Escribe Martín Fú
La jueza que lleva la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro, Blanca Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, rechazó diversas medidas de prueba pertinentes que solicitaron los fiscales y la querella, las cuales buscan comprobar e incorporar en el expediente judicial la responsabilidad de la policía bonaerense en la autoría de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. La jueza ha descartado, por ejemplo, el pedido de secuestro de decenas de celulares pertenecientes a policías y el allanamiento de diversas sedes policiales en donde se encontraron efectos personales de Facundo, así como posibles rastros genéticos de la víctima en patrulleros, que deberían ser reconfirmados y que constituyen una prueba contundente en cualquier proceso judicial.
A pesar de estar incorporadas en la causa medidas de prueba, Marrón descartó parte del pedido de la fiscalía y las querellas amparándose en argumentos como que “los policías no pueden ser chivos expiatorios, ni perseguidos por su condición de policías”, porque “reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país” (Página/12, 22/10), negando inclusive que Facundo haya pasado por las comisarías de Teniente Origone, Mayor Buratovich o cualquier otra dependencia.
La decisión de la magistrada forma parte del pacto de impunidad impulsado, primero, con el encubrimiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, funcionario del gobernador Kicillof, que busca despegar a la policía y cerrar la causa sin establecer responsabilidades.
Así lo comunicó la Comisión Provincial de la Memoria, querellante institucional, a través de una carta, en donde apuntó a la doctora Marrón por rechazar una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas, “que la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad” y “se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió”, repitiendo y reforzando en su carta “que la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”, coincidiendo en esta valoración junto con la querella familiar y los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.
Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para llegar a la verdad, denunciando la complicidad de Berni y el gobierno, que desde un primer momento buscaron encubrir a la bonaerense, repudiando la decisión de la jueza y postulando la necesidad de que la causa sea encabezada e investigada por una comisión independiente que, junto con la movilización y el acompañamiento a la familia, llegue a la verdad y consiga el castigo de todos y cada uno de los culpables.