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Ningún recorte a las personas con discapacidades

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte del gobierno peronista del Frente de Todos. Aquellas personas que tienen obra social y acceso a prestaciones básicas ven peligrar su continuidad. Las y los profesionales que las atienden no cobran desde hace meses. Están tercerizadas con contratos basura, vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones. Y están sosteniendo sus servicios sin recibir nada, para no abandonar a las personas con discapacidades. Las familias están viviendo en la incertidumbre sobre qué pasará mañana. Estas semanas la situación explotó y decidieron realizar actos y movilizaciones en muchas provincias, para hacerse escuchar, junto a trabajadores, familiares y personas con discapacidades y un gran acompañamiento social.

El gobierno del Frente de Todos y las Obras Sociales se escudan, dicen que es un error de programas, que no hay recorte y que rápidamente se resolverá. Pero son los responsables de los fondos que sostienen estas prestaciones y, si no fuera por las movilizaciones, seguirían con el ajuste y sin pagar.

El gobierno prepara un DNU para crear un “Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad”, previstas en la Ley 24.901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, los efectos prácticos de este decreto serán que las Obras Sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a las personas con discapacidad de las familias de sus afiliados y el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida.

Nosotros proponemos que, en primer lugar, las Obras Sociales garanticen ya el dinero para las prestaciones correspondientes a sus afiliados. Que el gobierno deje de confiscar los fondos de las Obras Sociales, que salen de los aportes de los trabajadores. Que  invierta los fondos necesarios para que nadie se quede sin prestación con un Fondo de Emergencia y que, al revés de lo que hace, ese dinero salga de los pagos de la fraudulenta deuda externa. La solución de fondo requiere la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, en un Sistema Único Nacional de Salud Gratuito. Que se integre al personal hoy tercerizado, al régimen laboral del Estado en igualdad de derechos que el resto del personal de la salud pública. Que no se reduzca ni un peso a los fondos para personas con discapacidades para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI. Reclamamos el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, la equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.