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Andalgalá¡Basta de perseguir a los que luchan!En plena sintonía con el gobierno nacional, en Catamarca, los gobiernos y las empresas arremeten contra los vecinos que vienen organizándose y movilizando contra la mega minería, profundizando la judicialización de los activistas. En el mes de mayo la gobernadora, a través de la Fiscalía de Estado, se constituyó en querellante en causas abiertas a vecinos de Tinogasta por el bloqueo selectivo a insumos de minera Alumbrera. En Andalgalá la justicia reflota causas bochornosas e inventadas en los sucesos de febrero de 2010 cuando, mediante la movilización, el pueblo de Andalgalá impidió el paso de maquinaria pesada de minera Agua Rica y con una pueblada logró la suspensión del pretendido emprendimiento. En estas causas está imputado nuestro compañero de Izquierda Socialista e integrante de la asamblea El Algarrobo Arturo Pisani, quien junto a otros vecinos viene siendo víctima de constantes aprietes y discriminación en su trabajo, amenazas e intimidaciones a su persona y a su familia por parte de funcionarios, empresarios y proveedores mineros. Llegando al colmo de tener que soportar el intento de agresión física por parte del intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, el pasado 26 de mayo, cuando los vecinos y el intendente subieron hasta el portón del yacimiento. Con esta acción se pretendía que el intendente hiciera uso del poder de policía ambiental y se constituyera en el yacimiento a fin de suspender todo tipo de trabajo en las nacientes de los ríos que son declaradas como santuarios de la naturaleza y zona de exclusión minera por la carta orgánica municipal. Cabe destacar que el intendente, lejos de responder al clamor de todo el pueblo de Andalgalá, en ese momento no quiso pasar el portón que instaló ilegalmente la empresa cortando una ruta provincial e intentó agredir al compañero Pisani. A ocho meses de asumida su gestión bajo el compromiso de luchar contra la mega minería en la campaña preelectoral (con la legalidad del MST en Proyecto Sur), no se ha llevado a cabo ninguna política ejecutiva para frenar a las empresas. Por el contrario, en estos meses Agua Rica desarrolla y profundiza sus trabajos en nuestro territorio, los cuales en los gobiernos anteriores (claramente pro mineros) no pudieron llevar a cabo por la movilización popular. Es decir, la empresa Agua Rica avanzó más en estos meses de gestión de Páez que en los últimos ocho años. No se puede permitir que se siga tratando como delincuentes a los vecinos que denuncian las políticas de entrega y saqueo de los gobiernos. Hay que repudiar la judicialización, seguir peleando por el agua, el territorio y contra la megaminería. |
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