Sep 21, 2021 Last Updated 6:39 PM, Sep 18, 2021

Escribe Gastón Rivero de Ambiente en Lucha Neuquén

Cuando en el 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se promulgó una ley nacional hecha a medida de los intereses de la multinacional yanqui Chevron, se preanunciaba que sería la “mejor opción” para explotar el yacimiento de Vaca Muerta y salvar a YPF que venía de ser reestatizada parcialmente en el 2012.  

Finalmente dicho proyecto fue impuesto, en agosto del 2013, con una violenta represión en la legislatura de Neuquén que dejó decenas de heridos, y uno de ellos con balas de plomo,  el docente universitario Rodrigo Barreiro.

El vaciamiento y crisis de YPF, en vez de superarse, se profundizó por responsabilidad de todos los gobiernos nacionales y provinciales. Primero fue privatizada en 1992 por Menen con el respaldo de los gobernadores justicialista (encabezados por Néstor Kirchner), luego vendida a precio vil a la española Repsol en 1999, que se dedicó solo a extraer el petróleo y el gas ya ubicado como reserva, sin avanzar un metro en la exploración y con un nivel de contaminación y pasivo ambiental nunca visto en el país. Ante semejante desastre en el 2012 el kirchnerismo generó una reestatización del 51 % de las acciones en una operatoria escandalosa por lo onerosa. Pagaron 5.000 millones de dólares a Repsol, dejando a la YPF semi-estatal que se haga cargo del pasivo ambiental  que la empresa española había generado. Desde ese momento a la fecha, YPF continuó con su vaciamiento al punto que su deuda en el 2021 era superior a los 6.200 millones de dólares, lo que fue refinanciado parcialmente,  por 420 millones de dólares que vencían en marzo, a una tasa de interés muy superior a la de los préstamos internacionales vigentes.
Encima hay un juicio pendiente contra YPF en tribunales de Nueva York superior a los 3.500 millones de dólares, juicio que habría que pagarle a Repsol si lo gana. Lo que abulta aún más el pasivo.
 
Vaca Muerta está enajenada

A seis años de su comienzo, el fracking ya deja huellas en el ambiente y empieza a afectar directamente la vida en la región. Y esto a pesar de que recién está en sus comienzos la perforación en profundidad y horizontalidad con miles de mini-explosiones y el uso de 700 químicos para romper los poros de las rocas y las arcillas y chupar el petróleo y gas que de ahí se sustrae. Cotidianamente se dan eventos de contaminación, en pequeña escala pero muy repetidos. Los más destacados son los reiterados movimientos sísmicos que se producen en la zona urbana de Sauzal Bonito, en el corazón de Vaca Muerta, con rupturas de las paredes de las viviendas. También se produjo un derrame, entre otros muchos, de hidrocarburos en el área Bandurria Sur de YPF que afectó por lo menos a 45 hectáreas, dejando un pasivo que quizá nunca se remedie, más allá de las multas irrisorias que se puedan cobrar a las petroleras. En las últimas semanas vecinos de Añelo han salido a cortar la ruta exigiendo provisión de agua. La que falta en sus casas es la que se va a los pozos para hacer la hidrofractura.

En total ya se superan las 20.000 punciones agujereando y bombardeando la roca. La voracidad de las multinacionales apañada por YPF y el gobierno nacional y provincial se está manifestando al extremo, aprovechando la cotización del barril por encima de los 60 dólares. Por debajo de 40 dólares las empresas retraen la producción de fracking (en el 2020 enviaron a la casa a 20.000 petroleros con la complicidad de la burocracia sindical cobrando la tercera parte de su sueldo), pero con los precios actuales se acelera muchísimo.

