Escribe Adolfo Santos

En la noche del domingo 2 de marzo, cuando el carnaval estaba en su apogeo, los brasileños estallaron de alegría festejando el Óscar obtenido por la película “Aún estoy aquí”. El film del reconocido cineasta Walter Salles retrata un crudo episodio de la dictadura militar brasileña, la más longeva que asoló nuestra región. La euforia se justificaba. Si algún reconocimiento le faltaba a la rica y multifacética historia cultural brasileña, era la obtención de un Óscar, y lo logró.
El director de “Estación Central de Brasil” y “Diarios de Motocicleta”, entre otros, nos presenta un momento de la historia reciente durante los “Años de Plomo” como se recuerda el período de la dictadura que se extendió entre 1964 y 1985. Se trata del secuestro y posterior asesinato, en 1971, del ex diputado del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ingeniero Rubens Paiva. Acusado de mantener contactos clandestinos y distribuir correspondencia de compatriotas exiliados en el Chile de Salvador Allende, fue llevado de su casa en el barrio de Leblon, Río de Janeiro, a un centro de detención y nunca más apareció.
Hay quienes plantean que la película debió ir más allá y describir las aberraciones y crímenes cometidos durante los 21 años de dictadura. Sin embargo, como toda obra de arte, el film rescata un momento y lo convierte en un símbolo de lo que significó la supresión de las libertades democráticas y una persecución desde el Estado para asesinar, torturar o privar de la libertad a los opositores. En solo 135 minutos, la película induce a cuestionar un régimen dictatorial que sectores políticos, como el bolsonarismo, todavía exaltan y reivindican. Y sobre todo a cuestionar la Ley de Amnistía aprobada por todo el arco político y sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979, que eximió de juzgamiento a los militares represores. No hubo ningún gobierno, incluidos los del PT de Luis Ignacio “Lula” da Silva, que propusieran anularla.
Ese es el valor de este film que se centra en la resiliencia de Eunice Paiva, esposa de Rubens, una mujer común, de clase media alta, que durante cinco décadas continuará luchando sin pausa en busca de la verdad y la justicia, y acabará convertida en activista por los derechos indígenas, uno de los sectores más golpeados durante el régimen militar. Con la lupa en ese personaje, interpretado sin estridencia, pero con profundidad por la excelente Fernanda Torres, el director construye una historia desgarradora que retrata una etapa siniestra que la política patronal brasileña intenta disimular.
Pero comienzan a surgir repercusiones. Mientras la película era exhibida en todo Brasil, la Policía Federal desclasificó un informe sobre el intento de golpe protagonizado en 2022/23 contra el nuevo gobierno de Lula por parte de militares orientados por el derrotado ultraderechista y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro. Varios de los que promovieron esa intentona están presos, entre ellos el vice del ultraderechista, general Braga Neto. La repercusión del film a nivel mundial, debe significar más presión para avanzar en esos procesamientos.
El fin de la dictadura brasileña se produjo mediante una transición negociada entre el viejo régimen, los partidos políticos patronales y los grandes empresarios. Por eso los militares continúan gozando de sus privilegios, aún los responsables del asesinato de Rubens Paiva. “Aún estoy aquí”, no es una proclama que llama a la rebelión, sin embargo, es un punto de apoyo para cuestionar la dictadura brasileña, la Ley de Amnistía y recuperar la Memoria, sobre todo de las nuevas generaciones, para juzgar a los represores responsables de crímenes de lesa humanidad y a sus émulos bolsonaristas.

