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Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
Matilde Bigo
¿Qué viene después del 7D?
La “épica” del 7D terminó en una derrota total para el gobierno. Antes, el kirchnerismo demostró que la famosa desinversión no es otra cosa que dividirse los medios entre testaferros. Cristina no abandona su intento de construir “su” propio monopolio y silenciar a las voces opositoras.
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Llegó (y pasó) el día que el gobierno de Cristina Fernández agitó durante meses como el de su gran triunfo sobre el grupo Clarín. Semana tras semana, en sus discursos, en la pauta publicitaria oficial, en menciones repetidas hasta el hartazgo en Fútbol para Todos, el kirchnerismo “anunciaba” que “ese día” todos los grupos de medios deberían “desinvertir” (léase desprenderse de las licencias de radio, televisión y cable) que excedían lo máximo permitido por la ley. Y que ahí comenzaría la verdadera “pluralidad de voces”. El gobierno no escondía que su objetivo central era derrotar al grupo Clarín, ya que insistía en que todos los demás multimedios estaban “de acuerdo a la ley” o “presentando planes para adaptarse a ella antes del 7D”.
Las vergonzosas conferencias de prensa de Sabbatella
Martín Sabbatella, el diputado centroizquierdista de Nuevo Encuentro, fue nombrado hace un par de meses para encabezar el AFSCA (máximo organismo ejecutor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Cuando se acercaba la fecha y ya estaba lanzada la feroz pelea judicial entre el gobierno y Clarín, decidió “apretar el acelerador” mostrando que todos los grupos económicos (salvo Clarín) presentaban planes para achicarse y adaptarse a la ley.
Sus afirmaciones fueron escandalosas y develaron el verdadero alcance de una ley que se la vendió en su momento como la panacea de lo antimonopólico. Sabbatella defendió que la multinacional Telefónica de España pudiera seguir siendo la propietaria de Telefé y otros nueve canales del interior del país, con el increíble argumento de que no estaba probado que tuviera relaciones con Telefónica de Argentina (quienes explotan el negocio telefónico en nuestro país tienen prohibido tener medios de comunicación, según la propia reglamentación de la privatización). Cuando se le señaló que, además de eso, Telefónica de España tampoco podría ser dueña de esos canales porque la ley de medios prohíbe a extranjeros ser accionista mayoritario de una radio o TV, respondió aduciendo a una excepción sancionada en una ley… de Duhalde. Todo un escándalo. Cuando se le preguntó qué iba a pasar con DirectTV, otra empresa 100% de capital extranjero, en este caso norteamericana, afirmó que también estaba habilitada por el tratado de Reciprocidad de Inversiones Extranjeras que firmó en su momento Menem con Bush. Otro escándalo.
Días después, Sabbatella dio a conocer los términos en que cada uno de los grupos de medios -con la excepción de Clarín- procedían a desinvertir: el Grupo Vila-Manzano dividía los negocios de América TV, Supercanal y sus radios entre los parientes de las dos familias; lo mismo hacían Spolsky-Garfunkel, Cristóbal López, el Grupo Ick y el resto. Se le volvió a preguntar al (ya impresentable) Sabbatella -los periodistas empezaron a llamarlo “Sanatella”- si eso no violaba el espíritu de ésta o cualquier legislación antimonopólica. No se le cayó la cara de vergüenza al afirmar que la interpretación del AFSCA era que la ley “permitía” repartirse todo entre parientes. La desiversión monopólica se transformó entonces en el festival de los testaferros.
¿Y ahora?
Desde Izquierda Socialista fuimos claros desde el principio: nunca creímos que fuera a haber ninguna “ampliación de la pluralidad de voces”: el gobierno sólo buscaba (y sigue buscando) acallar a todas las voces opositoras y construir su propio monopolio mediático, sumando medios públicos y privados adictos. Para eso, y en el marco de su pelea con Clarín, el kirchnerismo estaba dispuesto a cualquier desprolijidad y a asociarse en los negocios con multinacionales (Telefónica, DirectTV), empresarios corruptos de la era menemista (Vila-Manzano, Pierri), lavadores de dinero (Moneta) o quien le fuera necesario (sus “empresarios amigos” Spolsky o Cristóbal López).