Cuando sube el precio de los combustibles esto recae en el bolsillo del pueblo y aceleran la inflación. Las empresas que dominan el ranking del fracking son lideradas por YPF, y se van intercambiando en cuanto al control de la producción de gas y petróleo, repartiéndose entre la francesa Total Austral,  Exxon Mobile (yanqui), Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni con ingleses,  Tecpetrol de Paolo Roca/Techint, la angloholandesa Shell, la yanqui Chevron o Vista Oil&Gas del kirchnerista Miguel Galuccio (quien fue CEO de YPF cuando se votó la ley Chevron). Todas involucradas en primera fila de la contaminación con la emisión de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que empuja el efecto invernadero.

Para terminar con el saqueo y la crisis de YPF exigimos la recuperación de la totalidad de las reservas de hidrocarburos, la re-estatización total de YPF y de toda la industria hidrocarburífera y minera bajo control de los trabajadores y respetando a las comunidades originarias.

Escribe José “Pepe” Rusconi

La Plata y su región es conocida por particularidades que la hacen especial e interesante pero, también hay otras que, desgraciadamente, son para lamentar. Nos referimos a las inundaciones. La más grave fue el 2 de abril del año 2013 que dejó, por lo menos, 89 víctimas fatales además de la terrible pérdida económica y afectiva que sufrimos los sobrevivientes.

Pero, como si fuera una broma macabra, también nos afecta la falta de este líquido vital para la vida. La escasez se agudiza cada vez más por la falta de suministro de agua de red que debería entregar la empresa ABSA en la cantidad y calidad adecuada. Esta empresa que pertenece en un 90% al Estado provincial siendo el 10% restante del sindicato (SOSBA) y que debe abastecer a 52 municipios de la provincia de Buenos Aires, no solo de agua, sino también de servicios cloacales, siempre fue blanco de quejas y denuncias por el creciente estado de abandono y falta de inversión que se viene dando año a año.

Este verano sufrimos por la falta de agua o por un suministro de color dudoso que se tornaba intomable. Fueron muchos los reclamos y las manifestaciones de protesta en los diferentes barrios de la región.
Desde la coordinadora regional BFS, levantamos ese reclamo y nuestra marcha pasó por las oficinas de esa empresa donde dejamos testimonio de las quejas con carteles y bidones con agua marrón.
Pero no solo se trata del agua de la red de ABSA, también se trata del agua de los arroyos que pasan por la ciudad y terminan en el Río de la Plata desde donde esta empresa toma el líquido que debería purificar y entregar como corresponde a los usuarios de la región.
Por ejemplo, el Arroyo Rodríguez ha sido motivo de grandes movilizaciones de protesta vecinal. En ellas los vecinos reclaman un “Arroyo Rodríguez limpio y vivo”. Hoy está contaminado por desechos del Frigorífico Gorina y de los country Gran Bell y Lomas de City Bell. Cabe destacar que en estos dos barrios cerrados viven empresarios y políticos como el Intendente de La Plata de Juntos por el Cambio Julio Garro y la funcionaria nacional Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos.

Estas situaciones se solucionan con obras: desagües para el drenaje de la lluvia y espacios verdes para la absorción del exceso y prevención de las inundaciones; obras para remediar y evitar la contaminación del agua que necesitamos para el consumo; obras para reemplazar caños de distribución de agua potable a las viviendas; obras para que los desechos cloacales sean tratados como corresponde y no que los terminemos bebiendo.

Para esto necesitamos presupuesto, una nueva gestión en las empresas de servicios y que los organismos Estatales controlen que las empresas o los barrios privados inviertan en el cuidado del ambiente.
El presupuesto está, debemos direccionar los fondos públicos dejando de pagar la deuda externa y llevar ese dinero para satisfacer las necesidades populares: trabajo, salud, vivienda, educación. En relación a ABSA, debe seguir siendo estatal pero debe contemplar la participación de sus trabajadores y usuarios en la gestión de la misma. Nadie más interesado en brindar un servicio como derecho humano a la población que sus mismos trabajadores y los que necesitamos el agua con la calidad necesaria para usarla todos los días. Por otro lado las instituciones de control como el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la Autoridad del Agua y los Municipios deben obligar a las industrias y a la especulación inmobiliaria a que traten sus desechos para que no se vulneren los derechos.
Estos cambios los obtendremos a partir de la movilización y de la organización independiente de los propios vecinos. No caigamos en los cantos de sirena de gobiernos provinciales y municipales que sólo priorizan los intereses empresariales, de los bancos y de la especulación inmobiliaria.

