Escribe Joel Rojo

En medio de una crisis económica agravada por el coronavirus, y con una deuda que sobrepasa los 160.000 millones de pesos, de la cual el 95% es en dólares, el gobierno de Córdoba pretende hacerle pagar las consecuencias al pueblo trabajador. Así lo expresó su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al declarar: “No sabemos si podremos pagar en tiempo y forma los sueldos y las jubilaciones de abril”. 

En el marco de los roces que tiene con el gobierno nacional, Schiaretti resolvió emitir un título de cancelación de deuda para los proveedores por 9.000 millones de pesos. En los hechos, una emisión de moneda encubierta. Esto lo utiliza también como chantaje al gobierno nacional para que pague los 16.000 millones de pesos de deuda atrasada por el déficit de la caja de jubilaciones y le envíe un plus de ayuda por la caída de 24% de la coparticipación y de la recaudación provincial, que ya venía cayendo desde hace varios meses y que ahora se agudizó con la pandemia. 

El Ejecutivo nacional ya resolvió destinar 120.000 millones de pesos a repartir entre todas las provincias a lo largo del año, tratando de evitar que aparezcan los bonos provinciales, con los que amenazó Schiaretti si seguía cayendo la recaudación. Los cordobeses que ya supimos cobrar sueldos en Cecor y Lecor conocemos los problemas y las pérdidas que traen estas cuasimonedas. 

Pero el gobernador también advirtió que si esa “asistencia” no alcanza, va a rebajar los sueldos de los empleados del Estado y postergar el pago de las jubilaciones.

Cualquiera de estas medidas perjudican a los trabajadores. Pero la rebaja salarial sería un golpe brutal a los sueldos que, por la continua claudicación de la burocracia sindical, están por debajo de la indigencia (becarios, pasantes y monotributistas) y de la canasta familiar (la mayoría de los empleados públicos, enfermeras y docentes). Esto también afectará a los municipios que dependen de la coparticipación provincial

Todos estos trabajadores y trabajadoras se deben organizar para luchar contra este ajuste en medio de la cuarentena, dejando de dar clases por deudas salariales, como lo están haciendo las docentes municipales de Córdoba capital y los choferes de Aoita. La consigna debe ser: ningún recorte a los trabajadores del Estado ni postergación al pago de los jubilados. No a los bonos basura. ¡Aumento de emergencia ya!

El peronismo es responsable de esta situación porque gobierna la provincia desde hace veinte años, con la complicidad del radicalismo y toda la burocracia sindical. ¡Es mentira que no hay plata! Ante la crisis, hay que terminar con todas las exenciones impositivas a las grandes empresas, dejar de pagar la deuda externa provincial y crear un fondo de emergencia, imponiendo un impuesto extra a las grandes empresas, clínicas privadas, bancos, latifundios y exportadoras. Y también a las grandes fortunas, como los Urquía, los Nores Martínez, los Allende y tantos otros. ¡La crisis deben pagarla los capitalistas. No los trabajadores!