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NeuquénEl gobierno criminaliza la protesta y también el trabajoEl ex secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo, y el actual de Capital, Daniel Huth, quedaron absueltos en la causa que se abrió por un corte de ruta en 2010. El resultado favorable es un nuevo paso adelante en la lucha contra la criminalización de la protesta. El juez federal Gustavo Villanueva dispuso la absolución de ambos, sin costas “por no mediar acusación fiscal”. Justamente el fiscal Adrián García Eloy decidió no acusarlos, ya que consideró que no se les podía hacer “un juicio de reproche” y que habían llegado a esa instancia tras “agotar el reclamo institucional”. La noticia se conoció en las puertas del juzgado donde se apostó una manifestación de docentes y estatales que pararon 24 horas exigiendo la absolución de los dos dirigentes. La causa se abrió por denuncias de la policía neuquina en relación a una protesta de ATEN realizada el 18 de mayo de 2010, cuando más de mil trabajadores cortaron el puente carretero que une a Neuquén con Cipolletti. El fiscal enmarcó la causa dentro de un “conflicto social”. Se apoyó en artículos de la Constitución y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre para definir que la protesta de ATEN fue parte de “un derecho implícito y constitucional”. “Cuando viene marcado dentro de un reclamo considerado institucional, como es el derecho a un salario digno, tiene la misma validez y está en igualdad de condiciones que el derecho a la circulación”. Maestras condenadas a pagar $800.000 En 2006, en el camping “El Rocío” de la ciudad de Centenario, falleció un alumno mientras se desarrollaban actividades recreativas, llevadas a cabo por maestras de la humilde escuela 115 ubicada en el barrio San Lorenzo, uno de los más postergados. El desgraciado y doloroso hecho ocurrió cuando el niño perdió la vida por un paro cardiogénico. A partir de ese momento, las compañeras, en un estado de shock absoluto, tuvieron que afrontar esta dificilísima situación en absoluta soledad, ya que no contaron con el asesoramiento inmediato de los dirigentes del sindicato ni de los abogados. Las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), por intermedio del director del establecimiento, les hicieron una prevención sumarial en la cual dictaminaron que no hubo negligencia ni un accionar irresponsable en lo sucedido, por lo cual no hubo argumentos para un sumario ni para separarlas de sus cargos. Tampoco hubo mérito para un juicio penal que fue desestimado. Conclusión, no tuvieron ninguna culpabilidad en el fatal desenlace. En cambio, las compañeras fueron demandadas en un juicio civil por la familia del alumno y la sentencia, confirmada por segunda vez, las condenó en igualdad de condiciones con el CPE, imponiéndoles una suma de más de 800 mil pesos. Esta sentencia ha puesto al descubierto un problema estructural que sufre la docencia en todo el país, ya que tenemos a los alumnos bajo nuestra guarda legal y somos las responsables de cualquier eventualidad que les ocurriese, debiendo pagar de nuestros magros salarios si los padres nos demandan como en este caso. Apenas unos años atrás falleció la maestra Silvia Roghetti en un accidente dentro de una escuela en construcción, porque nuestras escuelas están en condiciones deplorables, y ahí no se determinó la responsabilidad de nadie. Estas condiciones llevarán a que cada día se multipliquen más y más las sentencias contra los trabajadores de la educación y a que, como siempre, paguemos los de abajo. Es por eso que esta sentencia no puede pasar, ya que nos castigan y criminalizan hasta en el ejercicio del trabajo. Es fundamental tomar con fuerza esta campaña porque hay criminalización del trabajo y tenemos que luchar hasta derrotar esta sentencia o lograr que el Estado se haga cargo porque es responsable de garantizar las condiciones y la seguridad laboral. Desde la Fucsia y como minoría de ATEN capital impulsamos esta campaña y reclamamos al conjunto de las seccionales opositoras y a ATEN como sindicato que la tomen, ya que, como dicen las maestras de la 115, “¡si tocan a una nos tocan a todas!” A la CTERA también le exigimos que impulse la campaña para nacionalizar el reclamo. Así lo ven y lo exigen las compañeras afectadas por la sentencia y continuaremos acompañándolas como lo venimos haciendo desde 2006, año del trágico suceso. |
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