Escribe Diego Martínez

La semana pasada se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que impulsa el peronismo, “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Después de seis meses, mientras crecía enormemente la pobreza y se llegaba al colapso sanitario en algunas provincias, el oficialismo se decidió a tratar su proyecto contando con los 129 votos necesarios para que sea aprobado, gracias al acompañamiento de Lavagna y un sector del radicalismo. El peronismo sostiene que con esta iniciativa va a ir contra los ricos para favorecer a los más pobres, recurriendo nuevamente al doble discurso del Frente de Todos. Veamos.

Las concesiones del gobierno a las patronales

El proyecto otorga varias concesiones a las grandes patronales. Solo se gravan las fortunas de personas físicas de forma individual y no de empresas. Así, quedarán exentos los bancos, que tuvieron un margen de ganancia de 300% en 2019 y este año ganaron 650 millones de pesos por día. Tampoco pagarán el impuesto las empresas privatizadas, Edesur, Edenor, Telefónica y Telecom. Estas dos últimas, junto con DirecTV y Telecentro, fugaron 2.500 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Además, el “aporte” solo contempla a las personas que tengan domicilio legal en el país, lo que exime del pago del impuesto a grandes magnates nacionales como Alejandro Bulgheroni, titular de la petrolera Pan American Energy y de Axion, quien encabeza el ranking de supermillonarios nacionales con una fortuna de 5.400 millones de dólares y tiene domicilio en Uruguay, o Hugo Sigman, domiciliado en España, titular del Grupo Insud y amigo del gobierno, que hizo jugosos negocios con el peronismo kirchnerista a partir de la venta de vacunas que produce en sus laboratorios y ostenta una fortuna personal de 2.000 millones de dólares. Tampoco tributará Marcos Galperín, de Mercado Libre, quien llegó al segundo lugar en el ranking de multimillonarios argentinos a partir del crecimiento que tuvo su empresa desde que empezó la pandemia, y que también tiene domicilio en Uruguay. Ni un solo dólar de los 4.200 millones que componen su fortuna será alcanzado por el impuesto.

Además de salvar a una parte importante de estos sectores más acaudalados, el gobierno agregó una disposición de último momento a pedido de los empresarios. Se tomará como referencia la fortuna de las personas que declaren un patrimonio superior a 200 millones de pesos a partir de la fecha de promulgación de la ley, y no el 31 de diciembre de 2019, como establecía el proyecto original, por lo que no será retroactiva. Según la AFIP, hay 7.438 personas que ya declararon patrimonios superiores a esa cifra en 2018, y 1.860 que, según las estimaciones, serían alcanzadas por este impuesto. Con esta disposición, estos millonarios ganan tiempo para realizar las maniobras evasivas que les permitan zafar del pago del impuesto. Los principales activos de muchas fortunas personales figuran como patrimonio de sociedades anónimas. Inmuebles, autos y demás bienes son valuados en su tasación fiscal, siempre inferior a la del mercado y muy inferior a la real. Además, hay una parte del patrimonio que nunca declaran. Según las estimaciones de consultoras privadas, serían 114.000 los argentinos que poseen una fortuna personal superior al millón de dólares, y no 32.484 como informó la AFIP (Tiempo Argentino, 31/7/2020). Muchos de estos millonarios evasores tienen fortunas personales superiores a los 200 millones de pesos, pero no pagarán nada por este impuesto.

Los empresarios que no pueden zafar porque poseen fortunas muy superiores al monto establecido y no tienen forma alguna de “dibujar” los números, patalean a más no poder. El caso más burdo es el de Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de empresas de la alimentación, quien declaró que “con el impuesto a los ricos están estigmatizando a un sector que llaman ricos pero que no son ricos. Tener 200 millones es tener un poco más que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas” (BAE Negocios, 23/9/2020).

En el terreno político, aunque uno de sus voceros declaró que “el dictamen oficial mejoró con los cambios”, la oposición patronal de Cambiemos para favorecer a los grandes empresarios plantea que: “es confiscatorio porque se gravan los mismos bienes que en el impuesto a los bienes personales” (La Nación, 25/9). Se trata de una verdadera provocación al pueblo trabajador. Mientras el impuesto a los bienes personales que alcanza a los más pudientes representa el 3,2% del PBI, el IVA que pagamos los trabajadores con nuestro consumo diario equivale a casi 12% del PBI.

La otra discusión es qué se va a hacer con los fondos recaudados. Si se aprueba el proyecto del peronismo, el 45% será destinado a subsidiar empresas, 20% del dinero lo recibirán las micro, pequeñas y medianas empresas, definidas por la AFIP como aquellas empresas que facturen hasta 2.600 millones de pesos anuales, calificando para este subsidio algunas filiales de multinacionales. Por otra parte, el 25% del tributo será para subsidiar a YPF para la exploración y producción de gas. YPF tiene el 49% de sus acciones en manos privadas, motivo por el cual distintas grandes empresas y algunas multinacionales, distribuidoras de gas, recibirán plata del impuesto.

El Frente de Izquierda presentó un verdadero proyecto de impuesto a la riqueza

Una vez más, el gobierno hace gala de su doble discurso. Dice que va a sacarles a los más ricos para darles a los más pobres. Pero la realidad es que el proyecto deja afuera a una parte importante de los principales millonarios del país y casi la mitad de lo recaudado va a ir a parar a distintas empresas.

Frente al doble discurso del gobierno, desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un verdadero proyecto de impuesto a las grandes riquezas, que permitiría recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno, y alcanzaría tanto a las empresas como a las personas físicas. Se cobraría anualmente y no por única vez, como el que propone el gobierno, y los fondos se destinarían íntegramente para solucionar las crisis sanitaria y social. Con lo recaudado, junto con el no pago de la deuda externa se podrían dar importantes pasos para  fortalecer el sistema de salud, la educación, el trabajo y solucionar los problemas de vivienda existentes. Esta es una verdadera política para atacar realmente los intereses de los ricos, los grandes empresarios y avanzar en la solución de los graves problemas sociales y sanitarios que sufre el país.