Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández comunicó la semana pasada el lanzamiento de una canasta de alimentos de ciento veinte productos con precios congelados por seis meses. Al parecer, el anuncio se realizaría el 15 de mayo.

Cualquiera podría pensar que, en medio del aumento desaforado de los productos de la canasta familiar que cada día pulveriza más los salarios y las jubilaciones, se trataría, aunque no fuera suficiente, al menos de una buena noticia.

Pero lamentablemente no es así. Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque en este caso, más que de trampa se trata de una monumental puesta en escena para esconder lo más importante, la luz verde para incrementar los precios de los “otros” productos de la canasta familiar que queden por fuera de esos ciento veinte.

Repasemos lo que viene pasando. En marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, el gobierno nacional creó el programa de “precios máximos”, definiendo una amplia lista de bienes –unos dos mil– que quedaban congelados y, teóricamente, no se podrían incrementar mientras durara la emergencia. Ese programa empezó a convivir con otro, más viejo, llamado “precios cuidados”. Los “precios cuidados”, que existen desde hace años, no son otra cosa que un acuerdo voluntario entre el gobierno y las grandes patronales de alimentos y productos de limpieza y tocador para incorporar determinados bienes a una lista de bienes a “precios populares”. La historia es conocida, esos productos muchas veces no se encuentran en las góndolas.

Con los “precios máximos” sucedió lo mismo. Las patronales hicieron y hacen de todo para violarlos. Desde cambiar el envase del producto, inventando otro con 5 o 10 gramos de más o de menos para burlar el control, o directamente haciéndolos desaparecer de los grandes supermercados, que es el único lugar donde deben cumplir la reglamentación, destinándolos a otros canales de comercialización, como los negocios de barrio o los supermercados chinos, obviamente a precios más caros.

Sin embargo, aun así hace meses que las patronales de alimentos, alineadas en su cámara empresaria, Copal, vienen presionando para eliminar los precios máximos. Y lo vienen logrando paulatinamente. En enero pasado, mientras el gobierno anunciaba pomposamente la incorporación de más productos a precios cuidados, se cuidaba de decir que en realidad eran bienes que figuraban en el listado de precios máximos y ahora se los bajaba de ahí, se los pasaba al listado voluntario de precios cuidados y, lo más importante, se lo hacía permitiendo incorporar fuertes aumentos.

Pero ahora se llega al sumun del doble discurso. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negoció con las cámaras patronales el cierre definitivo del programa de precios máximos para el próximo 15 de mayo. Esto quiere decir, en concreto, que un número inmenso de productos, los aproximadamente ochocientos que todavía sobreviven en el programa, quedarán “liberados” y las empresas podrán aumentarlos como quieran. A cambio de esto, se negoció que ciento veinte productos, que ni siquiera se garantizará que son los más importantes de la canasta, quedarán “congelados” por seis meses. El gobierno dice en su discurso que esos productos deberán tener el mismo precio congelado en cualquier lugar donde se los venda, sea un hipermercado o un comercio de barrio. Claro que las patronales ya advierten que “difícilmente” puedan cumplir con el abastecimiento a todos los canales. ¡Ya están avisando que piensan burlarlos haciéndolos desaparecer aun antes de que se lance el programa!

Así, evidentemente, lo único que se está garantizando son las superganancias de los pulpos monopólicos, no el cuidado del bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Es necesario un congelamiento real de los precios de todos los productos que componen la canasta familiar, con sanciones severas a quienes lo violen, como lo establece la Ley de Abastecimiento, que permite incautar mercadería acaparada y clausurar y hasta expropiar a quienes no respeten las disposiciones. 

Solo así, juntamente con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar, se podrá empezar a recuperar el poder adquisitivo del pueblo trabajador.