Escribe Guido Poletti

El jueves anterior a las elecciones se conoció el índice de precios al consumidor del mes de octubre: volvió a dar 3,5%, igual que el mes anterior. Ya es una realidad, la inflación de 2021 terminará cerca o arriba de 50%. Y estamos hablando del indicador promedio, ya que sabemos que muchísimos productos de la canasta básica de consumo popular subieron mucho más. La carne, por ejemplo, está arriba de 60%. Lo mismo las frutas, verduras y el pan. Ni que hablar de los medicamentos, donde recién ahora el gobierno toma nota e incorpora a aquellos “con receta” dentro del listado de productos congelados hasta enero. Por supuesto que nada se hace con los muchísimos remedios de venta libre que llevan subas escandalosas en el último año.

Los precios congelados, anunciados con bombos y platillos a principios de octubre por el secretario de Comercio Roberto Feletti, evidentemente no tuvieron efecto: la suba de precios continúa. Lo más grave es que, terminadas las elecciones, es un secreto a voces lo que se viene, en el marco de las exigencias del FMI: tarifazos de los servicios públicos, nuevas subas de los combustibles y la más que cercana posibilidad de un salto devaluatorio que, como todos sabemos, termina casi enseguida trasladado a precios.

Frente a esta realidad, ¿qué pasa con los salarios? Increíblemente, desde el gobierno de Alberto Fernández hay quiénes quieren hacernos creer que en estos últimos meses “se le ganó a la inflación”. Para esto, hacen algunas cuentas estrafalarias sumando algunos incrementos en cuotas y tratando de compararlo con tal o cual inflación mensual. La realidad es muy distinta: los aumentos negociados en las paritarias, por las burocracias de los distintos gremios del sector privado, no recuperaron ni de lejos lo que se perdió el año pasado y los incrementos son en cómodas cuotas. En muchos casos recién se “empataría” la inflación que ya lleva este año en marzo o abril de 2022 (cuando obviamente, los precios habrán pegado un nuevo salto y otra vez estaremos perdiendo). Mucho peor es el panorama en los trabajadores del sector público (incluyendo en esto al conjunto de los estatales, nacionales, provinciales y municipales, a los docentes y a los trabajadores de la salud) que firmaron paritarias escandalosamente a la baja. Y ni que hablar de los tercerizados o directamente informales (mal llamados trabajadores “en negro”) que directamente cobran salarios cercanos a la indigencia.
Como muestra, mientras los trabajadores de ATE Indec calculan que la canasta básica para no ser pobre es de 112.243 pesos, el promedio salarial en nuestro país supera apenas los 50.000.

Es urgente exigir un aumento generalizado, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de dicha canasta, que debe actualizarse mensualmente de acuerdo a la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que se reabran inmediatamente todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y desde el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT recientemente reunificada y a las CTA que rompan su tregua con el gobierno y llamen a un plan de lucha por estos reclamos.