Estamos asistiendo a una inequidad en el acceso a las vacunas: quienes tienen más recursos las acaparan. El mundo está en espera de la finalización de la vacunación en los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, a la que accedieron agotando la cantidad de vacunas disponibles para el resto del mundo, sin posibilidad de que algunos países puedan producir su propio stock debido a la existencia de las patentes. De ese modo no se puede concretar la vacunación.

Liberar las patentes de las vacunas permitiría que países como la Argentina, que tiene capacidad para producirlas, lo hagan y no tengan que depender de las fábricas centralizadas para completar esquemas de vacunación. Mientras se espera, aumenta en miles la cantidad de enfermos y fallecidos, la pandemia sigue en aumento y las posibilidades de mutaciones más severas amenazan con invalidar parcial o totalmente las actuales vacunas.

El negocio de las vacunas a nivel mundial produce muertes en pos de un aumento de precios y una presión social sobre los gobiernos, obligados a comprarlas casi a niveles de extorsión. Si se liberan las patentes los precios caerían de modo que no sería un negocio, y eso es lo que en momentos de pandemia debe hacerse, ya que la vida es el derecho principal a defender.

Según Médicos Sin Fronteras, nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna de Covid-19 en 2021. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de una mayor solidaridad por parte de los países: “El ‘nacionalismo de las vacunas’ nos perjudica a todos”, dijo a principios de enero. Debemos apelar a la liberación de las patentes y a la transferencia de tecnología que logre una autonomía plena en pos de salvar vidas. En este marco es correcto encarar una campaña internacional con todos los que coincidan con estos objetivos.

*Oscar Atienza es Médico cirujano, Docente universitario en Medicina, Doctor en Medicina y Cirugía, Magister en Salud Pública