ahora no ha trazado ninguna política para salir del desastre.
La explotación energética, una de las áreas centrales de la economía, no puede estar atada a los apetitos de los capitales privados, cuya única lógica es la de maximizar sus ganancias sin importar los costos que esto pudiese ocasionar. El desenlace de la política privatista de YPF -al igual que la “masacre de Once”- son el fiel reflejo de esto. Sin embargo, el kirchnerismo y sus gobernadores provinciales hasta ahora vienen insistiendo en que la salida pasa por un cambio de operadores y por la imposición de nuevas condiciones contractuales. Sin embargo, no se trata de endurecer los contratos. De hecho, YPF ni siquiera ha cumplido con los favorables contratos -para ellos, claro- que impuso el menemismo y sostuvieron los sucesivos gobiernos. Lo mismo ocurre con el resto de las empresas petroleras -Petrobras, Tecpetrol, Apache Energía y Pluspetrol-, sobre las cuales el gobierno no ha dicho una sola palabra.
El sostenimiento de las privatizaciones de la explotación petrolífera -con capitales extranjeros, locales o incluso con participación estatal mediante empresas “mixtas”- no revierte el saqueo de todos estos años. Es necesario recuperar la soberanía sobre nuestros propios recursos, reestatizando YPF bajo el control de sus trabajadores, y sin ningún tipo de resarcimiento hacia los responsables del saqueo.
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