Escribe Claudio Funes
El pasado jueves 6 de mayo, el presidente Alberto Fernández y los miembros del consejo directivo de la CGT se reunieron, asado de por medio, en la Quinta de Olivos. Participaron los conocidos de siempre: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Roberto Fernández (UTA). Por el Ejecutivo, junto con Fernández estuvieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud y de Trabajo, Carla Vizzotti y Claudio Moroni, entre otros.
Al finalizar la reunión la CGT difundió un documento con la firma del consejo directivo en el que informó que en el almuerzo “se abordaron temas que preocupan al movimiento obrero en el actual contexto y crisis provocada por la pandemia de coronavirus” y consignó que otro de los temas conversados fue el de “la actualidad de las actividades estratégicas en las áreas de la salud, la educación y el transporte”. Una generalidad incomprensible.
Nada dice sobre la exigencia de tomar urgentes medidas por un aumento de salarios, por el incremento de las miserables jubilaciones, ni de combatir la inflación desenfrenada que cada día empuja a miles de familias trabajadoras a la pobreza. No hay atisbo ni de un tímido reclamo. Queda claro. Son los mismos que firman paritarias a la baja, acuerdan un miserable salario mínimo, vital y móvil y permiten que las patronales continúen haciendo fortunas sin cumplir con los protocolos que exige la pandemia.
Por ello, al término del cónclave el burócrata Caló calificó la charla con el presidente como “positiva” y, sin ponerse colorado, respaldó las medidas económicas del gobierno. Subrayó que la CGT “continuará defendiendo la economía, como lo hace el ministro Martín Guzmán”. Son traidores confesos.
¿Para qué fue entonces la reunión? Para defender sus privilegios y sus sillones en la interna del peronismo. Se aseguraron el ingreso del dinero de las obras sociales y la sucesión del fallecido Eugenio Zanarini, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que administra los fondos de las obras sociales. Por su parte, Alberto Fernández les confirmó la entrega de 11.000 millones de pesos para que continúen con su política de dejar aislados los conflictos, como sucedió con el de los trabajadores de la salud de Neuquén, y otros que se están dando por la bronca y la fuerza de la base.
Como vemos, a los burócratas sindicales peronistas solo les interesa la defensa de sus intereses. Por eso siempre están con los gobiernos de turno y al servicio de la gran patronal.
En estas semanas se vienen desarrollando conflictos parciales por fuera de la burocracia donde surgen nuevos activistas y organismos como la interhospitalaria de Neuquén. El sindicalismo combativo impulsa y es parte de esta pelea por nuevos dirigentes y le exige a la CGT y a las CTA que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un verdadero plan de lucha por un aumento de salarios de emergencia ya, por la reapertura de las paritarias y vacunas para todas y todos.