El año empezó con el gobierno de Alberto Fernández preocupado como prioridad absoluta por el acuerdo con el FMI. Y termina enero de la misma manera. Culmina el mes que comenzó con los apagones de Edenor y Edesur, que en cualquier momento volverán a repetirse, ya que se trata de años sin inversiones de infraestructura. Todo esto mientras el gobierno se apresta a dar curso a los aumentos de tarifas, para así cumplir con la hoja de ruta exigida por el propio Fondo.

Al mismo tiempo, “Ómicron está por todas partes” se suele escuchar en los barrios. La realidad es que los casos se multiplican, crecen las colas kilométricas para hisoparse, los trabajadores de la salud están colapsados y lamentablemente las muertes vuelven a alcanzar los valores de varios meses atrás. Frente a esto, el gobierno de Alberto Fernández sólo se preocupa de responder a las demandas de las grandes patronales. En síntesis, “todos a trabajar”, no importa que se trate de contagiados recientes o contactos estrechos. Una salvajada, donde con el único objetivo de garantizar las ganancias a las empresas, se expone a millones al contagio.

Otro hecho, no por repetido menos dramático, fue que continuó y se incrementó la inflación. Ya terminó el 2021 por arriba de 50%, ahora es muy probable en enero un valor cercano al 4%, con especial énfasis en el aumento de los alimentos, en particular los frescos. También subieron los alquileres y las prepagas. Y se vienen, como ya dijimos, los tarifazos del gas y la electricidad. La contrapartida de todo es la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Frente a esta realidad, la burocracia sindical hace silencio: así como no movió un dedo frente a la flexibilización de los protocolos del Covid-19, tampoco lo hace para reclamar aumentos de emergencia o la reapertura inmediata de todas las paritarias.

Mientras estos son los problemas que enfrenta el pueblo trabajador, los dirigentes de los partidos patronales, tanto peronistas como macristas de  Juntos, siguen muy lejos de estas preocupaciones. Si en diciembre la anécdota eran los diputados y senadores que se iban al exterior apenas asumidos, el escándalo de enero fueron las vacaciones en playas mexicanas de la titular del PAMI Luana Volnovich y de su pareja, Martín Rodríguez, segundo a cargo del organismo. Hecho repudiable, más aún tratándose de la funcionaria responsable de un organismo del que dependen millones de jubilados que cobran pensiones por debajo de la línea de indigencia.

Las prioridades políticas del gobierno de Alberto Fernández, como decíamos al comienzo, siguen pasando por lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández, en su reciente carta, lo reconoció blanco sobre negro: en 2021 se dedicaron más dólares a pagarle al Fondo que todo lo que se puso para atender la pandemia. Ahora, mientras el FMI continúa exigiendo más y más ajustes, el gobierno se apresta a pagar 1.100 millones de dólares, sacándolos de las casi inexistentes reservas del Banco Central.

Esto también se evidencia en su política de saqueo ambiental. Con tal de conseguir un dólar más para cumplir con los acreedores, el gobierno está dispuesto a todo: al fracking, a la megaminería a cielo abierto, a la destrucción de glaciares y fuentes de agua, y ahora también a la entrega y contaminación del propio Mar Argentino. Pero se está enfrentando a una resistencia creciente, como en el Atlanticazo, continuidad en este enero de la rebelión popular de fines del año pasado en Chubut que obligó a dar marcha atrás con los proyectos megamineros.

Todos estos temas integran la realidad de este enero “caliente”. Por eso cada día la bronca popular va creciendo y acumulándose. Es fundamental que debatamos en cada lugar para ver cómo la transformamos en organización para salir a pelear, al mismo tiempo que discutimos sobre la necesidad de una nueva alternativa política para el pueblo trabajador.

Es que mientras el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos (y también la ultraderecha “libertaria” de Milei y Espert) juegan a denunciarse unos a otros, acuerdan en lo esencial: en que se deben flexibilizar los protocolos de la pandemia para bajar al mínimo el “ausentismo”, tal como reclaman las patronales, aunque eso aumente los contagios. En que hay que avanzar con los tarifazos de los servicios públicos. En que la variable de ajuste son los salarios y las jubilaciones. Y, por sobre todo, en que hay que firmar el acuerdo con el FMI, aunque ello signifique más ajuste y saqueo.

En la vereda de enfrente nos encontramos aquellos que planteamos exactamente lo opuesto, la necesidad de pelear por un programa de emergencia que priorice resolver las más urgentes necesidades del pueblo trabajador generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Eso es lo que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que es necesario otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Que hay que tomar medidas urgentes frente a la tercera ola del Covid-19, que pasa por cumplir con todos los protocolos sanitarios de aislamiento (y no lo que le convenga a las patronales), con la aceleración de la vacunación, con más testeos, y que para eso hacen falta más recursos, más trabajadores de la salud, con salarios y condiciones de trabajo dignas. Y que, ante la necesidad de aislamiento, hay que otorgar un IFE de emergencia a todo el que lo necesite.

También somos los que decimos que nos oponemos a los tarifazos, y los que planteamos que la salida ante los cortes de luz y la baja calidad de los servicios pasa por la reestatización de las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, como hemos propuesto recientemente en el proyecto presentado por nuestra diputada Graciela Calderón en la legislatura bonaerense.

Y, por sobre todo, somos los que afirmamos que cualquier programa alternativo debe proponer terminar con el saqueo y la semicolonización de la ilegal, inmoral e impagable deuda externa. Para eso es necesario avanzar en la conformación de un gran movimiento que luche por suspender inmediatamente sus pagos y romper con el Fondo Monetario Internacional, el paso fundamental para empezar a poner nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades de trabajo, salario, salud, educación y vivienda.