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Escribe:
Atilio Salusso
Una “democratización” para que sigan los Oyarbide
Para seguir adelante con la ofensiva por lograr una justicia complaciente que avale sus políticas y actos de corrupción, Cristina Kirchner propuso leyes que, según ella, permitirán “democratizar la justicia”. Nada más alejado de la realidad. La reforma vulnera elementales derechos individuales y el derecho de huelga.
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La marcha del 18A repudió las leyes kirchneristas frente al Congreso |
Que los jueces fallan casi siempre a favor de grandes empresarios, ricos y corruptos no es ninguna novedad. Tampoco que el Poder Judicial cuida la propiedad privada de los de arriba y está alejado de las necesidades populares. Es necesario cambiarlo de raíz. Pero nada de esto se logrará con la reforma exprés propuesta por el gobierno.
El kirchnerismo pretende sacar y poner jueces a su antojo que avalen sus políticas, escondan su corrupción y cercenen elementales derechos democráticos, como las medidas cautelares. Este autoritarismo, arbitrariedad y manipulación va a afectar a trabajadores, jubilados y demás sectores populares. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, señaló el senador del Frente para la Victoria Jorge Yoma. ¿¡Si lo dicen desde el mismo riñón del PJ gobernante!?
Con la mentira de “terminar con la corporación judicial”, el gobierno propone elegir en las próximas elecciones parte de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que nombra y destituye jueces). El partido político que obtenga la primera minoría (35% de los votos) tendrá mayoría automática para poner y sacar jueces como quiera. Los corruptos podrán brindar con champagne. Un indulto más para los políticos y funcionarios oficiales.
La reforma crea instancias superiores de revisión en distintos fueros (en especial el previsional y laboral), lo que hará más largos y engorrosos los juicios para jubilados y trabajadores. Miremos lo que ya ocurre con los fallos que obligan a actualizar los haberes a los abuelos. Un nuevo regalo que Cristina le hace a las patronales, como cuando les aprobó la ley de ART a medida de la Unión Industrial.
La limitación de las medidas cautelares afectará a distintos sectores populares. Hasta el propio CELS (organismo de derechos humanos que preside el oficialista Horacio Verbitsky) dijo que se vienen usando desde hace 30 años en defensa de los derechos humanos. Así se frenó el derrumbe de la ESMA y se salvó al PAMI de ser privatizado en los ´90. Un recurso legal al cual echan mano distintos sectores vulnerables. Con esto, el gobierno hará campaña diciendo que aquel que reclame al Estado (es decir, al kirchnerismo) “atentará contra el pueblo”.
La reforma también ataca el derecho de huelga, requiriendo que previo a cualquier protesta se avise al poder de turno. Habrá sanciones si se desconocen las conciliaciones obligatorias -cuándo son las patronales las que lo hacen con total impunidad- o no se cumplan los “servicios esenciales”. Pero el gobierno solo habla de éstos cuando hay huelga, mientras no los garantiza los 365 días del año. La educación y salud pública son un desastre, lo mismo el transporte y demás servicios públicos.
Si bien han anunciado algunos cambios, todo quedará según la interpretación de los jueces. En definitiva: ¿de qué “democratización” hablan?
Esto es una copia de la misma receta que aplicó Néstor Kirchner en Santa Cruz. Bastan dos ejemplos. Uno, el actual secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, antes de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, fue apoderado y presidente del bloque del PJ. Dos, la actual fiscal de El Calafate, Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, es quien tiene que investigar a su propia madre y tíos (Néstor y Cristina Kirchner) por comprar tierras a precio fiscal. ¿Qué tal?
La oposición patronal de los Macri, Alfonsín, De la Sota, Carrió y Binner despotrican, pero no buscan una verdadera “democratización de la justicia”. Defienden también a un Poder Judicial al servicio de los poderosos. Desde la izquierda repudiamos las reformas K y llamamos a luchar por medidas que lleven a democratizar de verdad el sistema judicial.
Zaffaroni no “zafa”
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El juez de la Corte pro K está en contra del juicio por jurado. Dijo: “El jurado es caro y lento. Y no hay tradición. Si es difícil conseguir presidentes de mesa electoral, no me imagino jurados como carga pública. Requeriría una reforma drástica del proceso”. Y agregó: “si no se aislase (al jurado) sería un escándalo. Sería casi inevitable que entre más de una decena de personas, alguna de ellas adelante su opinión mientras toma unas copas en un bar, con lo cual todo el proceso sería nulo y habría que recomenzarlo”.