La guerra judicial en que se metió el gobierno terminó en un fallo en su contra (ver nota en esta página). Eso hizo fracasar el 7D, en el marco de la inmensa crisis política con que el kirchnerismo termina el 2012 (ver Panorama Politico). Pero la discusión -aún la jurídica- acerca de la aplicación de la Ley de Medios sigue abierta. Y la presidenta seguirá intentando acallar todas las voces opositoras.
Los socialistas revolucionarios denunciamos este o cualquier otro intento de atacar la libertad de expresión. Por eso nos pronunciamos en contra del cierre de cualquier medio opositor. No importa contra quién se ejerza en primera instancia (conocemos el carácter patronal y antiobrero del Grupo Clarín), sabemos que, más temprano que tarde, las voces que se silencian son las de los trabajadores y sus luchas. Por eso afirmamos que ni esta Ley de Medios ni la legislación anterior es la nuestra. Estamos por una nueva ley que contemple espacios gratuitos para que se expresen todas las fuerzas políticas -y en particular la izquierda, hoy casi silenciada-, así como las distintas organizaciones obreras, populares, estudiantiles, de derechos humanos y entidades vecinales y culturales sin fines de lucro, en todos los medios gráficos y audiovisuales (de aire, cable o cualquier nueva tecnología que aparezca en el futuro), teniendo el Estado que garantizar el real acceso al papel, recursos técnicos, frecuencias y bandas horarias. Hay que terminar con el monopolio del servicio de cable, estatizando todas las redes y permitiendo a todos los trabajadores y al pueblo el acceso a un Triple Play (cable, teléfono e Internet) a precios populares.
Además, hay que garantizar que el trabajador de prensa pueda ejercer su profesión con libertad y sin presiones, reincorporando a todos aquellos periodistas cesanteados por las distintas patronales (tanto de medios oficiales como privados) desde la dictadura hasta hoy, prohibiendo los despidos ante cualquier “adecuación” a una nueva ley de medios. Y que las gerencias o jefaturas de noticias sean elegidas por el voto democrático de los trabajadores de cada medio, estatal o privado, único modo de combatir la censura previa, mejorar la calidad periodística y el pluralismo informativo. Sólo así la libertad de expresión y la “pluralidad de voces” empezarán a convertirse en una realidad.
Ninguna confianza en el Poder Judicial
El gobierno ha iniciado un ataque contra todos aquellos jueces que, sospecha, no emitirán fallos a su favor en su disputa con el Grupo Clarín por la ley de medios. Que la Cámara Civil y Comercial involucrada en el tema haya extendido la cautelar que suspende la aplicación del artículo 161 de la ley, y que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado esa extensión, significó una durísima derrota política para el gobierno, ya que liquidaron la “épica del 7D”. Inmediatamente, la oposición patronal de conjunto, incluyendo a la centroizquierda de Pino Solanas, salieron a felicitar a la Cámara y a la Corte por el fallo, haciendo apología de la “independencia” del Poder Judicial y de la integridad de sus miembros. Cristina Kirchner, que hasta hace poco autoelogiaba al kirchnerismo por haber construido una Corte Suprema “progresista”, ahora salió a hablar de un poder judicial “golpista”, opuesto al “proyecto nacional y popular”.
El fallo de la Cámara y su confirmación por la Corte objetivamente le ha parado provisionalmente la mano al gobierno en su intento de construir su propio monopolio mediático. Pero no somos ingenuos: no se trata de la decisión transparente e independiente de nadie. Estos jueces -tanto los de primera instancia como los camaristas y la propia Corte- son parte de una justicia patronal, de una burocracia privilegiada íntimamente unida al poder político y económico que defiende las bases de la propiedad capitalista. La que falla permanentemente contra la clase trabajadora y demás sectores populares. ¡O deja en la impunidad a las redes de trata como a los asesinos de Marita Verón! No habría que extrañarse, entonces, si mañana aparece un fallo inverso.
La “guerra judicial” de estos días demostró que no existe la independencia del Poder Judicial: tanto Clarín como el gobierno sabían de antemano qué iba a hacer tal o cual juez. Los socialistas revolucionarios no podemos sembrar ninguna confianza en este sistema judicial, ni para la defensa de la libertad de expresión, ni para el ejercicio de ningún otro derecho.
Por eso estamos por la elección de los jueces por voto popular, que se termine con sus cargos vitalicios, puedan ser revocados y ganen lo mismo que cualquier trabajador jerárquico del Poder Judicial, terminando con todos sus privilegios y prebendas que los convierten en una pseudo-casta aristocrática.
M. B.
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