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Escribe:
José Castillo
Accidentes de Trabajo
Un regalo de Cristina a los empresarios
El gobierno acaba de anunciar, ante el aplauso alborozado de toda la patronal nacional y extranjera, el fin de la “doble vía” para los accidentes de trabajo. Más dinero y menos necesidad de invertir en seguridad para los empresarios. Más accidentes y miseria para el futuro de los trabajadores
En 1995 el menemismo creó el sistema de las ART, un negocio a medida de las aseguradoras y las empresas. Los accidentes de trabajo aumentaron astronómicamente, producto de la desidia patronal y la falta de inversión en medidas de seguridad e higiene, amparados por la nueva legislación y ante la vista gorda de los inspectores de trabajo y la complicidad de la burocracia sindical (que en algunos casos llegó a límites siniestros, como en la UOCRA). Los trabajadores pasaron a cobrar miserias por accidentes que los dejaban total o parcialmente incapacitados. Otras enfermedades laborales (lumbagia, várices, hernias) ni siquiera eran contempladas. En 2004, ante el escándalo y el aumento de las movilizaciones de los trabajadores tras el Argentinazo, la Corte Suprema tuvo que reconocer la “doble vía”. Esto significaba que el obrero accidentado cobraba las monedas que le pagaba la ART, pero luego podía iniciar un juicio para, a los dos o tres años, al menos recibir un monto medianamente decente. Esto ni de lejos resolvía el problema, pero al menos ponía un límite a las patronales, ya que el trabajador, aunque tardíamente, cobraba por su accidente y las empresas, ante el riesgo de tener que pagar montos superiores, a veces “hacían las cuentas” y sacaban la conclusión que les convenía invertir unos pesos más en elementos de seguridad.
El conjunto de la patronal venía protestando a coro contra esta “doble vía”. Y ahora Cristina satisface su reclamo: haciéndose eco del discurso empresarial de “la industria del juicio”, envía al Congreso, mientras lo anuncia en uno de sus habituales discursos, una modificación a la ley de ART que elimina la chance de la “doble vía” para el trabajador. De ahora en más, el obrero accidentado deberá elegir. O agarra los miserables pesos que le paga la ART y pierde toda posibilidad de juicio posterior. O decide “ir a juicio”, y entonces no recibe un peso, teniendo que esperar dos o tres años a que salga el fallo. Incluso, para garantizar que este camino sea aún más difícil para el accidentado, se cambia el fuero de esos juicios (del laboral al civil), lo que los transformará en más largos.
Cristina sabe perfectamente lo que todo esto significa. La víctima de un accidente laboral necesita urgentemente el dinero, no puede “esperar”. La inmensa mayoría de los trabajadores se verán obligados a “agarrar” lo que les dé la ART aunque eso signifique renunciar a todo derecho a demanda posterior.
El ministro Tomada se justifica diciendo que se han incrementado un poco los montos por accidente, pero en todos los casos quedan infinitamente por debajo de lo que le correspondería al trabajador si fuera a juicio. Los empresarios están de fiesta: se “ahorrarán” todas las demandas posteriores. Y no sólo la plata que posiblemente perderían en ellas. Ya no habrá ningún riesgo a futuro, por lo que reducirán al mínimo imprescindible las medidas de seguridad e higiene. Veremos así cómo aumentarán una vez más los accidentes de trabajo, que luego los voceros empresarios atribuirán cínicamente a “la fatalidad”.
El sistema de las ART fue uno más de los negocios de la privatización menemista. Son miles de millones de pesos que van a parar a las arcas de las aseguradoras. Desde ahí se ha armado una complicidad siniestra entre las empresas, las ARTs, el Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical. El kirchnerismo no ha hecho nada para terminar con este sistema. Más aún, lo refuerza con estas medidas. Nos pronunciamos rotundamente contra estas reformas antiobreras y denunciamos que significan más ganancias para las patronales y más accidentes para los trabajadores. Y reivindicamos el derecho inalienable de todo trabajador de ir a juicio y reclamar lo que le corresponde. La única modificación posible a la ley de las ART es su derogación y su remplazo por un fondo estatal, con control de los trabajadores, desde donde éstos perciban fácilmente el monto que les corresponda por el conjunto de las enfermedades que ocasiona cualquier proceso de trabajo, íntegramente financiado por los empleadores, quienes deben ser a la vez responsables civil, penal y laboralmente de la seguridad e higiene de todos sus trabajadores.
Gerardo Martínez: Vergonzoso: fiscal pide sobreseimiento
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El fiscal federal Jorge Di Lello pidió archivar la causa penal contra el titular de la UOCRA y ex agente civil del Batallón de Inteligencia 601, por supuesta participación en el secuestro y desaparición de casi un centenar de trabajadores de la construcción durante la última dictadura.
Martínez fue denunciado por varios organismos de Derechos Humanos y el Sitraic. Lo importante a resaltar es que el fiscal se apoya en dichos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (es decir, el gobierno kirchnerista) que sostuvo que “no se podría determinar que Martínez haya participado en alguno de los secuestros porque no coincidirían las fechas de las desapariciones con el ingreso de aquel al batallón de Inteligencia”.
Esto se da en momentos en que el gobierno se juega a ungir al nuevo secretario general de la CGT Balcarse (oficialista), de la cual Martínez es uno de sus integrantes, además de mostrarse junto a Cristina en todo momento y lugar. Así es el “progresismo” K.
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