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Escribe:
Juan Rivera
Corrupción se escribe con K
Aunque el caso Ciccone salpica de manera cada vez más directa a Boudou, el kirchnerismo se empeña en salvarlo y correrlo del ojo de la tormenta. Para terminar con la corrupción, es necesario avanzar contra el modelo que la genera.
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Sergio Schoklender |
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Vicepresidente Boudou sobre el cual pesan importantes acusaciones |
Pasado el vendaval que generó la expropiación parcial de YPF y que terminó por absorber de los medios al resto de los sucesos políticos, los hechos de corrupción que golpean contra el vicepresidente Amado Boudou han vuelto a la primera plana -no de los medios kirchneristas, claro-, incluso con la aparición de nuevas pruebas en su contra.
El gobierno aplica la receta del viejo dicho popular: “¡atajen al ladrón!”, como el ladrón que grita mientras huye. Es decir, por medio de Oyarbide, el kirchnerismo utiliza la justicia para poner el foco sobre Macri en el caso de las escuchas telefónicas, creyendo que con eso anula los hechos de corrupción que salpican, cada vez de manera más frecuente, al vicepresidente. O al menos intenta ocultarlos.
La operación se completa con la fórmula predilecta del kirchnerismo. Sobre el caso Boudou-Ciccone, repiten hasta el hartazgo la misma cantinela: se trata de una operación pergeñada por Magnetto y el “duhaldismo residual”, dicen. Mientras tanto, no logran explicar porqué los nombres de Boudou y el “duhaldista residual” de Vandenbroele se entrecruzan cada vez más.
No se trata de hechos aislados
Hasta ahora, el kirchnerismo ha decidido no soltarle la mano a Boudou. Hacerlo significaría asumir un costo político enorme, por tratarse de una de sus figuras más representativas. En otros casos, en cambio, la respuesta ha sido distinta. Así ocurrió con Schoklender, a quien el kirchnerismo resolvió soltarle la mano y tomar la mayor distancia posible, a tal punto que intentaron mostrarlo como un “traidor” y posicionarse como sus acusadores. De esta forma, pretenden equiparar los hechos de corrupción con sucesos aislados e individuales, pese a que es imposible que un caso de estas características pudiese haber funcionado sin la complicidad de sectores ligados al gobierno, encargados de entregar fondos a la fundación “Sueños Compartidos” y, por lo tanto, de controlar que estos se destinen para lo acordado. Sin los subsidios millonarios y sin el aval para que actuase de esa forma, el caso Schoklender no existiría.
Algo parecido ocurrió con la masacre de Once, en donde el gobierno intentó, de vuelta, convertirse en querellante, pese a que eran sus funcionarios -con Ricardo Jaime a la cabeza- quienes debían estar en el banquillo de los acusados junto a los Cirigliano. Este caso es todavía más grosero que el anterior, en tanto intentaron, mediante la intervención a la empresa, salvarle el pellejo a los empresarios vaciadores y poner la lupa sobre el maquinista, tal como lo denunciaron los propios trabajadores del ex ferrocarril Sarmiento.
La corrupción está en el modelo
A diferencia del cuento kirchnerista de las “operaciones desestabilizadoras” y los “elementos aislados”, la corrupción es inherente y consustancial al “modelo”, tanto del kirchnerismo como de la oposición patronal en aquellos lugares en donde gobierna. Un modelo de grandes ganancias y negociados para los empresarios, donde los políticos patronales operan como sus agentes intermediarios o directamente como partícipes directos. Por lo tanto, la utilización de sus puestos para el beneficio personal o de empresarios amigos no es más que una consecuencia más que probable.
Por eso, una pelea a fondo contra la corrupción debe ir no sólo contra el conjunto de los involucrados, incluyendo a aquellos a los que el kirchnerismo pretende salvar. Es necesario avanzar también contra la justicia que opera como una herramienta para dirimir las peleas entre distintos políticos patronales y salvar a otros -con Oyarbide como su ejemplo más claro-, empezando por el voto popular de los jueces. Pero, fundamentalmente, hay que terminar también con este modelo de ganancias fabulosas para los empresarios y funcionarios corruptos, que hoy funciona como una gigantesca usina de corrupción, exigiendo, que sus ejecutores, vayan a la cárcel y sean ellos quienes tengan que demostrar su inocencia.
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