El 18 de enero se realizó el segundo Atlanticazo en todo el país, organizado por la asamblea de Mar del Plata (Mar libre de Petroleras) e impulsado a nivel plurinacional por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hubo movilizaciones en varios puntos de la Costa Atlántica, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Neuquén, Córdoba, Misiones, La Rioja y Santa Cruz, entre otros.

El Atlanticazo, aprendiendo del camino marcado por el Chubutazo, está desarrollándose en todo el territorio para ponerle un freno a la luz verde que le dieron desde el gobierno de Alberto Fernandez, con el ministro Cabandié y el aval del gobernador Kicillof y los intendentes de la costa atlántica, al proyecto de exploración sísmica en nuestro mar argentino para la instalación de petroleras.

Este proyecto aprobado el 30 de diciembre de 2021, está enmarcado en un plan del gobierno de avanzar con un paquete extractivista para conseguir los dólares que necesita para pagar la deuda externa. Por eso, no es de extrañar que en el paquete de leyes que propone tratar el gobierno nacional en febrero en el Congreso Nacional, esté incluída la ley de Hidrocarburos, mientras no aparece la ley de Humedales que entonces pierde estado parlamentario.

Con este proyecto de Equinor junto a Shell e YPF, primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino, será inevitable, como lo demuestran los estudios, que se produzcan derrames de petróleo, incluso en grandes cantidades, mayores a 1.000 barriles.

La semana pasada fue noticia el derrame en las costas de Perú de miles litros de petróleo en un yacimiento de características similares a la que quieren instalar en Argentina. Esta vez en manos de la multinacional Repsol, quien mintió intentando minimizar y ocultar la noticia del desastre ambiental que generó el derrame, y se negó a actuar rápidamente para intentar solucionar la catástrofe que el derrame estaba ocasionando para el ecosistema del lugar. Tal como denuncia nuestro partido hermano Uníos de Perú, “según la empresa, se enteraron de la magnitud del desastre por las redes sociales que daban cuenta del derrame de más de seis mil barriles de petróleo, con 18 mil metros cuadrados de mar afectado, dejando a su paso muerte, contaminación, desolación e indignación”. Un proyecto como el impulsado por Equinor, traería los mismos riesgos para nuestro mar, afectando su flora y fauna, y generaría una contaminación sin precedentes.

Por todo esto, es fundamental seguir impulsando el Atlanticazo para frenar este proyecto extractivista.

Más de 6.000 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, perteneciente a la multinacional española Repsol, aparecieron derramados frente a las costas peruanas de Lima.

El 4 de febrero nos movilizamos nuevamente a nivel plurinacional por un mar libre de petroleras, para denunciar el proyecto extractivista en nuestro mar Argentino impulsado por el gobierno del Frente de Todos. Tomando la fecha de las asambleas de Chubut contra la megaminería, será una jornada de lucha a nivel nacional contra la exploración sísmica en nuestro mar y por todas las problemáticas ambientales de los territorios. Sumate a marchar con Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independioentes) y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

Escribe Montserrat Gayone

El 12 de diciembre nos sumamos a la muraleada convocada por la Asamblea por un mar libre de petroleras de Mar del Plata, junto a otras comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, contra la instalación de las petroleras offshore en nuestras costas. Además, el 4 de enero convocamos a una jornada de difusión en la localidad portuaria de Ingeniero White, donde los vecinos sufren con mayor crudeza las consecuencias de convivir con las empresas del polo petroquímico desde 1981. Este es un proyecto que sigue en expansión y desde 2008 recibe en el muelle de Mega al buque regasificador, agregando un nuevo riesgo a las habituales explosiones, ruidos, rotura de las viviendas por las vibraciones, olores, escapes de gas y cloro, emanaciones, venteos y vertidos de tóxicos, que afectan la salud y la vida cotidiana de los vecinos, y que además liquidaron una actividad productiva tradicional, la pesca artesanal. Los escapes de cloro y amoníaco en agosto del 2000, la disminución paulatina de la pesca, aumento de las enfermedades y más de diez asesinatos laborales impunes es el saldo del extractivismo que incluye petróleo, gas e industria química.

Esta localidad obrera, con pleno empleo hasta la década del ´90, enfrentó las privatizaciones del menemismo y en el 2000 volvió a la lucha, cortando la ruta y el acceso al puerto, denunciando la contaminación ambiental y el riesgo vivido, frente a los escapes que las empresas y el gobierno intentaron ocultar. Se opuso a la instalación del buque regasificador y apoyó a los pescadores en diciembre del 2009, cuando 350 familias se quedaron sin recursos  y sin respuesta por parte de las autoridades. Los pescadores denunciaron y demostraron la contaminación que el gobierno sigue negando. Esta vuelta de tuerca del extractivismo es incompatible con la vida, y son los pescadores y comunidades costeras que lo vienen denunciando en el país y en el mundo quienes ofrecen un punto de partida para organizar la resistencia y pensar en un nuevo modelo productivo.

Escribe Rodolfo D. Sánchez, Dr. en Física, Investigador de CONICET, Director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-CONICET) y referente de Ambiente en Lucha Bariloche e Izquierda Socialista en el FITU.