Escribe Diego Martínez

Tras el espantoso asesinato de Kim, la niña de siete años de La Plata, Milei y Bullrich como parte de la campaña electoral vuelven reflotar un proyecto legislativo presentado el año pasado, que consiste en bajar la edad de imputabilidad penal a trece años de edad, algo que ningún organismo internacional sugiere. Nada extraño del ultraderechista Milei que llegó a plantear que habría que bajar la edad a los ¡diez años de edad! mientras las infancias caen todos los días en la pobreza. La inseguridad es un problema que se agrava día a día y afecta particularmente a la clase trabajadora y los jóvenes de los barrios populares. Agarrándose de este flagelo y siempre que hay elecciones, todos los gobiernos utilizan como un caballito de batalla que con la baja de imputabilidad bajarán los índices de  inseguridad, como lo hicieron años anteriores los gobiernos de Macri y Cristina.
Pero esto es una gran mentira. La participación de los menores en delitos es infinitamente inferior a la de los mayores de edad. En 2023 en  la provincia de Buenos Aires, sólo el 2,2% de los delitos fue cometido por menores. En el primer semestre de 2024, según la base general de datos de la Corte Suprema de la Nación, 907 niños y adolescentes enfrentaron causas penales, el 84% de ellos por robos y hurtos, y solo cinco de ellos por homicidios, tres por tentativa y solo dos por hechos consumados. Por eso decimos, que es una ley para criminalizar a las y los menores, no para bajar la inseguridad.
El proyecto de Milei y Bullrich, que cuenta con el apoyo del PRO, la UCR y algunos sectores del peronismo, intenta engañar a los millones de trabajadoras y trabajadores que con justa razón están preocupados por la cuestión de la inseguridad, para hacer alharaca de una ley que  tal como está demostrado en los países donde se aplicó no soluciona el problema porque no ataca las raíces del mismo.
Los delitos juveniles en su gran mayoría están organizados por adultos. Una gran parte  de ellos están asociados al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por las bandas narcos amparadas por la policía, la misma que está involucrada en la desaparición de Loan.  Estas poderosas bandas criminales cuentan además con la protección de la justicia. Tal es así que el propio ministro de Justicia Cúneo Libarona, que hoy promueve esta ley, fue defensor de algunos de los principales jefes narcos del país.
Con una pobreza infantil del 62,9 % y  jóvenes  que no tienen ninguna perspectiva de futuro, el consumo crece y las bandas delictivas ganan terreno ante el abandono del gobierno en los barrios, lo cual debilita todo tipo de contención. Se desfinancia la educación, se recorta presupuesto en deporte y cultura y hace pocos días Milei despidió 2.000 trabajadores de la secretaría de Niñez. ¡Todo lo contrario a lo que debería hacerse!
Es fundamental combatir la inseguridad, pero las respuestas represivas, la “mano dura”, solo es más criminalización y no resuelven sino empeoran el problema. Para combatir la inseguridad se necesita terminar con las mafias que las organizan al amparo del poder político, judicial y policial. Y  terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, caldo de cultivo de la violencia.
Con esta perspectiva nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer junto al bloque de diputados del FIT Unidad vamos a rechazar el proyecto de Milei que busca criminalizar a la juventud y fortalecer el aparato represivo, sin solucionar de fondo el problema de la inseguridad. Llamamos a las trabajadoras y trabajadores a hacer lo mismo en las calles.

Con estas palabras, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en conferencia de prensa en la ex ESMA, anunció que la nieta recuperada es hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, nacida entre enero y febrero de 1978.

Escribe Juliana García, hija de Antonio García y Beatriz Recchia militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara a quien encontró luego de 32 años en 2009.  

La inquebrantable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo junto a organismos de derechos humanos, consiguió restituir la identidad del nieto 138. Identidad que le quitaron tras ser apropiado durante la última dictadura militar. Se trata del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, desaparecidos en 1976, quienes fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA y en cuya maternidad clandestina Marta habría dado a luz a su bebé.

El anuncio realizado por las Abuelas en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos es un verdadero triunfo en el  marco del desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villarruel. "Esta restitución es, una vez más, la muestra de las consecuencias del terrorismo de Estado en el presente y la centralidad de las políticas de Derechos Humanos", dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas, y destacó la importancia de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi), el Banco Nacional de Datos Genéticos y la secretaría de Derechos Humanos.

Se trata de una gran noticia en medio de una brutal ofensiva contra los organismos de derechos humanos orquestada por el gobierno negacionista de Milei y el Ministro de Justicia Cúneo Libarona que acaba de anunciar el despido de más de 2200 trabajadores del sector. Junto a las Abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos defensores de los derechos humanos, denunciamos este plan de ajuste del gobierno luchando contra el vaciamiento de los espacios de la memoria, y nos sumamos al Abrazo al predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) porque “sin Trabajadores no hay memoria”.

Seguiremos buscando a los que faltan

Con el hijo de Marta y Juan Carlos llegamos a 138 nietas y nietos a los que se les ha restituido su identidad. Sin embargo, son más de 300 las y  los niños apropiados durante la última dictadura genocida que aún faltan encontrar. Una práctica desarrollada como un plan sistemático, denunciada internacionalmente y combatida por la organización de las Abuelas, los organismos de derechos humanos  y los millones que se han movilizado en estas décadas contra la impunidad.  Impunidad por la que trabajaron los propios milicos con la complicidad de la Justicia y los partidos patronales como  la UCR, el PJ y el PRO. Recordemos que una parte muy importante de los archivos de la dictadura siguen cerrados a la investigación y que mediante leyes como la Obediencia Debida y Punto Final del gobierno de Alfonsín o los indultos de Menem trataron de perdonar a los genocidas, lo que fue impedido por la movilización popular.

Festejamos la restitución de la identidad  de este nuevo nieto porque es un golpe al plan sistemático de exterminio que llevaron adelante los militares, que incluía no solo el asesinato de una generación de luchadores, sino también para borrar la identidad de sus hijos. Pero también es una respuesta al ataque sistemático lanzado por el gobierno de Milei contra los organismos de derechos humanos. "Es un notición para terminar el año", expresó Teresa Laborde Calvo, hija de la sobreviviente Adriana Calvo. Para Teresa, la restitución de la identidad del nieto 138 cuando "el Gobierno quiere cerrar los espacios de Memoria, Verdad y Justicia como la Casa por la Identidad de Abuelas”, es una victoria. 

