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La desocupación en récords históricos

Publicado en El Socialista N° 479
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Escribe José Castillo

La publicación de los datos oficiales de empleo, realizados por el Indec, provocó un auténtico terremoto. La tasa de desocupación subió a 13,1%, la más alta desde 2004. Pero ese número así, frío, no refleja ni de lejos el verdadero drama que se está viviendo. 

Vamos a explicarlo, la tasa de desempleo se calcula a partir de una encuesta en la que se le pregunta a una muestra de personas de los treinta y un conglomerados urbanos más grandes del país si está trabajando o no. Cualquier actividad, por pequeña que sea, como una changa ocasional, ya coloca a ese encuestado en la categoría de “ocupado”. Pero eso no quiere decir que el resto figure automáticamente como desocupado, para serlo debe responder que efectivamente buscó trabajo en la semana cuando se tomó la encuesta. 

¿Cómo sacamos entonces un número más o menos real de cuántas personas efectivamente están sin empleo? Vamos por partes,  al 13,1% que figura como “desocupado” le sumamos el 9,6% que aparece como “subocupado”, que responde que ha realizado alguna actividad -changa por ejemplo- pero que desea, necesita y busca trabajar más horas. Así ya tenemos 22,7 por ciento.

Pero ahí no termina el problema. Los ocupados, los subocupados más las personas que efectivamente están buscando trabajo suman lo que se llama “tasa de actividad” o “población económicamente activa”. Antes de la pandemia ese número daba 47,1% del total de los habitantes del país (alrededor de 20 millones de personas). Pero ahora, según la encuesta del Indec, se ha reducido 8,7%, a apenas 38,4% (16 millones). Quiere decir que cerca de cuatro millones de personas dejaron no solo de trabajar, sino también de buscar trabajo ante la imposibilidad de conseguirlo. Entonces, sintetizando, si a los oficialmente desocupados (13,1%), le sumamos los subocupados (9,6%) y la baja de la tasa de actividad (8,7%) llegamos a un número terrorífico, 31,4 por ciento. ¡Ese es el verdadero número! ¡Una de cada tres personas en edad de trabajar está sin empleo, sobreviviendo como puede!

Todos estos cálculos fueron confirmados en un nuevo estudio del Cetyd-Idaes, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín: 3.700.000 personas perdieron sus puestos de trabajo en el último año, 330.000 corresponden a trabajadores en blanco y el resto a quienes estaban en negro o figuraban como “monotributistas” o cuentapropistas. 

En realidad, todos estos números no deberían sorprendernos. Son la consecuencia de la continuidad del desastre provocado por el gobierno de Macri, de los primeros cuatro meses de Alberto Fernández, donde todos los indicadores mostraban que la economía no se recuperaba, y, sobre llovido mojado, de los seis meses de pandemia. Así, en los momentos iniciales de su gobierno, el Frente de Todos no tomó ninguna medida para recuperar el empleo, de hecho decidió priorizar el pago en efectivo de 4.500 millones de dólares a los acreedores externos. Luego, ya en plena pandemia, les otorgó innumerables privilegios a las patronales con la promesa de que así “no despedirían”. El más importante fue el del programa ATP, por el que el gobierno nacional paga una parte de las nóminas salariales de miles de empresas. Sin embargo, esto no impidió que despidieran en masa, e incluso que algunas se embolsaron el ATP y luego cerraron, como es el caso de Latam.

En el comienzo de la cuarentena el gobierno peronista de Alberto Fernández emitió un decreto de necesidad y urgencia que prohibía las suspensiones y los despidos que fue “renovado a su vencimiento” repetidas veces. Sin embargo, por medio de un vergonzoso acuerdo entre las patronales y la burocracia de la CGT, y con el visto bueno del propio Ministerio de Trabajo, se dejaron correr los despidos, los cierres de plantas y la más absoluta violación de todos los convenios y la propia Ley de Contrato de Trabajo. El gobierno del Frente de Todos es plenamente consciente de esto, de hecho los datos previos a los ahora proporcionados por el Indec, que registraban 300.000 despidos de puestos de trabajo en blanco y 700.000 suspensiones salieron de cálculos del propio Ministerio de Trabajo.

Estamos en una auténtica y total emergencia laboral. Millones de argentinos han perdido sus puestos de trabajo y para otros tantos su empleo pende de un hilo. Hay que tomar medidas de fondo en forma urgente. Sin duda, hay que prohibir las suspensiones y los despidos, pero de verdad, sin “excepciones”, planteando que toda empresa que viole esta disposición sea expropiada y puesta a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores. A los millones que ya han perdido sus trabajos hay que otorgarles un IFE de emergencia de 40.000 pesos por mes. Y se tiene que poner en marcha un plan económico alternativo, obrero y popular donde, a partir de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, se pongan todos esos recursos, junto con los de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Esto incluye un gran plan de obras públicas basado en la construcción y reparación de hospitales y otras instalaciones sanitarias necesarias, y el lanzamiento de un programa de construcción de viviendas populares que resuelva el flagelo del déficit habitacional y, a la vez, dé trabajo genuino a todos los que hoy no lo tienen.