Muchos autores refutan a Zafaroni, señalando que los ortodoxos doctrinarios y quienes fomentan el lucro con el sistema judicial siempre están en contra del juicio por jurado. Y que el lego (ciudadano común) es potencialmente apto para desempeñar el cargo de jurado con la misma prudencia e hidalguía con que también lo puede hacer el juez de carrera. ¿Por qué un juez de carrera garantizaría más que un ciudadano común la justicia o imparcialidad en un fallo?
Zafaroni sabe que durante el fascismo en Alemania (Hitler), Italia (Mussolini) y España (Franco) el juicio por jurado se cambió por el sistema “escabinado” (el mismo que el propone, es decir, donde tienen predominio los abogados sobre la gente sin título). ¿Dónde está su “progresismo”?
A.S.
h3>Una propuesta alternativa: Elección de los jueces y juicio por jurado
Cristina Kirchner dijo: “se pueden elegir presidentes, gobernadores, diputados y senadores, ¿por qué no elegir a los jueces?”. Pero con su propuesta, los jueces no van a ser elegidos por el voto popular, salvo algunos miembros del antidemocrático Consejo de la Magistratura. Para echar a toda esa casta judicial privilegiada y vitalicia, hacen falta medidas opuestas a las del kirchnerismo.
Uno: hay que echar a los jueces que vienen de la dictadura. Dos: los magistrados tienen que ser elegidos por el voto popular. Tres: hay que poner fin a sus cargos vitalicios con cargos revocables. Cuatro: tienen que ganar el valor de la canasta familiar. Y cinco: hay que implementar el juicio por jurado.
A pesar que la Constitución Nacional prevé el juicio por jurado en tres de sus artículos (24, 75 inciso 12 y 118), en Argentina nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque pondría en tela de juicio la llamada “corporación judicial”, siempre amparada bajo la sombra del oficialismo de turno.
El juicio por jurado se aplica en Estados Unidos y otros países. Muchas veces se ve en películas norteamericanas a trabajadores, negros o amas de casas pronunciándose sobre si un criminal es culpable o no. La más famosa fue “Doce hombres en pugna” (1957), con Henry Fonda.
¿Cómo funciona el juicio por jurado? Se eligen por sorteo 12 ciudadanos que lo integrarán, el cual se debe expedir sobre si el hecho que se juzga realmente existió y si el acusado es culpable o inocente. Si el jurado decide que el acusado es inocente, por ejemplo, el juez no puede declararlo culpable, y viceversa.
Son millones de personas las que anualmente participan como jurados en aquel país, teniendo que ser ciudadanos norteamericanos, residentes de la jurisdicción del tribunal, tener 18 o más años de edad, hablar inglés y no estar condenados por un delito grave. Personas que reciben una remuneración mientras duren las audiencias del fallo, que son de cinco días promedio. (Fuente: State-of-the-States Survey of Jury Improvement Efforts, abril de 2007, Centro Nacional de Tribunales de los Estados).
Especialistas en derecho señalan que el juicio por jurado “nació como medio para frenar el absolutismo de los reinos en los juicios penales y hoy constituye el medio para frenar el absolutismo de los poderes democráticos” (según el jurista Guillermo Erbetta).
Esto sería mucho más democrático que el proceso judicial actual. Así se le sacaría el poder de decisión a los Oyarbide y tantos otros jueces patronales y corruptos. Si se le diera la posibilidad a un jurado con representantes del pueblo de poder juzgar a los Schiavi, Jaime y Cirigliano en la masacre de Once… ¿usted cree que estos delincuentes aún estarían libres? Otro tanto ocurriría si pudieran dictar sentencia sobre el corrupto Boudou, Lázaro Báez o los responsables de las muertes por las inundaciones. ¡Un jurado así seguramente le hubiera dado perpetua a Pedraza! Pero con estos jueces patronales, todo queda en la impunidad o a mitad de camino.
Propuestas que deberían ser parte de un cambio de fondo, imponiendo leyes que dejen de proteger a los poderosos y hagan cumplir los derechos básicos de millones de trabajadores y demás sectores populares.
A.S.
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