Escribe José Castillo

Nadie duda que estamos ante una emergencia. Se necesita con urgencia duplicar el monto que se está destinando a la pandemia. Se requiere tanto para atender las demandas sanitarias (más equipos, más insumos, más hospitales, más trabajadores de la salud con mejores salarios y todos los elementos de protección), como también la crisis social que se ha profundizado en estas semanas (más comida en los barrios populares, dinero para los que han perdido sus ingresos, etcétera). Nuestra posición es clara, se requiere un fondo de emergencia financiado sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas y a las ganancias de los grupos económicos más importantes.

Con respecto a esto último, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado una propuesta: un impuesto de 10% a los cincuenta principales millonarios del país y a las veinte empresas que más facturan. El gobierno hace semanas que también viene planteando un proyecto de impuesto a la riqueza, aunque mucho menos riguroso que el nuestro. Venimos sosteniendo que, más allá del debate de cuál es el mejor para la actual coyuntura, lo importante es que se efectivice ya, que no quede en el mero discurso.

Pero la realidad es que siguen pasando los días, la necesidad de los fondos aumenta y el proyecto va y viene. El gobierno primero argumentó que tenía que “coordinar”  y “unificar” diferentes propuestas de diversos legisladores oficialistas. Luego la discusión derivó en que no se podía “hacer por decreto” ya que todo lo impositivo tiene “necesariamente” que pasar por el Congreso. Ahí se desató una auténtica comedia de enredos, en la que sin duda aportaron los legisladores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Se abrió la discusión bizantina de si es válido sesionar en forma virtual o hay que hacerlo indefectiblemente de manera presencial. Se llegó al ridículo de decir que había que hacer una primera y única sesión presencial al solo efecto de cambiar el reglamento para que entonces fuera válido sesionar virtualmente. Por si todo esto fuera poco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer una consulta a la Corte Suprema sobre la validez de las sesiones virtuales, que la Corte respondió diciendo que no era pertinente la pregunta (en concreto, que primero se realice la sesión virtual y luego la propia Corte vería si había sido legal o no). Finalmente, se acordó una salida “mixta”, en parte presencial y en parte virtual, a realizarse recién la semana próxima.

¿A dónde va todo esto? Es evidente que las grandes patronales y los propios multimillonarios involucrados están haciendo lo imposible para que no se les aplique impuesto alguno. Para eso embarran la cancha con la inestimable ayuda de la oposición patronal y los jueces. El objetivo es que el tema se alargue y, finalmente, no se trate nunca. El gobierno, por su parte, tampoco hace demasiado por acelerar las cosas.

Queremos ser claros, es absolutamente falso el argumento de exigir el funcionamiento del Congreso en defensa de “la democracia”. La verdadera intención detrás de todo esto es postergar todo lo posible y de ser posible que no se apruebe ningún impuesto a los ricos. Por otra parte, aun cuando el Parlamento llegara a reunirse, ¿qué saldría de allí? Tenemos miles de ejemplos de para quién juega esa cueva de bandidos. Cada vez que se reunió el Congreso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad intervenimos denunciando a los partidos patronales y planteando nuestras propuestas alternativas. Pero no guardamos ninguna expectativa de que de esa “deliberación” de políticos patronales salga algo a favor de los trabajadores.

Esto no quiere decir, tampoco, que le demos un cheque en blanco a Alberto Fernández para que gobierne por decreto. ¡Por supuesto que no aprobamos que se gobierne por DNU! Sabemos que este gobierno, y todos los del mundo, utilizan la pandemia y la cuarentena como excusa para actuar, ahora y siempre, contra los trabajadores. Y que incluso, cuando emiten alguna resolución que aparentemente “favorece” a los trabajadores, como el DNU que prohíbe suspensiones y despidos, dejan espacios para que sea violado por las patronales junto a la burocracia sindical, para que después el Ministerio de Trabajo homologue esos acuerdos.

Por eso insistimos, no tenemos que caer en la trampa de la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo por sus decretos. Nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos. Ni en ninguna otra institución patronal, como la Justicia (tal como lo podemos ver en la intervención en el tema de la Corte Suprema). Solo creemos en la fuerza de la movilización y las exigencias del pueblo trabajador. Esta es la única presión que puede obligar al gobierno a que, por el mecanismo que fuere, salga el impuesto a los ricos. No nos importa la forma, sino el contenido. ¡Basta de dilaciones! Que se imponga ya mismo que las grandes fortunas y empresas tengan que poner su plata para financiar un fondo de emergencia ante la pandemia. Que esta crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.