Por Armando Aligia, Ambiente en Lucha Bariloche

El comienzo de marzo, nos sorprendió con un nuevo incendio de bosques en la zona cordillerana de Chubut y Río Negro y en esta oportunidad de interfase (que afecta también viviendas) resultando hasta ahora en el lamentable saldo de tres muertes y más de 400 casas quemadas. Incluyendo  el incendio que comenzó a fines de enero en el Bolsón se han quemado más de 40 mil hectáreas de bosque. Hubo focos de incendio simultáneos en varias localidades (Golondrinas,  Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén,  Epuyén, Cholila) por lo que se presume que el incendio fue intencional.  Las asambleas ambientalistas argumentan con fundamento que sectores ligados a las megamineras originaron el incendio para suprimir emprendimientos productivos de la zona como la fruta fina en la comarca (sector cercano a la frontera interprovincial) o la ganadería en Cholila (más al sur, en Chubut). El senador de Río Negro Alberto Weretilneck culpabilizó irresponsablemente a “sectores mapuches radicalizados”,  lo que fue repudiado por ambientalistas y organismos de derechos humanos.

Más allá de la intencionalidad, los incendios en la zona son frecuentes en los veranos secos y las graves consecuencias se deben a la falta  de recursos dedicados a prevenir y combatir los incendios. En la zona de Bariloche en 1996 tuvimos varios incendios que afectaron la zona del Cerro Catedral, el río Manso y el lago Guillelmo, originados por fogones mal apagados y que quemó unas 20 mil hectáreas. Muchos  vecinos de la ciudad hemos colaborado como voluntarios ayudando a los bomberos y construyendo cortafuegos.  Esto fue una advertencia y se contrataron al año siguiente aviones hidrantes canadienses que capturaban agua de los lagos y la arrojaban contra los incendios, lo que hizo que en los veranos siguientes la situación mejorara.

Sin embargo, en febrero de 2015 otro incendio en la comarca destruyó más de 40 mil hectáreas de bosque.  La descripción se encuentra en un artículo de Rodolfo Sánchez y Agustín Gigli en El Socialista (https://izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/12656-fuego-en-la-patagonia). En esa oportunidad, ya los trabajadores habían denunciado graves falencias estructurales por parte del estado: poco personal destinado a la tarea además de estar precarizados, carencia de verdaderos aviones hidrantes en el territorio nacional, desfinanciamiento de la Ley de Bosques y falta de planes y obras permanentes, como la disminución de material combustible durante la temporada baja de incendios (momento en que se dan de baja los contratos). La respuesta del gobierno de Cristina Kirchner fue lanzar un ataque contr esos trabajadores.
Hoy la situación no ha cambiado. Mientras que en 2012 Cristina anunció que se contaría con 26 aviones hidrantes, en estos incendios actuaron tres aviones fumigadores reformados.

Ante la falta de recursos humanos y materiales, los vecinos debieron hacer varias colectas para buscar distintas herramientas para combatir el fuego y actuar como voluntarios. Articularon los esfuerzos con los bomberos, brigadistas y trabajadores de distintos organismos  responsables, centralizando donaciones, alimentos, suministros de agua enfriada, insumos, herramientas, y haciéndolos llegar a la primera línea de combate mediante un complejo sistema de postas a través de la montaña.  Al mismo tiempo enviaron una carta al presidente exigiendo los recursos necesarios para combatir los incendios.

