Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop
En todo este período del coronavirus ha quedado demostrado que solo con la lucha hemos conseguido avances en favor de la salud de la población y de nuestra protección individual, obligando a las patronales estatales y privadas a adoptar medidas y mejorar los protocolos de seguridad. Hemos denunciado hasta el cansancio el deterioro de los hospitales y de la salud pública en general, al que han llevado las políticas de los sucesivos gobiernos patronales en favor de los mercaderes de la salud privada. Ese es uno de los principales motivos por los que, a pesar de los tremendos esfuerzos de los trabajadores de la salud, estamos lamentando tantas víctimas.
Consecuentes con esto, necesitamos darle continuidad a las movilizaciones que se vienen realizando en todo el país. Apoyamos la Jornada Nacional de Lucha autoconvocada para el día 1° de octubre. Para fortalecer esa movilización, y las muchas que van a seguirla, necesitamos realizar asambleas en los lugares de trabajo, generando instancias de coordinación locales y nacionales para llevar al triunfo nuestra lucha, que es por el reconocimiento profesional de la enfermería, aumento de salarios, desprecarización laboral, licencia para los trabajadores en riesgo y más presupuesto para la salud. En ese camino, enfrentamos los planes de ajuste ordenados por el FMI aplicados por los gobiernos de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos.
Superamos la barrera de los 700.000 contagios y los 15.000 muertos
La pandemia no da tregua. Aunque las autoridades del gobierno del Frente de Todos informan que en el AMBA las estadísticas muestran una línea de meseta, los números continúan muy altos. Preocupa que no se haya conseguido revertir la curva ascendente, ya que ahora los contagios aumentan de forma alarmante en el interior del país y el sistema de salud está al borde del colapso. Los últimos datos indican que pasamos la barrera de los 700.000 contagios y superamos los 15.000 muertos.
Son números muy altos después de seis meses de una cuarentena prácticamente levantada por el propio gobierno, que insiste en su tesis de que la circulación viral es responsabilidad individual de cada uno. Pero es el gobierno el principal responsable del fracaso de la cuarentena. Permitió junto a las grandes patronales la apertura apresurada de sectores económicos, la mayoría de las veces sin aplicar rígidos protocolos de funcionamiento. También es responsabilidad del gobierno peronista no haber realizado testeos masivos desde el comienzo y el seguimiento de los contagiados para acompañar su evolución, como no dar recursos económicos suficientes a los sectores de trabajadores autónomos y en negro que debieron romper su aislamiento social para garantizar su sustento. Por eso no se consigue invertir la curva.
Estas cifras son peores si consideramos que existen casos que han quedado por fuera de las estadísticas. Es lo que demuestra el “sinceramiento” efectuado por el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires de Kicillof, donde se habían dejado de registrar 3.583 muertos, algo que debería ser actualizado a nivel nacional, lo que seguramente acrecentará el número total de víctimas. Lo grave es que en estos días se han disparado las cifras en el interior, llegando a superar el número de contagios del AMBA. Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza colocaron el alerta. Por primera vez en un corto período, el interior, con 5.852 positivos, totaliza el 53% de los casos, superando al AMBA, que con 4.480 casos registró el 43% con el sistema de salud colapsado en varias ciudades.
Los trabajadores de la salud muestran el camino
En este marco, el gobierno no hizo todos los esfuerzos suficientes para superar la pandemia y quienes más sufren las consecuencias son los propios trabajadores de la salud. Por eso fue tan fuerte la jornada de lucha desarrollada el 21 de septiembre por el sector de enfermeras y enfermeros. Como muy bien expresó ese día nuestro compañero Pablo Candia, delegado de Cicop del hospital Posadas: “El gobierno privilegia los intereses de las corporaciones privadas de la medicina y a los trabajadores de la salud pública nos deja abandonados [...] El aumento de camas de terapia intensiva no basta, porque faltan recursos humanos para atenderlas […] Denunciamos también que las ART no cuidan la salud de los trabajadores, otorgan el alta a compañeros sin estar recuperados totalmente. Exigimos aumento salarial ya, basta de precarización. Incorporación de personal […]”
La jornada del 21S fue nacional y una importante referencia de la lucha en defensa de la salud pública. Lamentablemente, además de luchar contra las medidas del gobierno nacional y de los provinciales, recibiendo palos como los que nos propinó Larreta, de Cambiemos, en CABA, hemos tenido que enfrentar las traiciones de la burocracia sindical, por eso las luchas han sido autoconvocadas, independientes de los aparatos sindicales burocráticos. Fue el caso de Misiones, donde han tenido que enfrentar a las burocracias de ATE y UPCN, cómplices de la destrucción de la salud pública que apoyan gobiernos que siguen las instrucciones de organismos internacionales como el FMI. En esa provincia, la mayor parte del presupuesto de salud del gobierno peronista va a parar a manos privadas, mientras que la salud pública recibe las sobras, aunque tiene que atender a la mayoría de la población. Por eso una enfermera con veintiocho años de servicio recibe miserables 30.000 pesos de salario y, de conjunto, todavía no cobraron el bono de 5.000 pesos. Ese es el panorama de una de las primeras líneas del combate al Covid-19.
Estamos superando la marca de un millón de muertos por la pandemia en todo el mundo. En su mayoría las víctimas han sido del pueblo trabajador y parte de ellas hemos sido los propios trabajadores de la salud. Junto con el apoyo a la lucha por medidas de asistencia económica para los sectores más vulnerables, un IFE de 40.000 pesos, exigimos un aumento salarial inmediato para el sector de salud que cubra la canasta familiar calculada por ATE/Indec de 72.700 pesos, más medidas de protección personal, licencias para los trabajadores en riesgo y testeos masivos. Y la centralización de todo el sistema de salud, público y privado. Para cumplir con estas demandas exigimos un verdadero impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.