Escribe Liliana Olivero, referenta de la izquierda de Córdoba

Las y los trabajadores judiciales, vienen desarrollando un gran plan de lucha contra el ajuste del gobernador Martín Llaryora, amparado en el plan motosierra de Javier Milei y el FMI. Reclaman el aumento del 50% del salario, la equiparación con los empleados de la justicia federal, la actualización de las bonificaciones, la devolución de los aportes extraordinarios a la Caja y al Apross, entre otros puntos. El pliego incluye la derogación de la Ley 10.694 y el 82% móvil a las y los jubilados, el pase a planta de todos los precarizados, y mejores condiciones de trabajo e infraestructura.
La rebelión surgió de las bases, hartas del ajuste y del inmovilismo de la conducción gremial. Así, se autoconvocaron en asambleas y protestas en toda la provincia, desbordando a la conducción, que se vio obligada a sumarse al conflicto y conformar una comisión de lucha junto a los autoconvocados.

Tras semanas de lucha creciente, la última asamblea resolvió un plan de lucha de tres semanas con paros progresivos, movilizaciones y asambleas. Frente a esto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la “prohibición” de realizar asambleas, al viejo estilo de la dictadura. La amenaza resultó como la ley del bombero loco. Las 36 horas de paro previstas hacia el fin de la semana, la adelantaron al lunes y martes con una asamblea masiva y el llamado a una nueva asamblea extraordinaria el viernes.

El intento del gobierno de reventar el conflicto muestra su temor al contagio en otros gremios estatales, cuyas bases simpatizan con la lucha judicial. Desde A Luchar e Izquierda Socialista/FIT Unidad, acompañamos este reclamo y exigimos a la CGT que abandone su pacto con el gobierno y apoye esta lucha. La reapertura de las paritarias es una necesidad para todos los trabajadores. No pueden luchar cada uno por su lado: judiciales, Luz y Fuerza, empleados públicos y la docencia. Hay que unir todos los reclamos en una lucha provincial. Esa es la tarea que hay que exigirle a la CGT, impulsando asambleas en todos los lugares de trabajo, para preparar un plan de lucha y un paro provincial.

Pero como muestran los judiciales, no se puede esperar a que la burocracia actúe: hay que imponerlo desde abajo. Por eso, es clave impulsar un plenario del sindicalismo combativo, como también lo planteamos a nivel nacional, para fortalecer estas peleas.