Escribe Marcela Martín, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Córdoba vuelve a ser noticia, ahora con el gobierno y a través del Poder Judicial provincial, profundizando la criminalización de la protesta de los defensores ambientales con la elevación a juicio por la lucha en defensa del bosque nativo, los sitios arqueológicos y las poblaciones originarias.

La lucha comenzó en 2018 cuando el gobierno peronista de Juan Schiaretti impuso un proyecto de autovía de montaña y provocó la irrupción de las asambleas ambientales del Valle de Punilla que defienden las zonas rojas de extrema protección ambiental. Esta obra es parte del ambicioso proyecto bioceánico extractivista de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que permite la salida por vía terrestre de nuestras riquezas a cualquier costo.

Las asambleas, conformadas por vecinos y vecinas de todas las localidades a lo largo del Valle, impulsaron múltiples actividades locales y regionales para visibilizar los riesgos graves que la concreción de este tramo implicaba para la biodiversidad, cuencas hídricas y sitios originarios. En esa lucha, el gobierno tuvo que retroceder, y retirar el proyecto y buscar otra salida, ya que además se diseñaba sobre un yacimiento de uranio.

El gobierno debió replantear la obra, ahora por el oeste de las laderas de las Sierras, pero afectando también la zona roja. A pesar de la audiencia pública virtual, con 24 jornadas,  más de 600 inscriptos, y un 90% de rechazo, el gobierno da ilegalmente la licencia ambiental, convocando a licitación de los 22 km divididos en cuatro tramos para la construcción de la mega obra.

Debido a la enorme lucha, se dispuso de un aparato represivo, policial y judicial, persiguiendo a las y los activistas, iniciando un proceso de criminalización para frenar la organización vecinal y garantizar su plan. Es así que se llegó a la imputación de 18 defensores ambientales, de los cuales seis, hasta el momento, hemos sido elevados a juicio para acallar la lucha de los pueblos vecinos del Valle, ya que se viene el segundo tramo hacia La Cumbre.

La Cámara de Acusación de Villa Dolores, donde apelamos, ratificó la medida. El 31 de marzo de 2025 se inició el proceso en la Cámara de Cruz del Eje, un hecho inédito en la justicia cordobesa, como lo es el enjuiciamiento de Defensores Ambientales.
El hecho por el que se nos imputa es por haber participado de una manifestación colectiva, donde estaba el repudiado intendente de la ciudad de Cosquín, Raúl Cardinal, quien avaló la iniciativa gubernamental.

Ahora la justicia cordobesa nos quiere castigar, criminalizando la protesta para garantizar los negocios inmobiliarios de los grandes grupos empresarios, amparados por el gobierno del peronista Llaryora y el ultraderechista Milei.

Llamamos a la más amplia unidad de las asambleas ambientales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a repudiar la judicialización de la protesta, exigiendo el inmediato sobreseimiento de los defensores ambientales perseguidos.
Si hay condena, no hay justicia. Protestar es un derecho, no un delito.