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Reestatizar el tren es agrandar el país
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La consecuencia de los planes económicos aplicados por los gobiernos militares y los partidos políticos tradicionales en las últimas décadas, ha sido la exclusión social y la marginación de millones de trabajadores y sectores populares. Paulatinamente han ido discriminando y marginando a millones de hombres y mujeres, provincias y regiones enteras.
Desde la Dictadura en los ‘70, el Ministro de Economía Martínez de Hoz sintetizaba el objetivo central del plan del FMI y grandes empresarios para aumentar sus riquezas: «en el país sobran 14 millones de personas». Los «demócratas» posteriores como Alfonsín y Menem siguieron hundiendo a millones en la miseria y fue en el mismísimo gobierno de la Alianza, autodenominado «centroizquierdista», que el ministro Santibáñez repetía: «sobran provincias».
El cierre de los ferrocarriles ha sido una de las patas de ese plan neoliberal. El FMI ha exigido «provincialización» de la Salud y Educación y cambios sistemáticos en la «Ley de Coparticipación Federal» para garantizar mayor recaudación de impuestos para el pago de la deuda externa. Y la aplicación de esta destrucción sistemática a los estados provinciales ha sido acompañada del cierre de miles de kilómetros de vías. La consecuencia de décadas de este plan está a la vista. Los sistemas de salud y educación provinciales colapsaron. Se impuso la discriminación desde las escuelas cerrando las puertas y posibilidades de progreso cultural y laboral a millones de trabajadores en el interior. Y también los hospitales mostraron el horror por la incapacidad de evitar la muerte de niños por desnutrición, de contener el crecimiento de enfermedades antes erradicadas. Con la privatización del tren, se terminó de ahorcar a las provincias cerrando el desarrollo de sus economías regionales.
El Tren no debe ser un negocio
El tren esta construído y creado como servicio, tan indispensable en la modernidad del Siglo XXI, como el agua, el gas, la salud y la educación. Inversiones necesarias en toda nación que quiera convertirse en rica y grande para mejorar la condición de vida de todos sus habitantes. La reinstalación de los 37.000 Km. de vías cerradas desde la privatización impulsaría de inmediato la reactivación del comercio y producción en las economías regionales y la consecuente creación de puestos de trabajo. Permitiría integrar al país por vía del intercambio -de las regiones con el centro y con el mundo-. Recrear y activar las cooperativas regionales para que pequeños y medianos productores puedan liberarse de las condiciones leoninas que actualmente impone la concentración monopólica del comercio interno y la exportación. Aumentaría la competitividad de los productos. Está probado internacionalmente que el transporte ferroviario es el que resulta socialmente más barato y seguro para transporte de personas y cargas. Es, de lejos, el sistema de transporte terrestre menos contaminante y menos destructor de la naturaleza. También impulsaría el desarrollo de la Industria Turística a todos los niveles. En particular permitiría que los sectores de menor poder adquisitivo puedan conocer las maravillas de nuestra geografía.
Por último la estatización en sí misma desarrollaría al propio ferrocarril, sus talleres y tecnología, puestos de trabajo y condiciones laborales. Para mejorar su seguridad y servicio, inexistente en la mayoría del país y colapsado en Capital y Gran Buenos Aires como consecuencia de la desinversión. Actualmente por ejemplo TBA, al tiempo que vacía los talleres, exige subsidios para comprar «chatarra» en el exterior y repararla en otras firmas de su grupo que sobrefacturan los trabajos. Los costos de esta mafia corrupta desaparecerían. La recuperación del sistema ferroviario permitiría la inversión en nuestra propia empresa.
Con la privatización el servicio ferroviario empezó a ser gerenciado por estafadores que ven el tren como un negociado: una caja recaudadora.
¿Se puede reestatizar?
Muchos insisten en que es imposible estatizar los trenes o cualquier otro servicio. Y que la solución sería mejorar los controles.
En primer lugar debemos reafirmar una vez más que no hay imposibilidad jurídica alguna, porque de acuerdo a los pliegos de concesión las empresas han incurrido en cientos de incumplimientos. Lo que en realidad es necesario es una decisión política contundente del gobierno: ¡Recuperar nuestro patrimonio! ¡Castigar a los ladrones!
La quita de la concesión del San Martín demostró que era posible. Lamentablemente también demostró que lejos de las promesas electorales de Kirchner que repetía que «estatizaría los trenes», terminó entregando el servicio a las privadas de Metropolitano, Ferrovias y TBA. También fueron anuladas otras privatizaciones. Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio por ejemplo, concesionada en 1994. El gerenciamiento privado del grupo Tasseli fue responsable de la muerte de 14 mineros por las pésimas condiciones de seguridad. El gerenciamiento estatal ha reactivado al punto de incorporar a su planta 700 trabajadores más.
Por otro parte, ya en países del «Primer Mundo» los gobiernos dieron marcha a tras con algunas privatizaciones presionados por los reclamos populares. Inglaterra que privatizó el servicio ferroviario en 1996, después de 5 años de experiencia privatista, reestatizó infraestructura por exigencia de los sindicatos ferroviarios y organizaciones de usuarios, ante los terribles accidentes. Lograrlo es una pelea que tiene como condición para ganarla, la firme convicción de los ferroviarios y el acompañamiento de los usuarios. Y dirigentes políticos y sindicales de estos sectores dispuestos a ponerse al frente. Coordinando con compañeros de otras empresas privatizadas. Los primeros pasos empiezan a darse. Y no estamos solos. Nuestro continente está recorrido por luchas en defensa de su patrimonio contra los empresarios corruptos y gobiernos entreguistas. El pueblo boliviano en su «guerra por el gas y el agua» ha sido el abanderado de Latinoamérica. Pero no el único. Los trabajadores petroleros ecuatorianos en la Amazonia, el pueblo paraguayo el año pasado impidió que se aprobara una ley privatista, los venezolanos también en defensa de su petróleo derrotaron a los golpistas proyanquis. Los trabajadores brasileros enfrentan a Lula, que entregó las jubilaciones a los bancos privados. Los uruguayos que con un plebiscito dijeron NO a la privatización del agua en el 2005. Son millones los que en nuestro continente reclaman por la defensa y recuperación de nuestro patrimonio para poder salir de la crisis y miseria. Se nos dirá que reestatizar atenta contra la «seguridad jurídica» de la que tienen que seguir gozando los que manejan el país «para que haya más inversiones y así mejores horizontes». Son los mismos que nos decían que había que «achicar el Estado para agrandar la Nación». Los que se beneficiaron con las prebendas y subsidios estatales. Repiten mentiras que han sido destruidas por la realidad. Donde están las «bondades de las inversiones ». ¿Adónde están las fábricas abiertas? La seguridad de la que nos hablan es la de sus ganancias, las que tuvieron todos estos años y se llevaron al exterior.
Seguridad necesitamos los trabajadores, para viajar sin exponernos a un desastre, con tarifas al alcance de todos, con servicios eficientes, seguridad de un trabajo y salario dignos para que nuestras familias tengan alimentación adecuada y futuro de progreso. Para eso una fuerte empresa ferroviaria estatal, es una formidable palanca.
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