Escribe Joel Rojo
En la Argentina ya hay 82.667 muertos por Covid-19 y en Córdoba se alcanzó el récord, 53 en un solo día. El 2 de junio hubo 587 muertes en todo el país, es como si tres aviones Boeing 707 con los pasajeros y la tripulación se hubiesen estrellado sin dejar sobrevivientes. Estas muertes evitables son responsabilidad de Alberto Fernández y de todos los gobernadores. Ellos y sus parlamentarios son defensores del régimen de patentes que impide la producción masiva de vacunas y también son los que se negaron a tratar el proyecto de ley de nuestro diputado, Juan Carlos Giordano, que declara de utilidad pública al laboratorio mAbxience, que en Garín produce veinticuatro millones de vacunas por mes. Esto hubiese permitido incautarlas para luego proceder a inmunizar a toda la población, evitando miles de decenas de contagios y muertes.
El 2 de junio solo Córdoba aportó 34 muertos. Entre los fallecidos se encontraban Vilma Levrino y Alejandra Taborda, docentes de esta capital empujadas a la muerte por la política criminal de Schiaretti de mantener la presencialidad a cualquier costo. Mandó a miles de docentes y padres con sus hijos a viajar apiñados en el transporte público y a juntarse en las aulas sin estar vacunados, o teniendo una sola dosis. Él, en primer lugar, sus ministros y la burocracia sindical son responsables de estas muertes. Y también lo son de las consecuencias sociales, con 70.000 nuevos pobres en el Gran Córdoba.
El sistema de salud
Durante décadas, la salud pública provincial fue desmantelada por peronistas y radicales en favor de la medicina privada. Sus trabajadores cobran salarios de miseria y son obligados a jornadas extenuantes y al pluriempleo, por lo que están más expuestos al contagio. Además, a la falta de personal de salud se suma que, en plena segunda ola, fueron despedidos setenta y dos trabajadores y trabajadoras que estaban contratados, algunos con más de diez años de antigüedad. Una política criminal por donde se la mire.
Los datos que publican son mentirosos. Hay hospitales que no pueden recibir más pacientes graves, que terminan deambulando de una localidad a otra. Somos la segunda provincia en cantidad de contagiados y muertos. Con una ocupación Covid de 81,8%, cuando las otras patologías estacionales crecen, apelan de apuro a carpas prehospitalarias con más camas pero con el mismo personal. El cuadro se completa con la especulación de las clínicas privadas que, con la complicidad de ATSA, vienen retrasando el aumento paritario y los salarios a sus trabajadores aduciendo que no tienen plata cuando acaban de recibir aumentos en los subsidios y en las prepagas. Al mismo tiempo, derivan pacientes al hospital público para atender a sus pacientes vip. Se hace imprescindible centralizar, bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios, todo el sistema sanitario. Hay que combatir la pandemia poniéndose al servicio del pueblo y no de las ganancias de los privados.
Por el colapso proyectan encierros y amenazan con represión si no se cumplen, pero lo hacen sin poner plata para quienes viven del rebusque diario, para los que no tienen trabajo y para aquellos cuyos salarios y jubilaciones ya no alcanzan. También llevan a la ruina a los pequeños talleristas y comerciantes que han salido a movilizarse. Su argumento es que “no hay plata” cuando hacen obras innecesarias, como la autovía de Punilla, que además de perjudicar el medio ambiente cuesta 100 millones de dólares.
Córdoba y el país viven una gravísima situación. Hay que tomar medidas excepcionales como las que proponemos en nuestro programa de emergencia.