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Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
José Castillo
7D: la pelea Gobierno-Clarín
¿Los trabajadores tendrán “más voces”?
“Hablan del 7D, pero nos gustaría escucharlos sobre el 22F”. Ese grito desesperado de los familiares de la masacre de Once sintetiza el silencio que teje la red de medios del kirchnerismo sobre las luchas y las tragedias de la clase trabajadora
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Mapa de medios oficialistas y afines al Gobierno |
El gobierno y la presidenta están lanzados a una ferocísima campaña contra el Grupo Clarín. En ese marco ha colocado al 7 de diciembre (el “7D”) como “la madre de todas las batallas”. Es que ese día vence la medida cautelar obtenida en su momento por Clarín para suspender la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios votada en 2009. Clarín había objetado por “anticonstitucional” el hecho que se lo obligara a “desinvertir”, léase, a desprenderse de una parte sustancial de sus redes de televisión por cable, radios e incluso canales de televisión. Seguramente veremos en los próximos días un sinfín de idas y vueltas leguleyas entre el gobierno y el multimedio. Lo más probable es que éstas terminen escapando al entendimiento de nuestros lectores (pero no a tener que escucharlas hasta el hartazgo en los entretiempos de Fútbol para Todos). No tenemos tampoco la bola de cristal para adivinar cómo terminará este culebrón. Pero lo que no cabe duda, es que Cristina Kirchner busca reducir al Grupo Clarín a su mínima expresión. Entonces, la pregunta es clara: ¿eso beneficia o perjudica a la clase trabajadora y a los sectores populares?
Tres años de aplicación de la Ley de Medios
El gobierno anunció en 2009 que había derogado la vieja ley de radiodifusión de la Dictadura Militar, reemplazándola por una nueva “ley de servicios de comunicación audiovisual” que, ahora sí, iba a garantizar realmente la “pluralidad de voces” (ese era el término que se utilizaba). En aquel momento señalamos que, detrás de toda la fraseología progresista, estaba la intención del gobierno de construir un monopolio oficialista al servicio de acallar las voces opositoras en general y las luchas populares en particular. Y que, más de fondo, había un inmenso negocio donde se buscaba desplazar al Grupo Clarín a favor de una nueva alianza entre los empresarios “K” y las telefónicas.
Sabemos que muchos honestos compañeros apoyaron la Ley de Medios teniendo expectativas en lo que aparecía como sus “aspectos progresistas”: un fortalecimiento de la red de medios públicos y, particularmente, la promesa de que se entregaría el 33% de las frecuencias a “entidades sin fines de lucro”. Pasaron tres años: ¿en qué se transformó la red de medios públicos? ¿Acaso en Canal 7, Radio Nacional o la agencia oficial Télam se pudo escuchar todas las opiniones o se reflejaron las luchas populares? Por el contrario, los canales oficialistas presentan una abrumadora propaganda oficialista, nunca vista en la historia, de los cuáles 6,7,8 o los mensajes en Fútbol para Todos son sólo sus expresiones más burdas. La represión de los trabajadores en Kraft, el asesinato de los Qom o del Ingenio Ledesma, la represión a los docentes de Santa Cruz, la detención del “Pollo” Sobrero e incluso la propia masacre de Once no fueron cubiertas o se lo hizo distorsionadamente. El último ejemplo: hace apenas unos días, la agencia estatal Télam “borró” los nombres de Jaime e Schiavi de la lista de procesados en la causa de Once.
Lo mismo sucedió con el famoso 33% para entidades sin fines de lucro. Innumerables radios comunitarias y canales de TV de organizaciones populares están denunciando la manipulación y censura, impidiéndoles efectivamente el acceso a lo que establece la propia ley y “repartiendo” el espacio entre organizaciones kirchneristas.
Mientras tanto, en el famoso tema de la desinversión, donde teóricamente se iba a obligar a los monopolios a no tener más que un número limitado de medios, esto sólo parece valer para el Grupo Clarín. Los grupos prokirchneristas como Spolski, Vila-Manzano o Cristóbal López compran, acumulan licencias, suman radios, televisión, operadoras de cable, Triple Play y nadie les dice nada, con la única condición de que toda su programación se mantenga estrictamente “oficialista”.
