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El salario no es ganancia
A un trabajador se le escuchó decir en estos días: “se acabaron las buenas noticias”. Comparaba cuando la presidenta anunció, hace varios años, la Asignación por Hijo -considerada por los defensores del kirchnerismo como la medida “más revolucionaria” de este gobierno-, en contraste con la realidad actual, donde lo que invade a millones de trabajadores es una enorme preocupación e incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la economía y el dólar? ¿Quiénes van a ser los perjudicados? ¿A qué se deben las medidas desesperadas y autoritarias del gobierno? ¿Y la inflación? ¿Y los salarios que no alcanzan?, entre muchos etcéteras.
Todos palpan que hay menos actividad, menos consumo y que hay que hacer malabarismos para llegar a fin de mes. Se gasta mucho más para comprar lo mismo que antes. Hay que trabajar más para cobrar menos. Y gran parte de los aumentos que logramos se los lleva el gobierno con el impuesto a las ganancias, mientras sigue favoreciendo a las grandes empresas. Quienes tenían un empleo fijo sufren suspensiones que, en muchos casos, son el paso previo al despido. El que perdió una changa ya ni tiene qué llevar de comer a sus hijos. Y el que tenía algunos gustitos (comprar un libro o tomarse un cafecito -que en muchos bares supera los $ 10-) o alguna aspiración mayor (un viajecito al exterior o refaccionar su casa), lamentablemente quedará archivada para un futuro que no se sabe si alguna vez llegará. “Me sobra mucho mes al final del sueldo”, ironizó otro asalariado. Los ejemplos abundan en el mismo sentido.
¿Qué pasó entre las supuestas “bondades del modelo” y que ahora peligre el pago de los aguinaldos, muchas provincias planifiquen pagar salarios desdoblados o en bonos? ¿Y del “crecimiento a tasas chinas” al déficit fiscal y a provincias en rojo? Ocurre que la crisis capitalista mundial llegó para quedarse, cuando este gobierno decía que no nos iba a afectar. Esto hace que se achique la torta de un “modelo” que vino beneficiando a grandes multinacionales, bancos y empresarios, y ahora, cuando las papas queman, muestra su verdadero rostro, descargando sus males sobre los trabajadores y demás sectores populares.
El gobierno decidió aplicar un ajuste en las tarifas a principio de año que tuvo que postergar para no echar más leña al fuego ante la masacre de Once. Pero ya se rumorea que el transporte en Capital y provincia podría subir un 100% en julio para quienes no sacaron la famosa tarjeta SUBE. Después seguirá con el resto. Lo mismo puede pasar con las tarifas. El gobierno sí o sí tiene que ir descargando los 80.000 millones de pesos en subsidios al pueblo, mientras las empresas siguen siendo las grandes beneficiadas de esos fondos estatales. Le aumentaron el monotributo a un millón de contribuyentes que ganan entre 2 y 3.000 pesos mensuales. Y la lista sigue.
A todo esto, las paritarias siguen postergadas. Arreglaron algunos gremios (Comercio, UOM, Bancarios), pero por mucho menos de la inflación real, en cuotas y pagos no remunerativos en algunos casos. Cuando tenían que seguir el resto de las negociaciones, el gobierno las pateó para más adelante, con la complicidad de la burocracia sindical. El subte logró sumas fijas pero su paritaria, que venía atrasada, pasó para agosto. Y se sigue sin actualizar el mínimo no imponible, lo que motiva que parte de las subas que se logran pasan directamente a las arcas de la AFIP. Al no modificarse el mínimo no imponible manteniendo la misma escala desde 2001, cada vez más trabajadores, cuando les aumentan el sueldo, deben “compartir” ese logro con el Estado. Lo que hace años era un impuesto que solo tocaba a gerentes, ahora abarca a cientos de miles de trabajadores con menores ingresos. Los docentes de La Pampa presentaron 5.000 firmas ante la AFIP porque el recorte les llega al 80% de la planta de personal.
“El salario no es ganancia”, dicen con razón. Muchos docentes dejan el segundo cargo para que no les toque el recorte. En otros gremios piden sumas en negro, o no hacen horas extras, para evitar lo mismo. Además, al no actualizarse los topes salariales, los padres de más de un millón de chicos dejaron de percibir las asignaciones familiares, quedándose la Anses por ello con 1,9 millón de pesos.
A esto hay que agregar las suspensiones que se vienen produciendo en automotrices como Toyota, Honda, Peugeot o en la ex Perkins de Córdoba, ya sea por falta de insumos importados restringidos por el gobierno o por la caída de la producción. O los miles de despidos en la construcción (UOCRA).
Llamamos a que la crisis la paguen los de arriba, no los trabajadores. En vez de cobrar impuestos al salario, hay que imponerles impuestos progresivos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales. Prohibir los despidos y suspensiones por ley, como lo plantea el proyecto de nuestra diputada Liliana Olivero de Córdoba. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Suspender los pagos de la deuda externa. Reestatizar las privatizadas y frenar el saqueo de la megaminería, entre otros planteos. Y, por supuesto, pelear por aumento de salario.
Ante esto, ¿qué hace la burocracia sindical? Tanto los “Gordos” como Moyano, Barrionuevo y el resto, están preocupados por el sillón de la CGT, no por los trabajadores. Yasky no mueve un pelo. Sólo la CTA Micheli llama a un paro este jueves 8, una medida parcial que llamamos a apoyar, exigiendo un plan de lucha, esencialmente para ATE.
Aquellos solo hablan y hablan, pero no llaman a ninguna medida de lucha. Moyano critica al gobierno, dice que el salario no alcanza, que es una vergüenza que paguen ganancias, y que su sector representa a un sindicalismo distinto al que entregó conquistas en los 90, pero millones esperan una medida nacional que nunca llega.
Como se lo reclamó el “Pollo” Sobrero el 1° de Mayo y sin ninguna confianza en estos dirigentes, llamamos a Moyano y a la CGT a que convoquen a un paro y plan de lucha nacional. Por aumento de salario de emergencia para todos los trabajadores para llegar al valor de la canasta familiar (6.000 pesos), contra el mínimo no imponible y contra los despidos y suspensiones, entre otros urgentes reclamos. Mientras hacemos asambleas y reclamamos plenarios de delegados para debatir cuánto pedir y qué medidas adoptar.
85% contra la megaminería
El 75% de los vecinos del municipio Loncopué, a 300 kilómetros de la capital provincial de Neuquén, votaron ayer en un referéndum vinculante a favor de un proyecto que prohíbe la minería en la zona. El 84,5% votó contra la megaminería a cielo abierto. Luego de este rotundo triunfo, hicieron una fiesta popular en la plaza principal de esta localidad de 7.500 habitantes, en la cual denunciaron la actitud de la policía local y la Gendarmería que se negaron a recibir las urnas para resguardarlas. Denunciaron también al gobernador Sapag por intentar impedir el referendum y a su ministro de gobierno que con “piquetes” quiso ahuyentar a los votantes. Viviana Vaca, dirigente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), manifestó: “hay que hacerles un seguimiento de su patrimonio, por ahí, con el tiempo, tal vez encontremos la razones de tanta oposición”.
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