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Escribe:
Malena Zetnik
¡Aborto legal, en el hospital!
El caso de una joven secuestrada por una red de trata, violada múltiples veces y a la que se le intentó impedir la interrupción voluntaria del embarazo, vuelve a poner con fuerza el debate sobre la necesidad de que se legalice el aborto en Argentina.
Aunque desde la década de 1920 el Código Penal permite los abortos no punibles para las mujeres violadas o a las que tienen su vida en peligro, sobran ejemplos en los que éste derecho se les ha impedido a las mujeres. En los últimos años, la salida a la luz de una aberrante cantidad de casos de violaciones de niñas y adolescentes en el ámbito familiar, de chicas con sufrimiento mental o mujeres con enfermedades graves embarazadas a las que se les impidió realizarse un aborto, mostraron sin anestesia las brutales situaciones que viven las mujeres, más aun cuando son jóvenes, pobres y/o migrantes.
A estos casos de doble victimización de las mujeres –primero, cuando se encuentran con un embarazo no deseado y luego, cuando se les impide realizar un aborto no punible judicializando las solicitudes-, hay que sumarle las más de 500 muertes de mujeres que al intentar interrumpir un embarazo, mueren por las condiciones de clandestinidad, mientras otras tantas sufren graves secuelas y/o son judicializadas.
En el mundo del revés, deciden el cura y el juez
Efectivamente, son la Iglesia Católica junto con los médicos objetores de conciencia, la “justicia” y los propios gobiernos de turno, los responsables de impedir que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su vida. Pero la movilización de las organizaciones de mujeres y de izquierda, vienen planteando que esta situación no da para más.
Si bien en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia sancionó un protocolo para que no se obstaculicen los abortos no punibles, los problemas siguen igual. En la mayoría de las provincias, los protocolos sancionados son más restrictivos que la propuesta de la Corte o directamente la contradicen como en Salta. El caso de la mencionada joven de Ciudad de Buenos Aires mostró una vez más que no valen las medias tintas en este tema. Si no fuera por la movilización de las mujeres durante tres días reclamando justicia para esta mujer, el caso aun estaría resolviéndose en los juzgados con la complicidad de jueces, médicos objetores de conciencia y el propio Macri, que no solo dio herramientas a la iglesia para que persiga a la joven, sino que hasta vetó la ley porteña de protocolización de abortos no punibles, dejando vigente una restrictiva indicación del Ministerio de Salud de la Ciudad.
Por eso, junto con otras organizaciones de mujeres y de izquierda, venimos impulsando una gran movilización el 1º de noviembre para decir basta de medias tintas. Necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito ya, en el hospital, para que se dejen de perder más vidas.
Uruguay: una ley a medio camino
Hace pocos días, Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en despenalizar el aborto. Sin embargo, las mujeres uruguayas denuncian que se trata de una ley en la que el poder de la Iglesia sigue decidiendo sobre las mujeres, en complicidad con el “progresista” gobierno del Frente Amplio. En primer lugar, no se legaliza el aborto, sino que suspende las penas si se cumplen los trámites que figuran en la ley. Es decir, que las mujeres siguen estando en la mira de jueces y médicos, mientras que ni siquiera se obliga al estado ni a las obras sociales ni prepagas a garantizar el acceso gratuito a esta práctica. Tampoco considera la especial situación de las mujeres violadas cuyas intervenciones deberían ser más protegidas, con mayor celeridad y sin restricciones burocráticas. En cambio, se obliga a las mujeres a comparecer ante un tribunal multidisciplinario que le explicará los “riesgos” de la práctica médica, es decir, de convencerla para que no aborte. Eso sí, los retrasos burocráticos en los trámites o el no cumplimiento de las instituciones de salud no estarán penados.
M.Z.
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