Escribe José Castillo

Se suele escuchar de parte de referentes políticos de la oposición de Juntos por el Cambio, dirigentes patronales o economistas del establishment que el problema del gobierno de Alberto Fernández es que “no tiene un plan económico”. Más aún, todos acuerdan en que “lo fundamental es arreglar con los acreedores y pagar la deuda”. Pero insisten en que, una vez terminado ese momento de negociación, el gobierno peronista debe poner en marcha dicho “plan”.

Esto puede confundir a muchos compañeros. ¿Existe o no un plan económico del gobierno? Si existe, ¿es sustancialmente distinto del de Macri? ¿Y del de Cristina? ¿Qué es exactamente lo que reclaman los políticos patronales opositores?

Hay un plan en curso

Vamos por partes. Es mentira que “no hay un plan económico”. Este plan existe y se está ejecutando. Más allá del doble discurso progresista, cuando vamos a los hechos, se trata, sintéticamente, de ajustar a los trabajadores y demás sectores populares, sostener las ganancias de los empresarios y garantizar los pagos de la deuda externa. 

A los jubilados les anularon los incrementos de marzo y junio, que fueron reemplazados por “aumentos por decreto”, donde finalmente todos terminaron perdiendo. Los trabajadores activos tienen todas las paritarias suspendidas, por lo que no recuperan lo perdido en 2020. Y a esto se le suma que muchos sectores, tras el acuerdo entre la UIA, la burocracia de la CGT y el gobierno, verán reducidos sus salarios 25 por ciento. 

Agreguemos la oleada de despidos (300.000 aproximadamente) y suspensiones con trabajadores cobrando el 50%, o aún menos, de sus sueldos. 

Los que se quedaron sin ingresos por la cuarentena apenas si tienen como compensación el miserable IFE de 10.000 pesos por grupo familiar. 

Del otro lado tenemos a los empresarios. Para ellos sí hay subsidios, préstamos a tasa cero y nóminas salariales pagadas por el Estado. Y a esto hay que sumarle los pagos  de deuda externa: el gobierno de Fernández, apenas asumió, apartó 4.500 millones de dólares de las reservas y los fue utilizando en estos meses para ir cubriendo distintos vencimientos. 

Algún compañero podrá preguntarse ¿cómo se condice esto con los grandilocuentes discursos de Alberto Fernández en los que nos prometió “prohibición de los despidos”, “impuestos a los ricos”, “soberanía alimentaria expropiando Vicentin” y, en general, “priorizar a los jubilados y trabajadores antes que a los acreedores externos”. A esto nos referimos exactamente cuando decimos “doble discurso”. Y, en este aspecto, se parece también a otro “plan económico”, el que ejecutó Cristina Kirchner hasta 2015.

Los despidos están formalmente “prohibidos”, pero centenares de miles de compañeros perdieron sus puestos de trabajo, increíblemente con el aval del mismísimo Ministerio de Trabajo. El “impuesto a los ricos” fue anunciado por Alberto Fernández hace más de cien días y sin embargo ni siquiera presentaron el proyecto en el Congreso. La “expropiación de Vicentin” duró menos de una semana, ya está totalmente archivada. Y sobre la deuda externa ya ni siquiera disimulan, dicen a quien lo quiera escuchar que han cedido millones de dólares y que están jugados a cerrar la negociación y empezar a pagar los próximos vencimientos en 2021.

¿Cuál es, entonces, el plan que reclama el establishment?

Ciertamente, van por más. Las patronales nacionales y extranjeras, el propio FMI, el imperialismo, insisten con lo mismo que, desde siempre, vienen planteando. Lo que le exigían a Macri, y ahora a Fernández. Que para garantizar la continuidad de las superganancias empresarias y para que existan los fondos para pagar los millonarios vencimientos futuros de deuda hay que avanzar en lo que ellos llaman “reformas estructurales”. Estas son: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal. Traducido, liquidar definitivamente las jubilaciones, reventar del todo los convenios colectivos y la propia Ley de Contrato de Trabajo pasando a un sistema ultraflexibilizado, donde todo el mundo trabaje como hoy se hace en Vaca Muerta, o como lo hacen los repartidores de Rappi o Glovo y ajustar más aún en educación, salud y planes sociales.

¿Se implementará semejante programa? En una reciente entrevista el ministro Martín Guzmán dijo, ante representantes del FMI y el Banco Mundial, que él está “abierto” a discutir reformas estructurales. La burocracia de la CGT, en reuniones con las cámaras patronales, también ha sostenido que la “modernización” de las relaciones laborales (así las llaman) es una idea interesante y que no hay que “cerrarse” a debatirlas. En los próximos meses comenzará la renegociación de la deuda con el FMI, que insistirá en que su contrapartida a acordar con la Argentina será que el gobierno se comprometa a poner en marcha dichas reformas. Y todos van a poner como excusa que se debe avanzar en ese sentido por la “situación de emergencia” en que va a quedar el país cuando se acabe la pandemia. 

Por otro plan económico, para atender a la emergencia

Como siempre, el único “límite” al ajuste lo pondrán los trabajadores con sus luchas. Por eso tenemos que pelear ahora mismo contra los despidos y las suspensiones, contra las rebajas salariales y contra los intentos de flexibilización usando a la cuarentena como excusa. Del mismo modo que, como ya pasó en el pasado, tendremos que salir a luchar con todo si se intenta avanzar con las reformas “estructurales” citadas.

Porque, efectivamente, hace falta un nuevo plan económico. Pero es el opuesto, tanto al que se está ejecutando como el que reclaman las patronales. Lo que hace falta es un plan de emergencia que ataque las dos pandemias. Donde la plata salga de un impuesto a las grandes riquezas y del no pago de la deuda externa. Para que todo ese dinero vaya directamente a resolver tanto la emergencia sanitaria como las más urgentes necesidades de trabajo, salario y comida para el pueblo trabajador.