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Liliana Olivero
Legisladora Izquierda Socialista - Frente de Izquierda
Córdoba
De la Sota no desmantela las redes de trata
El caso Marita Verón puso sobre el tapete la discusión sobre la trata de personas. Un tema de alta sensibilidad social, ya que los secuestros de niños y mujeres constituyen una especial preocupación de la población en el marco de la inseguridad general que hoy se vive. Es así que el gobernador De la Sota, sin plata para obras, jaqueado por reclamos salariales de todo tipo y con renovadas aspiraciones presidenciales, buscó aquí una veta para congraciarse con la ciudadanía y sectores de la Iglesia.
La semana pasada se aprobó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley presentado por el oficialismo que, con el nombre de “Anti-Trata”, prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne”. La misma Ley modifica el Código de Faltas, introduciendo un artículo que sanciona con hasta 60 días de arresto a quienes violen esta disposición. Otro artículo (previniendo que se utilice cualquier otra denominación para burlar la medida) aclara que rige para lugares de alterne de cualquier tipo donde se ejerza la prostitución.
El bloque del FIT fue el único que lo rechaz
Esta Ley no va en serio contra la trata, porque apenas toma el último eslabón de una cadena. Sólo ataca a las trabajadoras sexuales o prostitutas, criminalizándolas (ya está el artículo 45 del Código de Faltas para perseguirlas). Mientras tanto, en esta nueva Ley nada afecta al negocio de trata ni a los proxenetas, contra los cuales hay legislación hace un siglo y ninguno va preso.
El concepto de “trata” es más amplio que la mera explotación sexual. Se refiere a la práctica aberrante de la captación o rapto de personas (niños y adultos de ambos sexos), al circuito de tránsito y tráfico para explotación laboral, sexual o el comercio de órganos.
La “trata” refiere a un criminal negocio ilegal, que mueve millones de dólares a nivel mundial, que se ubica en el segundo o tercer puesto en función de las ganancias, compitiendo de cerca con el narcotráfico y el tráfico de armas.
En nuestro país viene creciendo, en particular con el secuestro (a veces violento, muchas veces mediante engaños) y posterior explotación sexual de niñas y jóvenes. En este sentido, el proyecto aprobado por la Legislatura cordobesa no pasa de una lavada de cara, sin ofrecer ninguna medida efectiva y concreta contra la trata. Ya existen normativas que prohíben los prostíbulos, pero no se cumplen. Se parece al decreto presidencial que prohibió el “rubro 59” (oferta de sexo) en los medios gráficos. Desde entonces no se desarmó ninguna red ni se encarceló a ningún proxeneta, aunque los funcionarios nacionales y provinciales y las policías saben quiénes son y dónde actúan. Hace falta ir a fondo contra los proxenetas y darles contención a las mujeres que son víctimas de trata para la explotación sexual. Esto no ocurre porque el Estado nacional y los locales son los principales garantes de las redes.
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