Desde Ambiente en Lucha  e Izquierda Socialista de Río Negro en el FIT Unidad también hemos exigido que se pongan todos los recursos nacionales y provinciales para terminar de apagar el fuego (mientras estaba activo) de manera inmediata y reparar todos los daños causados, empezando por las viviendas que se han quemado.  En particular el comunicado manifiesta que “El gobierno del Frente de Todos destina en el Plan Nacional de Manejo del Fuego un presupuesto de 682 millones de pesos, varias veces menos que el gobierno del centroderechista Piñera en Chile. Solo se ponen 25 pesos por año para proteger una hectárea de bosque nativo, 1.000 veces menos que la media internacional. Todo esto ocurre cuando el 1 de febrero de este año se pagaron 300 millones de dólares de deuda externa.”
La muy escasa ayuda del gobierno nacional es la causante  del enojo de muchos vecinos,  que ante la reciente visita del presidente Alberto Fernández a la zona, han reaccionado repudiando su presencia.

Allí,  varios asambleistas contra la megaminería fueron agredidos por patotas de la Uocra, quienes recibirían una parte de las regalías de la megaminería de acuerdo a las promesas del  gobernador de  Chubut, Arcioni. Varios manifestantes fueron detenidos y luego liberados, y actualmente hay 12 procesados. La represión y el procesamiento es una de las armas favoritas de Arcioni para perseguir a los ambientalistas.  Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista en el FIT Unidad ha repudiado esta persecución.
Una vez más los gobiernos privilegian el pago de la deuda externa a las necesidades elementales para la defensa de un ambiente sano.

(versión ampliada y actualizada de lo publicado en El Socialista N° 491, 9 de febrero de 2021)

Escribe Rodolfo Sánchez, Izquierda Socialista Bariloche

Un incendio forestal de enormes proporciones consumió a lo largo de dos semanas más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en la zona de El Bolsón, destruyendo a su paso  viviendas, galpones y matando muchísimos animales.
Al contrario que otras regiones del país, los meses de verano son la estación seca en la zona Andina patagónica. Las altas temperatura que superan los 30 grados, la bajísima humedad ambiente y el viento, son una combinación fatídica para la propagación del fuego.
En 2020, bajo este mismo gobierno de Alberto Fernández con su ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié y su secretario Sergio Federovisky, se quemaron aproximadamente 900 mil hectáreas en 22 provincias argentinas. Los incendios más resonantes y que duraron meses fueron a lo largo del río Paraná, afectando 300 mil hectáreas. Otra cantidad similar se dio en las sierras de Córdoba.

Para 2020 el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego tuvo asignado 8.7 millones de dólares de presupuesto, una suma ridícula si se tiene en cuenta que el costo para remediar los daños producidos por los incendios (aproximadamente 1% del PBI) ronda en los 4.000 millones, aunque el relato oficial es que los incendios fueron consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

En la Plaza Pagano, los vecinos de El Bolsón se autoorganizaron y recibieron donaciones para asistir a los brigadistas y bomberos voluntarios que en Río Negro hace años luchan por tener una ART. El Intendente Bruno Pogliano (del partido provincial Juntos Somos Río Negro), más preocupado por el turismo, los negocios inmobiliarios y fiel lacayo del magnate Lewis, presionado por las llamas que están cerca del Barrio Unión, pidió al gobierno nacional que enviara más recursos. El mismo Cabandié contestó que ya mandaron todos los recursos disponibles, o sea tres aviones, tres helicópteros y 101 brigadistas. Una triste realidad, sumada al relato durante el gobierno de Cristina Fernández de que estaban comprando 26 aviones hidrantes para combatir los incendios forestales. La gobernadora Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro) acaba de declarar la emergencia. “Desde 1964 no se veían estas condiciones meteorológicas excepcionales”, dijo. Una falacia completa, porque los incendios en la zona andina patagónica son siempre probables en verano por sus altas temperaturas y baja humedad. Simplemente recordemos las 15 mil hectáreas quemadas en Bariloche durante 1996, con Menem como presidente y María Julia Alsogaray en medio ambiente.

Gobierno tras gobierno se escudan en situaciones climáticas excepcionales y veraneantes imprudentes, pero lo concreto es la falta de presupuesto, medios y recursos materiales y humanos para prevenirlo, ya que los pocos brigadistas que hay suelen tener situaciones de trabajo precarizadas a través de contratos temporales.

