Escribe José Castillo

La inflación de mayo fue de 5,1%, acumulando un 23% en lo que va del año. Pero en junio siguió subiendo todo, empezando por los alimentos y continuando por las tarifas. Con esta inflación, el gobierno esconde el ajuste que lleva a cabo ordenado por el FMI.

La suba de precios no se detiene y golpea directamente al bolsillo popular. De hecho, en lo que va de junio los alimentos ya subieron en promedio otro 5,2%, encabezados por las verduras, que aumentaron un 13,5%. A esto hay que sumarle que este mes golpeará la suba de tarifas de luz y gas, exigidas por el FMI.

Todo esto tiene un impacto directo en el incremento de la pobreza, que se calcula que en mayo, ya superó cómodamente el 41%. Estamos hablando de familias que con sus ingresos no logran adquirir mensualmente la canasta básica total (o canasta familiar). Todos los indicadores van mostrando como se enflaquece el bolsillo del pueblo trabajador. Las compras en supermercados vienen retrocediendo sostenidamente desde marzo pasado, sobre todo en alimentos y productos de limpieza y tocador. Cada vez se ve a más familias trabajadoras que se endeudan para comprar los bienes más básicos y esenciales.

¿Dónde quedó la famosa “guerra contra la inflación”?

El gobierno dice “combatir la inflación”, pero solo se trata de una vulgar mentira. La suba de precios le sirve para disimular que está achicando el valor real de los salarios de los empleados públicos, de los docentes, de los trabajadores de la salud y de los jubilados. Y de rebote, vía acuerdo con las patronales y la burocracia sindical, del resto de la clase trabajadora. Lo hace con el sencillo expediente de que se negocian aumentos menores a la inflación proyectada anual, que va a terminar arriba de 70%. Cumple así con el ajuste exigido por el FMI.

Pero la mentira en la “guerra contra la inflación” se expresa también en que no se toma absolutamente ninguna medida contra las grandes patronales que remarcan descaradamente todos los precios dos veces por mes (y en algunos productos, incluso semanalmente). Y que hasta se jactan de ello, como hizo recientemente Federico Braun (dueño de la cadena de hipermercados La Anónima). El gobierno no solo no los sanciona, sino que hasta les promete reducir la próxima lista de “precios cuidados” y que aquellos productos que queden dentro del acuerdo aumenten más de lo que se venía acordando hasta ahora.

Es necesaria otra política

La inflación pulveriza salarios y jubilaciones. Por eso la salida es luchar por un aumento de salarios de emergencia para todas y todos, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 161.624 pesos, reajustado mensualmente por la suba inflacionaria. Del mismo modo, tiene que haber un incremento de emergencia de las jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la tercera edad (100.000 pesos), con la aplicación a partir de allí del 82% móvil.

A esto se le debe agregar, la implementación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y la aplicación estricta de la ley de abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar, encarcelar y hasta expropiar a quienes violen la política de precios o provoquen desabastecimiento. Sólo de este modo, se estaría llevando adelante una auténtica lucha contra la inflación.