"Haberlo encontrado fue la mejor respuesta a la lucha de esa familia" […] "Se va a encontrar con una familia que lo buscó, que nunca perdió las esperanzas", aseguró Manuel Gonçalves Granada, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas y secretario ejecutivo de Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Y desde el Estado Español, Diego Antonio, hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y hermano del nieto 138 expresó: “Estoy embargado por la emoción, sos muy bienvenido. Gracias Abuelas, son el orgullo nacional, las adoro". Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, seguiremos exigiendo medidas de fondo que permitan recuperar a los más de trecientos nietos que aún faltan, y también luchando contra el negacionismo y para juzgar a los miles de militares, civiles y religiosos partícipes del genocidio  que todavía hoy permanecen impunes.

Escribe Fernanda Giribone

Carlos Sadir utiliza la justicia del ex gobernador Gerardo Morales para perseguir y ajustar como Javier Milei. La reciente elevación a juicio de la causa contra diecinueve luchadores populares va en consonancia con la política represiva del gobierno ultraderechista, quien ya ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión.

El ex gobernador Gerardo Morales (UCR), quien pretendía prohibir definitivamente la protesta social, llevó adelante en sus ocho años de mandato una persecución feroz a opositores políticos, echando mano a diversos “mecanismos legales” como el Código de Contravención o el uso y abuso del Ministerio Público de la Acusación.

Las causas armadas del 2022, la persecución de quienes resistieron la reforma constitucional en el 2023, y el hostigamiento a todo aquel que lo “molestara”, hasta llegar al escándalo de los “presos por tuitear” de este año, demuestran el uso maniqueo de una Justicia de Jujuy adicta al poder.
Ahora con Carlos Sadir a cargo del ejecutivo provincial y en el marco de la escalada represiva del gobierno de Milei (con el Ministerio de Seguridad y sus protocolos anti protesta) y la criminalización a las organizaciones sociales, el Poder Judicial de Jujuy avanza tranquilo en su política de criminalización y judicialización. Buscan aleccionar manifestantes elevando a juicio esta causa, que como todas las causas de la provincia, no cuenta con pruebas y se encuentra plagada de irregularidades. Las detenciones parecen estar exclusivamente relacionadas con la necesidad de impartir una política de miedo y la avidez de dinero. Se reitera también el inédito suceso de juzgar un mismo hecho por dos vías diferentes, la contravencional y la penal. Por este motivo, a quienes se manifiestan indefectiblemente se les aplican cuantiosas multas.

Las 20 detenciones (y las 19 judicializaciones) derivan de la brutal represión armada del 20 de junio del 2023, cuando se aprobó la nueva Constitución que Morales pactó a espaldas del pueblo, en acuerdo con el peronismo local.

Esta reforma constitucional es represiva y ajustadora, restringe el derecho a la protesta y facilita la explotación de bienes comunes sin consulta a los pueblos originarios, cercena derechos de trabajadoras y trabajadores, mujeres y diversidades y fue aprobada en una Convencional Constituyente, irregular, que la resolvió de manera express, aún a pesar del masivo rechazo popular en las calles.

La protesta social, con marchas y cortes de ruta, se multiplicaron por toda la provincia en un movimiento que reclamaba: “arriba los derechos y abajo la reforma”. Largas jornadas de protesta que luego se conocieron como el jujeñazo.

Por esos días, en camionetas sin patentes de empresas contratistas del gobierno provincial, policías sin uniformes secuestraron personas que participaron (o no) de estas manifestaciones. Por otra parte, los trabajos de inteligencia y el hostigamiento continuaron por semanas o meses en muchos casos. Todos estos hechos aberrantes, que fueron denunciados por diversos organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, nos rememoran los sucesos de las  “Noches del apagón”, el raid represivo perpetrado por la última dictadura cívico-militar en Libertador, donde desaparecieron 31 compañeros, secuestrados en camionetas del Ingenio Ledesma.

Hoy, por esta lucha están procesados cientos de personas, entre quienes se encuentra nuestro compañero docente Ivan Blacutt (ver "¿Quién es Iván Blacutt?").

Desde Izquierda Socialista rechazamos este intento de criminalizar la protesta social y exigimos que cese la persecución a quienes fueron parte del jujeñazo. Denunciamos que lo que en realidad existe es un verdadero avasallamiento de las libertades democráticas, mientras las violaciones a los derechos humanos de la policía de Morales siguen en la impunidad.

Por ello te invitamos a que te sumes a la campaña por el desprocesamiento de los 19 luchadores de Jujuy y decimos:
¡Protestar no es delito!
¡Sobreseimiento ya de todos los imputados!
¡Que se investigue y juzgue a Morales y los responsables de la brutal represión del 2023!