¡Basta de que se tiren la pelota entre los distintos gobiernos! ¡El gobierno nacional, el provincial y municipal deben poner todos los recursos necesarios en la emergencia para frenar el fuego!

Escribe Marcela Martín. Delegada de Ate e integrante de la Asamblea Ambiental de Santa María y de Ambiente en Lucha.

La Argentina en plena pandemia sanitaria y social, nos encuentra con la resistencia de los pueblos de distintas regiones defendiendo la vida y la naturaleza. El gobierno de Alberto Fernández alienta el extractivismo y el saqueo, política que los gobernadores ejecutan en total acuerdo, en beneficio de la ganancia de empresarios y multinacionales. En este marco, en varias provincias se desarrollan luchas en defensa de sus territorios y economías regionales desde organizaciones de base asamblearias.
La provincia de Córdoba padece desde hace 20 años el peronismo sojero y desmontador.  Lapso en el cual se han desarrollado grandes luchas contra esas políticas y hoy, entre otras, se desarrolla la que se opone a la Autovía de Montaña, con un trazado de 47 kilómetros de extensión, desde el Dique San Roque hasta La Cumbre. Todo esto está en el marco del proyecto bioceánico del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

El proyecto ya intentó concretarse en 2018, pero la férrea organización territorial en el Valle de Punilla en una Coordinadora de Asambleas lo impidió. Se utilizaron todos los medios de organización y lucha, llegando a la histórica audiencia pública que durante ocho días nos tuvo presentando nuestros argumentos económicos, culturales, antropológicos, turísticos, sanitarios y biológicos en defensa del bosque nativo, que incluían también la recuperación del tren como factor central del desarrollo regional.

A dos años de esa experiencia, en diciembre de 2020 Schiaretti volvió a arremeter con el proyecto pendiente, que corre la traza al oeste de la Ruta 38 con un presupuesto de 100 millones de dólares, obligando a los vecinos del Valle de Punilla a retomar la lucha. El argumento de Schiaretti es que escuchó a los vecinos que reclamaban:”no por el Este”. La legislatura de Córdoba aprobó las expropiaciones, aunque Asambleas y distintas organizaciones nos manifestamos frente a la legislatura repudiándolo.
La obra pública es el centro de la campaña del gobierno, también fuente de inmensos negocios inmobiliarios favorecidos por los incendios que en 2020 ocasionaron la quema de más de 300.000 hectáreas.

Hace unos días presentamos un petitorio con más de 2.000 firmas al gobernador, un pedido de audiencia pública presencial al aire libre y una copia a la Comunidad Regional del Valle de Punilla. Ya estamos con cada asamblea en nuestros pueblos explicando los detalles y el trasfondo de la obra a los vecinos, dado que se intenta instalar que el progreso y el alivio del tránsito llegarán con esta monumental obra.

El gobierno oculta que se destruirán los reservorios de agua de la cuenca del Valle y las reservas naturales. Nada dice de la falta de agua potable de la región donde la crisis hídrica lleva años y las plantas potabilizadoras esperan la inversión que no llega. Niega el desmantelamiento de la atención sanitaria en el Hospital Domingo Funes con la mayoría de su personal precarizado. Comenzaron las clases presenciales y todavía hay escuelas sin terminar, aulas sin habilitar y con faltante de bancos. Los salarios del personal sanitario y de la educación con una pérdida del 30% también son ignorados. Lo que es  necesario, en vez de la autovía, es inversión en el ferrocarril para uso de la población del Valle y para capitalizar aún más su función turística sin afectar el ambiente.

Ya lo sabemos, lo vivimo y lo aprendimos: solo con la unidad y coordinación podremos  torcer el brazo al gobierno de Schiaretti y de Fernández, socios en la política saqueadora y contaminante. La lucha continúa. Los gobiernos patronales saben que no bajaremos los brazos.

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