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Escribe:
Malena Zetnik
Nueva ley tras el indignante fallo en el caso Marita Verón
¡Desmantelamiento ya de las redes de trata!
En los últimos días de 2012 se aprobó la modificación a la ley de trata de personas en una sesión especial de la Cámara de Diputados. Las grandes movilizaciones en todo el país que rechazaron el fallo por el caso del secuestro de Marita Verón obligaron a los legisladores a rediscutir el tema. Solo la movilización podrá terminar con semejante flagelo que involucra a políticos patronales, jueces y comisarios cómplices.
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La lucha de Susana Trimarco por recuperar a su hija de una red de trata de mujeres, de las tantas que operan en el país, fue el puntapié inicial para que la compra-venta y tráfico de personas para la esclavitud sexual se hiciera visible en Argentina. Junto con la esclavitud laboral, conforma uno de los negocios ilegales más importantes del mundo que, luego de la venta de armas y de drogas, mueve inmensas masas de capitales en todos los continentes. Y desde ya, cuentan con la impunidad y participación de los poderes políticos, judiciales, legislativos y represivos en todos los territorios.
En 2008, la presión social llevó a la sanción de la ley nacional 26.364. Sin embargo, entre algunas de sus tantas fallas, el lobby de diputados y senadores permitió que se aprobara con uno de los mayores déficits: solo las personas menores de 18 años serían rescatadas en todos los casos. Aquellas mayores de edad debían demostrar por sí mismas que se encontraban siendo explotadas en contra de su propia voluntad, cuestión que se revela obviamente imposible para las mujeres secuestradas, encerradas, violadas y denostadas durante largos períodos de tiempo en prostíbulos.
Indignación por el fallo en el caso de Marita Verón
Desde su sanción, la ley ya había sido denunciada por las organizaciones de mujeres, demostrándose impotente frente a los distintos allanamientos de prostíbulos. Las mujeres temían denunciar a sus captores porque ellos casi no recibirían penas. Además, ellas no tenían defensores, ni modo de resolver su problemática social de extrema vulnerabilidad, e incluso, los propios participantes en los allanamientos muchas veces se encontraban comprometidos con las redes. Pero recién fue con la indignación popular por el fallo en el caso Marita Verón, que la presidenta Cristina Fernández y los diputados K se acordaron de estos problemas. Puesto que en noviembre de 2012, los proyectos de modificación de la ley habían perdido estado parlamentario porque la mayoría oficialista no los quería tratar.
La misma noche del 11 de diciembre, miles de personas se movilizaron en diversos puntos del país para repudiar que ninguno de los 13 imputados por el secuestro de Marita tuviera condena. Pero también, para apoyar a todas las chicas que se habían jugado la vida declarando contra ellos y que con el fallo quedaron más desprotegidas. El 12 de diciembre, la respuesta de centenares de miles de personas de todo el país fue más fuerte: todas las plazas de las ciudades se poblaron de manifestantes indignados. Pero la respuesta de los jueces, diputados, el propio gobernador de Tucumán (el corrupto kirchnerista Alperovich) y la Policía Federal dependiente del gobierno nacional, fue aun más indignante. No solo volvieron a apoyar el fallo sino que hasta llegaron a reprimir con palos y gases lacrimógenos a la gran movilización que se realizó en Capital Federal.
La nueva ley de trata
Frente al vergonzoso fallo, el gobierno kirchnerista intentó lavarse la cara y mandó a sus diputados a realizar una sesión especial para levantar los proyectos que ellos mismos habían dejado caer. Entre las modificaciones más importantes que se realizaron se puede contar con el cambio en la definición de trata de personas, incluyendo a “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, en el territorio nacional o desde o hacia otros países”. Y la ampliación de la definición de explotación al incorporar la esclavitud, el trabajo forzado y el matrimonio servil. Otra de las modificaciones es el aumento de las penas para todos los miembros de la cadena de comercialización de personas; así como el expreso derecho de las víctimas a recibir alojamiento, atención en salud psico-física, capacitación laboral y acompañamiento por parte de instituciones públicas. Sin duda, se trata de un importante avance producto de la movilización. Sin embargo, los hechos demuestran que lejos se está de la decisión política -tanto del gobierno nacional como de los gobernadores- de avanzar en el necesario desmantelamiento de las redes de trata. Es tarea de la movilización social terminar con la impunidad en el caso Marita Verón y de todas las mujeres víctima de semejante mafia delictiva.
El abusador libre… ¡las abusadas presas!
Las hermanas Marina y Ailén Jara de 21 y 19 años, están detenidas en el penal de Los Hornos desde hace un año y 10 meses, acusadas de tentativa de homicidio por defenderse de su abusador. Allí esperan el día del juicio, el cual está fijado para el 18 y 19 de marzo de 2013.
El 19 de febrero de 2011, cuando las hermanas volvían de bailar en el partido de Moreno, fueron interceptadas y apuntadas con un arma de fuego por Juan Antonio Leguizamón, conocido abusador sexual del barrio. Éste tomó a Ailén e intentó violarla. Inmediatamente su hermana la defendió atacándolo con un cuchillo. Pero aunque ellas hicieron la denuncia en la comisaria, fueron a quienes arrestaron, y no al agresor.
Las hermanas fueron encarceladas y acusadas de “homicidio en grado de tentativa” y ni la fiscal de instrucción de Moreno, ni el Juzgado de Garantías 4 de Moreno, accedieron al pedido de cambio de carátula por lesiones graves o leves, ni al pedido de excarcelación de las jóvenes. Hoy en día, la injusta detención de las hermanas Jara se agrava por las denuncias de maltrato en el penal y la presentación de signos claros de depresión.
Sin dudas, éste es otro evidente caso de violencia de género. Denunciamos al Estado y a la justicia patriarcal por condenar a estas mujeres ignorando la denuncia de acoso sexual que sufrían permanentemente por parte del abusador, así como el acto de legítima defensa. Por eso exigimos la inmediata libertad de Ailén y Marina Jara. Y cárcel para el abusador Juan Antonio Leguizamón.
Silvia Quilla
“Las casitas” de la trata eran K
La asociación civil La Alameda -que pelea contra el tráfico de personas para la esclavitud laboral o sexual-, dio a conocer recientemente un aberrante caso que compromete al poder político nacional de los Kirchner con lo más brutal de las redes de explotación sexual de mujeres y niños. Durante más de 20 años, en el barrio de Las Casitas de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz), unos 36 prostíbulos funcionaron en terrenos fiscales con la complacencia de la intendencia de Río Gallegos, que además recaudaba impuestos de locales que funcionaban abiertamente como prostíbulos. El negocio se inicio cuando se entregaron terrenos fiscales a las redes de trata para que construyeran sus establecimientos, durante el gobierno de Néstor Kirchner en 1989.
En 2009, gracias a las filmaciones y otras documentaciones conseguidas en una investigación realizada por La Alameda, “Las casitas” fueron cerradas tras un allanamiento llevado adelante por la jueza Federal Ana Cecilia Álvarez. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Casación autorizó su reapertura, cuestión que aun no tuvo lugar hasta el momento gracias al repudio de la sociedad santacruceña.
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