Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop 

El récord de contagios por el Covid-19, a pesar de una cuarentena de casi siete meses, es una demostración palpable del fracaso de la política del gobierno de Alberto Fernández para atender la salud del pueblo trabajador y de los más vulnerables. El “modo profesor” del presidente, bien recibido al comienzo, fue perdiendo todo efecto con la falta de resultados concretos. Queda claro que con “sarasa” no alcanza. Sin embargo, las autoridades no actuaron de la misma manera cuando se trató de beneficiar los intereses de los grandes grupos farmacéuticos internacionales votando una ley que es un escándalo.

La noche del miércoles 7 de octubre no hubo “grieta”. Aprovechando la expectativa que genera la producción de una vacuna para combatir el coronavirus, el gobierno peronista y toda la oposición radical y de Cambiemos votaron juntos en el Congreso a favor de un proyecto de ley que protege los laboratorios multinacionales y acepta las condiciones aberrantes impuestas para comercializar la vacuna en nuestro país. Los diputados del Frente de Izquierda Unidad votaron en contra de este proyecto escandaloso de sumisión a las exigencias de las multinacionales. El diputado tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin fue el autor de la iniciativa. Motivos tiene, es hombre de Manzur, ex ministro de Salud de la provincia y amigo del multimillonario Hugo Sigman, uno de los que se beneficiará con la norma votada.

El proyecto prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” para los laboratorios. O sea que los efectos indeseados que produzca la vacuna no serán de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado nacional, que deberá asumir el costo. Garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Como ocurre con los acreedores de la deuda, si se decidiera llevar a juicio a un laboratorio deberá hacerse dónde éste lo decida.

Además, determina “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” y exime del “pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”. Este proyecto escandaloso es una decisión política del gobierno peronista del Frente de Todos. Alberto Fernández agradeció al bloque de diputados de Juntos por el Cambio por “acompañar al oficialismo para blindar jurídicamente a los laboratorios”. Aprovecharse de la necesidad urgente de la vacuna para hacer semejantes concesiones a estas multinacionales es de una perversidad inaudita.

Plata para salud pública, no para el FMI y los laboratorios

Mientras tanto, el pueblo trabajador, los sectores populares y más vulnerables continúan sufriendo las consecuencias del coronavirus. La estabilización de casos en el AMBA, si bien en niveles muy altos, ha dado pie tanto al gobierno peronista de Axel Kicilof como al de Cambiemos, de Horacio Rodríguez Larreta, a liberar las actividades económicas sin reaseguros para la población. Esta acción abre un incierto pronóstico sobre la evolución de la pandemia en el área.

En el interior, los contagios se disparan y saturan un sistema sanitario ya desmantelado por la falta de inversiones. Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta registran una línea ascendente, con lo que nos acercamos al millón de contagios y a casi 25.000 muertes. A partir de estos datos, el gobierno peronista ha determinado endurecer las restricciones de circulación en dieciocho provincias, repitiendo una fórmula que ya no da resultados positivos.

Además de las medidas de aislamiento son necesarios testeos masivos para detectar los grupos y sectores de riesgo y hacer el control. Es necesario centralizar las camas y recursos estatales y privados para lograr una atención de calidad, igual para todos. También aumentar el presupuesto de salud pública que garantice salarios dignos para los trabajadores de la salud y completar las vacantes de personal. Aumentar el IFE a 40.000 pesos y asistir con alimentos a todas las familias que los necesiten. Para eso, la salida no es negociar con el FMI ni votar proyectos que benefician a los billonarios laboratorios. Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.