El 7 de diciembre, la caída de un rayo inició un incendio que fue tomando dimensiones catastróficas en la zona de los lagos Martin y Steffen. Recién el 22/12, cuando el incendio era incontrolable, se reunió el Comité de Emergencia, el 28/12 se declaró la Emergencia ígnea y el 31/12, el reporte oficial contabilizaba 5.935 hectáreas quemadas. Esto, claramente muestra la falta de respuesta oportuna de parte de Parques Nacionales, del Gobierno Provincial de Arabela Carreras y del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de sus responsables directos de Medio Ambiente, el Ministro Juan Cabandié y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

En 2020, estando Cabandié ya en funciones, se quemaron más de un millón de hectáreas en el país. Hubo ganado desplazado, subsidios a productores, declaraciones de emergencias y se calcula que para recuperar las tierras arrasadas se deberían invertir entre 1.100 y 3.700 millones de dólares. Esto debería haber sido una alerta importante para un gobierno (y para un funcionario) que recién asumía. Sin embargo en febrero y marzo de 2021, se vuelve a repetir la escena en la región y se quemaron más de 50.000 hectáreas. La zona de la Comarca Andina fue una de las más afectadas, un fuego de interfaz rural-urbana dejó cerca de 500 viviendas inutilizadas, muchas de ellas con destrucción total.

En aquel momento, los vecinos y los intendentes reclamaban “más recursos” para combatir el fuego pero el Secretario Federovisky contestaba que todos los recursos disponibles de la Nación para manejo del fuego, se habían movilizado a la zona (del orden de un centenar de brigadistas 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 5 autobombas). Como “logro”, del 2021, el gobierno nacional destaca en su página oficial que en 2021 se redujo un 70% la superficie quemada en 2020. Es un relato optimista, la realidad es que se quemaron 300 mil hectáreas más al millón de quemadas en 2020.

Federovisky, hace apenas unos días, volvió a poner el acento en el cambio climático y la brutal sequía como principal ingrediente de los incendios. Sabemos por las 26 Cumbres Mundiales y las noticias internacionales que el aumento y la gravedad de los incendios es una de las consecuencias de este fenómeno climático. Es muy difícil de creer que este factor no haya sido tomado en cuenta por un especialista en medio ambiente en la “Planificación” de recursos para combatir el fuego. Luego, el 24/12, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental afirma en forma contundente: “No es cierto que falten medios para combatir los incendios”.

Chile tiene la mitad de hectáreas de bosques que la República Argentina, nuestros vecinos también sufren el cambio climático y la sequía, a tal punto que el número de incendios aumentó 380%. Sin embargo, su CONAF y CORMA tienen dos veces más presupuesto para controlar los fuegos que nuestro Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se dispone para los bosques chilenos, 4 veces más dinero por hectárea y por año que para los bosques argentinos. Además, sus acciones contra incendios forestales cuentan con 40 aviones cisternas, 53 helicópteros y 7566 brigadistas mientras que nuestro país solo dispone de 9 aviones, 8 helicópteros y 262 brigadistas (con recurrentes reclamos salariales y seguros de vida por actividad riesgosa).

En Argentina, el dinero ejecutado para acciones del SNMF viene sistemáticamente decreciendo de 14 millones de dólares en 2017 (gestión de Macri-Bergman) a 4 millones en 2021 (gestión Fernández-Cabandié). Claramente cómo se expuso, a pesar de las reiteradas declaraciones del Secretario en sentido opuesto, los recursos argentinos son insuficientes. No contamos con bases temporales para aeronaves y brigadistas, cámaras de detección infraroja de focos embrionarios (como la que desarrolló INVAP hace años), torres de vigilancia y vecinos o pobladores capacitados para actuar. Esto último, es constantemente expuesto por Guillermo Defossé, investigador y colega de CONICET, especialista con más de 40 años en bosques andinos patagónicos. Se necesita “un enfoque integral y preventivo”. Se sabe que el 77% de los incendios ocurren en la interfaz urbano-rural y Defossé concluye: “se pueden evitar”.

Este último incendio no está en la categoría de interfaz. Comenzó con un rayo en una zona boscosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Contar con aviones hidrantes de tipo Bombardier o Canadair, hubieran permitido atacar el foco ígneo el mismo 7/12 cuando se divisó la columna de humo. La historia sería otra y no estaríamos lamentando la quema de 6.000 hectáreas en uno de los lugares más imponentes. El costo de un Bombardier ronda los 26 millones de dólares y con el presupuesto anual para acciones contra incendios forestales, alcanza para una cuarta parte del avión hidrante.

Cuando el incendio avanzó de la zona del lago Martin al lago Steffen y comenzaba a reunirse el Comité de emergencia, el gobierno argentino pagaba al FMI para facilitar el acuerdo que cerrará en los próximos días, el equivalente a 60 aviones hidrantes, exactamente 1.800 millones de dólares. Para proteger nuestros bosques, mantenerlos con vida y evitar que se sigan quemando, necesitamos “Planificación, Prevención y Presupuesto”. El actual cronograma de pagos en 2022, con 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos, da un total de 19.115 millones de dólares y algo similar es para el 2023. Este cronograma, o cualquier otro que surja del acuerdo, recortará el Presupuesto Nacional y en particular, no se garantizarán los recursos suficientes para proteger los bosques Andino patagónicos. Pagar o no pagar la Deuda Externa, está directamente en conexión con la supervivencia de nuestros bosques.

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/bosques-en-llamas-escasos-recursos-y-pagos-de-la-deuda-2111932/