¿Y después del 7D?
Ahora el gobierno va por Clarín. Los trabajadores y la izquierda sabemos perfectamente que es el Grupo de la señora de Noble -que incluye al diario Clarín, Canal 13, TN, Radio Mitre, Cablevisión y Fibertel, nombrando sólo lo más importante. No necesitamos ninguna denuncia de sus ex aliados kirchneristas para enterarnos. Sabemos que es un fuerte grupo patronal que aplica una política antisindical contra los trabajadores de la empresa. Conocemos el silenciamiento o distorsión que cientos de veces ha hecho de las luchas populares. Pero no nos confundimos: Cristina Kirchner no va contra Clarín por eso. Cuando el multimedio le servía, eran grandes aliados. Ahora busca silenciarlo porque es el principal medio opositor. Y las licencias que les saque al grupo Clarín no irán para que se escuchen más voces de los trabajadores y la izquierda, sino para ampliar la audiencia de esa gran cadena de multimedios pública y privada al servicio de repetir a coro lo que quiere el gobierno. Por eso nos pronunciamos en contra del cierre de cualquier voz opositora y a favor de la más irrestricta libertad de prensa. No le damos al gobierno justicialista K -como tampoco se lo daríamos a ningún otro gobierno patronal- la tutela de esa libertad, porque la historia de las luchas obreras nos ha enseñado que, más temprano que tarde, terminan siendo utilizadas para silenciar a la clase trabajadora y a la izquierda.
Nuestra propuesta
Los socialistas revolucionarios defendemos la libertad de expresión como una demanda democrática legítima contra todo gobierno patronal que, con cualquier excusa, quiera violarla. Pero sabemos que, como sucede con tantas otras libertades en la sociedad capitalista, los empresarios la han transformado en una mera formalidad. “Teóricamente”, cualquiera puede publicar sus ideas libremente. Pero, en la realidad, sólo los grandes grupos empresarios (a veces aliados al oficialismo de turno o a veces opositores) o el propio gobierno son quienes terminan decidiendo qué, cómo y cuándo algo se publica o trasciende en los medios, de acuerdo a sus propios intereses. Todo luchador popular sabe los esfuerzos sobrehumanos que debe hacer para que su reclamo logre un segundo de televisión o un centímetro en un diario de tirada masiva.
Los socialistas estamos por una real y efectiva libertad de expresión para todos, por la verdadera “pluralidad de voces”. Y afirmamos que ello sólo será posible cuando se le otorgue a todas y cada una de las organizaciones populares, obreras y de la izquierda el acceso real a los medios materiales para que puedan dar a conocer sus posiciones.
Por eso sostenemos que ni la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni la vieja ley de Radiodifusión y sus modificatorias sirven a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Una nueva “ley de medios” favorable a los trabajadores empezaría por repartir democráticamente todos los espacios en los medios gráficos y audiovisuales (de aire, cable o cualquier otra tecnología que aparezca en el futuro) teniendo el Estado que garantizar el acceso a papel, recursos técnicos, frecuencias y bandas horarias.
Sabemos también que en esta etapa de la convergencia tecnológica no basta tener una frecuencia o los equipos adecuados para grabar o transmitir: nada de eso le sirve a un medio de una organización popular si las redes de televisión por cable luego lo eliminan de la programación. Hoy el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila-Manzano-De Narváez (Supercanal). Hay que terminar con el dominio de todos estos pulpos sobre el servicio del cable (y no sólo con el del Grupo Clarín, como insiste el gobierno). Por eso es necesaria la estatización de todas esas redes, que incluye una de las más importantes y de las que no se habla: las de las empresas telefónicas. Al mismo tiempo, el Estado tendría que garantizar no sólo la pluralidad de contenidos, sino también el real acceso a televisión, teléfono e Internet a todos los hogares populares de la Argentina, poniendo en funcionamiento un servicio estatal de Triple Play a precios populares.
J.C.
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