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¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó la semana pasada su propuesta de renegociación de la deuda externa para los bonos en dólares y euros bajo legislación extranjera. Antes de la explicación técnica del ministro Guzmán hubo una serie de afirmaciones políticas del presidente, que habló flanqueado por su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. 

Alberto Fernández enfatizó que “no se puede pagar en este momento”. Esto, sin duda, ha sido visto por muchos con simpatía y esperanza. Lo observamos charlando con compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares. Y es lógico que lo sea, efectivamente, y lo venimos diciendo desde hace muchísimo, la deuda es impagable, y hoy, donde necesitamos hasta el último centavo para salvar vidas ante la pandemia del coronavirus, destinar ese dinero a los pulpos acreedores es un auténtico crimen. 

Los economistas y periodistas oficialistas han insistido en que la propuesta presentada por el gobierno es “durísima” ante los acreedores y que está planteada en términos de “tómelo o déjelo”, por lo que no habrá ningún retroceso.

Lamentablemente no es así. Veámoslo detenidamente: se plantea una reducción del capital de la deuda a renegociar de 5,4% (3.600 millones de dólares). Apenas una semana antes, los trascendidos eran que la quita de capital no iba a ser menor a 15%, pero a último momento se la redujo a fines de dar una señal “negociadora” a los acreedores. 

La quita de intereses sí es importante (62%), aunque partiendo de tasas de interés astronómicas, las más altas del mundo. La propuesta planea canjearlas por otras que, en promedio, serán de 2,33% anuales en dólares. Seguirán siendo altísimas, ya que las tasas internacionales mundiales están casi todas entre 0% y 0,5 por ciento.

El gobierno propone un período de gracia (tiempo durante el cual no se paga nada) de tres años (2020, 2021 y 2022). En todos los discursos previos se hablaba de “cuatro años”, y ahora aparecen tres. Nuevamente, como guiño a la negociación con los acreedores. 

Muchas preguntas quedan sin responder. ¿Durante los tres años que no se paga nada se acumulan los intereses y entonces eso multiplica la deuda? ¿Habrá, además, algún cupón o pago extra, como deslizó algún funcionario del gobierno, que se pagará cada vez que el país crezca (parecido al actual “cupón PBI”)? ¿Se realizará algún pago en efectivo inicial para “endulzar”, como se dice, a los acreedores? Y, sobre todo, ¿el gobierno está dispuesto a “mejorarles” la oferta a los pulpos pagándole más de intereses o de capital, o acortando los plazos?

Se trata, en definitiva, de la pregunta de si esta es, de verdad, la propuesta “última del gobierno” o apenas un primer planteo para luego ceder en las negociaciones, como todo parece indicar.

“Gobierno presentó oferta. Bonistas la rechazan. Empieza el póker mentiroso”

Así tituló Ámbito Financiero el 21/4. El editorialista, Carlos Burgueño, agregó: “El primer mentiroso son los bonistas, que aseguran que de ninguna manera aceptarán la oferta. El segundo es el propio gobierno, que afirma que la propuesta es inmejorable”. 

Es que, apenas se dio a conocer la propuesta, sucedieron dos cosas contradictorias: por un lado, los grandes pulpos que concentran a la mayor parte de los bonos (Greylock Capital, Blackrock, Fidelity, Ashmore, Pimco, Alliance Bernstein)  rechazaron de plano la oferta. Pero al mismo tiempo, el riesgo país (que marca la probabilidad de que la Argentina entre en cesación de pagos) bajó de 4.000 a 3.400 puntos y los precios de los bonos, que estaban por el piso, subieron 10 por ciento. Esto último expresa lo que dijeron muchos consultores del establishment, la propuesta del gobierno fue más “suave” de lo que se esperaba. Y hay muchísimos “guiños” por debajo de la mesa de que se puede “mejorar” mucho más. O sea, que los pulpos acreedores, si aprietan, tienen reales condiciones de terminar cobrando más y antes. Por eso se habla de una partida de póker: el gobierno “se hace el duro” pero está dispuesto a ceder; los pulpos acreedores “se hacen los enojados” porque saben que así van a obtener más.

Como sea, lo que sí es un hecho es que este “canje” de bonos será con una quita mucho menor que la que hicieron Kirchner y Lavagna en 2005. Recordemos que, en ese momento, se nos vendió que el problema de la deuda “ya estaba resuelto” y que “nos habíamos desendeudado”, lo que luego se probó rotundamente falso.

 ¿Se soluciona con esto el problema de la deuda?

No sabemos cómo va a terminar este capítulo de la deuda. El gobierno se vio obligado a ir a esta renegociación porque, efectivamente, no tiene el dinero para cumplir con todos los vencimientos. Pero su política no es romper y no pagar, sino todo lo contrario. Advertimos entonces que, más allá de los discursos, está dispuesto a seguir cediendo frente a los acreedores. Y cada cosa que se cede son millones de dólares menos para resolver la urgencia de la pandemia y las necesidades populares. 

Aclaramos también que con esto ni siquiera se despeja el total de los vencimientos de deuda de corto plazo. Todavía quedará pendiente la negociación con el FMI por los 49.000 millones de dólares que se le deben. Y un sinfín de vencimientos de otros bonos, con legislación local, o de las provincias, que no entraron en esta negociación.

Entendemos que haya muchísimos compañeros que recibieron con expectativa lo que dijo el presidente Fernández. Coincidimos en que vean con buenos ojos el planteo de que la plata ante la emergencia debe ir para salud o resolver la crisis social, y no para los pulpos acreedores. Pero, lamentablemente, tenemos que advertir que estamos ante un nuevo proceso de “renegociación” de los muchos que ya vimos en años anteriores. Y que, al final, lo que termina pasando es que la deuda externa sigue creciendo y cada vez terminamos pagando más. 

Por eso tenemos que insistir en lo que siempre sostuvimos desde la izquierda: no hay salida sin declarar el no pago de la deuda. Estamos ante una oportunidad inmejorable para, debido a la emergencia, dejar efectivamente de pagarle, tanto a los pulpos acreedores privados como también al FMI, que vendrá por “sus” 49.000 millones de dólares. La deuda es no solo ilegal, sino inmensamente inmoral, más aún en estos tiempos de pandemia.