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Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
José Castillo
El proyecto de Cristina
Continuidad de la LES menemista
Menem y los ’90
La oleada neoliberal golpeó con fuerza sobre la Educación inicial, media y superior en cada uno de los países latinoamericanos, avanzando sobre conquistas fundamentales como la gratuidad de la Educación Pública para el conjunto de los trabajadores y el pueblo. En Argentina, la implementación de variadas leyes educativas durante el gobierno de Carlos Menem provocó la resistencia del movimiento docente y estudiantil, apoyados por los sectores obreros y populares.
En la Educación Superior, la lucha que empezó en el año 95’ contra la sanción de la LES incluyó paros docentes, piquetes estudiantiles al Congreso Nacional y movilizaciones de decenas de miles en todo el país. Estaban dadas todas las condiciones para derrotar ese proyecto de ley, pero la Franja Morada (conducción de la FUA y de la mayoría de los Centros y Federaciones del país), junto a los Rectores y las camarillas profesorales, terminaron negociando con el menemismo y permitiendo la aprobación de la LES.
Artículo por artículo
Esta ley adoptó como medida de calidad académica el «rendimiento» del sistema educativo priorizando la tasa ingreso/egreso de alumnos. La norma legisló para toda la Educación Superior e incluyó ya en el artículo 1º al Sector Público y Privado, universitario y no universitario, poniéndolos en igualdad de condiciones. Abrió explícitamente la posibilidad de arancelamiento para los estudios de Grado, impulsando un salto también en el arancelamiento de los postgrados, evitando garantizar la igualdad de oportunidades. Hoy los efectos de la LES son evidentes: desfinanciamiento del sistema de educación superior por parte del estado nacional, aumento del financiamiento privado, deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en las carreras de grado, con el consiguiente deterioro de los títulos.
En el Artículo 58 (De la generación de recursos) señala «Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Para la distribución del aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad» Es decir que el Estado sostendrá financieramente sólo a las universidades “eficientes”. En el Artículo 59 (c), se establece que las universidades «Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten...». Así institucionaliza la generación de “recursos propios” abriendo el juego para que las Universidades firmen convenios con empresas privadas. Estos incluyen, desde el alquiler de pisos enteros para empresas químicas, convenios con los grandes laboratorios, acuerdo con empresas telefonicas y grandes multimedios, hasta mano de obra estudiantil para trabajar gratis en “pasantías”.
Surgió con fuerza la idea de Universidad-Empresa, afectando directamente a los docentes. En el art. 59 (b) se autoriza a las universidades a «fijar su régimen salarial y su administración de personal», dejando vía libre a la fragmentación de los salarios, desplazando su discusión del ámbito nacional a cada una de las universidades.
La LES institucionalizó la evaluación externa para las universidades. El artículo 44 señala: «estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o de entidades privadas constituidas con ese fin...», dejando en manos de una comisión designada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional el destino de cada una de las universidades, rediseñando sus planes de estudio en función de las leyes del mercado.
Somos muchos quienes consideramos que hoy el sistema universitario público argentino se encuentra en estado de emergencia. Los efectos de la LES así lo demuestran: restricción presupuestaria, privatización encubierta (a través de la generación de recursos propios), deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en Carreras de Grado, por señalar sólo las consecuencias más nefastas. Por eso la anulación de la Ley de Educación Superior es impostergable.
¿Y la reforma que nos propone ahora Cristina?
La anulación de la LES menemista es una cuenta pendiente para toda la comunidad educativa, por eso muchos reciben con entusiasmo las afirmaciones del gobierno de Cristina que habla de su derogación y posterior reforma. Pero, cuando analizamos a fondo “de que se trata” la propuesta del Gobierno (“consensuada” con los rectores del CIN) esta no elimina los elementos privatistas de la LES. Hablan de su derogación, pero lo que buscan es reformarla para que todo su contenido siga vigente.
Lo más importante es que Cristina se niega a anular la LES y las reformas que se ya implementaron. De hecho, su objetivo es dar un nuevo impulso a la privatización de la Universidad. La estrategia de Cristina es levantar la misma pantomima que se utilizó para sancionar la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo: el doble discurso.
De acuerdo a los lineamientos para esta “nueva” LES, los elementos de continuidad con la LES “menemista” son: la evaluación de las Carreras mediante la CONEAU; que los postgrados sigan fuertemente arancelados; que, en los órganos de cogobierno de facultades y universidades, se mantenga la proporcionalidad que le otorga la mayoría decisiva a las camarillas minoritarias de profesores concursados, desoyendo el reclamo por la democratización que sonó fuerte en todo el país. Es decir, de acuerdo al proyecto de Cristina y los Rectores, la LES menemista esencialmente está bien, por eso sólo realizarán cambios cosméticos y mantendrán sus pilares.
El nuevo proyecto abre varios debates: ¿La LES cumplió su objetivo a nivel nacional? ¿El proyecto de Cristina es la alternativa al menemismo? ¿Cuáles son los principios de esta nueva Ley?
La dinámica propuesta por la LES menemista, mediante sus instituciones, principalmente el FOMEC y la CONEAU cumplió su ciclo. ¿En qué sentido? Los tres canales de avance de la misma eran: 1) la creación de nuevas universidades totalmente adecuadas a la LES, como las que se crearon en el conurbano bonaerense y en varias provincias; 2) la adaptación de las universidades existentes mediante la “acreditación” de sus carreras a los organismos creados por la LES; y 3) aprobar mediante una Asamblea Universitaria las reformas privatistas. Pero la lucha docente y estudiantil contra la aplicación de la LES mostró que con esa normativa no pueden avanzar más. Es por eso que el Gobierno junto a los Rectores hoy buscan cambiarle el vestido para avanzar cualitativamente en profundizar la privatización.
El proyecto de Cristina y los Rectores no enfrenta la elitización y privatización de la Educación Superior de los ‘90. Por eso es que desde Izquierda Socialista decimos que para anular la LES menemista hay que enfrentar el proyecto de Cristina y su doble discurso que pretende cambiar algo para no cambiar nada. Hay que anular todas las reformas privatistas que se implementaron desde el 95’, empezando por la efectiva anulación de la LES, y discutir democráticamente entre docentes y estudiantes, junto a las organizaciones de la clase trabajadora, un proyecto de universidad al servicio de las grandes mayorías del país y de Latinoamérica, para construir una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.
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