Escribe Agustín Gigli

El gobierno del Frente de Todos de Chubut sigue con su embestida minera. Arcioni lo hace con el apoyo del gobierno nacional de Fernández, las grandes multinacionales de la minería (empezando por Pan American Silver) y las distintas facciones del justicialismo en la Legislatura.

Desde Ambiente en Lucha venimos impulsando la movilización para evitar la aprobación de la zonificación minera, que quiere entregar la meseta al saqueo. Lo hacemos junto con las distintas asambleas de Chubut y la coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones.

La megaminería es una nueva forma de colonización, como dijo nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, en la radio abierta que hizo esta semana la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.

El proyecto Navidad no va a solucionar la crisis económica provincial

Navidad es un proyecto minero en la zona de Gastre donde hace años querían poner un basurero nuclear. La canadiense Pan American Silver, que quiere explotarlo, estima que pueden extraerse 16 millones de onzas de plata anuales durante diecisiete años. La minera se llevaría unos 6.000 millones de dólares.

El gobierno promete aumentar las regalías a las empresas con la conformación de un “bono de compensación minera”, un “fondo fiduciario de infraestructura económica” y otros. Dice que las aumentará más de 3%, que es el máximo que permite el código minero menemista. Los “expertos jurídicos” dicen que esto sería “ilegal” y las mineras le iniciarían juicios a la provincia si antes no se deroga la ley nacional, algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque el gobierno nacional está a fondo con el desarrollo de la megaminería en todo el país.

De todas maneras, el proyecto Navidad estaría aportando de regalías solo 11 millones de dólares por año. Esto significa apenas el 4% de las actuales regalías petroleras. De esta plata, 5% sería destinado exclusivamente a la autoridad de aplicación de la ley de zonificación y a la autoridad de control ambiental. Los nuevos “fondos” que ingresarían estarían dedicados a la construcción de infraestructura para la zona, es decir, para la actividad minera y no para los habitantes de la provincia o de la misma zona afectada. O sea, las mineras se llevan 6.000 millones y dejan a la provincia 170 millones. ¡Un negocio redondo! Y nada de esto resolvería la miseria salarial de docentes y estatales, ni la destrucción de la educación y la salud pública provincial.

¿Veintisiete legisladores tienen más “licencia social” que miles de chubutenses?

El gobierno sabe que no cuenta con la llamada “licencia social” en la meseta y mucho menos en el resto de Chubut. A las miles de personas que nos estamos movilizando en toda la provincia el gobierno no puede confrontarlas más que con burócratas sindicales (como los de la Uocra y Petroleros Privados) y las fantasmales cámaras de proveedores mineros. Nunca logró movilizar miles a favor de la megaminería. Es por esto que el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, actuando como vocero del proyecto minero, dijo que “la iniciativa popular es un mecanismo dentro de la democracia, un mecanismo perfecto […] 30.000 firmas representan un 5% de la población de Chubut, veintisiete diputados representan el 100%”. Con esta lógica, el gobierno se niega a escuchar a la población. Considera que veintisiete legisladores (tres de Cambiemos y veinticuatro de las distintas fracciones justicialista) representan mucho más que miles y miles de chubutenses que nos hemos manifestado en contra de la megaminería durante décadas.

Y para este “debate” el gobierno no duda en falsear investigaciones. En la documentación que presentó como respaldo de su proyecto de ley figura el Conicet como un organismo que estaría diciendo que la minería va a dar solución a los problemas sociales de la meseta chubutense. El investigador a cargo del estudio, Guillermo Velázquez, tuvo que desmentir al gobierno diciendo, como director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaró que “el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos”. Esto se suma a los pronunciamientos de altos representantes de organismos estatales que trabajan en la zona, como el INTA, CeNPat-Conicet, UTN-Chubut y UNP San Juan Bosco.

Tras cada intento del gobierno surgen desde todos lados los argumentos para repudiar la política de entrega a las multinacionales, el saqueo a los recursos naturales y la destrucción de las distintas actividades productivas que ya se realizan o que se pueden realizar en las zonas afectadas. Y, como queda cada vez más claro, en cuanto a la megaminería no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Solo la movilización popular de los chubutenses y el apoyo nacional a nuestro rechazo podrá seguir frenando los intentos de Arcioni y Fernández de imponer la megaminería en Chubut.