Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!