Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

Todos deben recordar la tremenda campaña que hizo el gobierno con el denominado impuesto a la riqueza. Lo anunció a principios de 2020 como la ley que iba a beneficiar al personal de salud y poner plata para comprar respiradores y más camas. Lo presentó siete meses después y, finalmente, se terminó aprobando en ambas Cámaras. ¿Pero qué pasó? Aún no fue reglamentado y, por lo tanto, no se aplica. ¿No era que se trataba de fondos urgentes para combatir la pandemia? Es un verdadero papelón que obligó al diputado ex radical y ahora ultraoficialista Leopoldo Moreau a sacar un tuit reclamando su implementación.

Estamos nuevamente ante un colosal doble discurso del gobierno peronista que hace campaña “progre” con las necesidades populares. ¿No lo aplica porque “se lo impide la derecha”? No. Nadie más que su propia voluntad, la de Alberto Fernández, Cristina, Máximo, los diputados Heller, Yasky, Hagman y todos sus voceros. El gobierno aprovechó las críticas de los empresarios al proyecto para decir que quiere tocar los intereses de los de arriba “pero no lo dejan”. Los resultados están a la vista.

Esto demuestra que este gobierno no tiene ninguna intención de gravar a algún rico. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo hemos criticado por ser completamente insuficiente, aun a costa de que C5N dijera, por ejemplo, mentirosamente, que coincidíamos con el macrismo en “defender a los empresarios”, cuando fuimos los únicos que propusimos un verdadero impuesto para recaudar 20.000 millones de dólares, veinte veces más que el del proyecto oficialista. Para poder así combatir de verdad a las pandemias del coronavirus, el hambre y la pobreza gravando las ganancias de las multinacionales, los bancos, los oligarcas y a toda la clase capitalista.

Corregimos también a la ONG británica Oxfam, que pone de ejemplo al proyecto argentino para que se aplique en otros países y así se pueda combatir la pandemia, denunciando una vez más que, por más que se aplique, será un mero paliativo. Solo con medidas de fondo, como proponemos desde la izquierda, podremos combatir la pandemia de los grandes capitalistas privilegiados que han duplicado sus fortunas en medio de la tremenda crisis social mientras millones se hunden en la pobreza.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que supuestamente regula el teletrabajo en nuestro país. Dicha norma había sido aprobada a finales de julio de 2020. Y como no podía ser de otra manera, el gobierno peronista de Fernández introduce a través de la reglamentación de la ley un clarísimo respaldo a la posición de las patronales estableciendo en varios artículos una implementación en desmedro de los trabajadores, abriendo las puertas a una mayor flexibilización laboral.

El 20 de enero se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27/2021 que reglamenta la ley 27.555, de teletrabajo. La reglamentación realizada por el gobierno nacional deja a las claras, por si a alguien le quedaban dudas, que la ley sólo persigue el fin de avanzar con la flexibilización de las relaciones laborales en nuestro país pasando sobre los derechos adquiridos de millones de trabajadores y trabajadoras. Cada artículo de la reglamentación “desempata” para el lado de las patronales cualquier aspecto que en la ley pudiera haber quedado como medianamente favorable a las y los trabajadores. Y deja sin reglamentar, o sea en un limbo que en la gran mayoría de los casos se resuelve a favor del empleador, varios artículos de la ley aprobada en el Congreso.

Veamos algunos ejemplos, en primer lugar, la fecha de aplicación de la ley. Su entrada en vigencia estaba establecida noventa días después de concluidas las medidas de aislamiento social. “La reglamentación, sin embargo, establece que esos noventa días comenzarán a contarse allí cuando la cartera laboral lo disponga y no a partir del 8 de noviembre, cuando, por decisión del Ejecutivo, se dejó sin efecto el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para dar lugar al distanciamiento social (Dispo)” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

También han sido objeto de una reglamentación regresiva con respecto a lo votado en julio en el Congreso aspectos centrales tales como el ámbito de aplicación o la reversibilidad. Como explica Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), la reglamentación “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo para que el nuevo régimen sea aplicable” (Tiempo Argentino, 20 de enero de 2021).

Sobre la reversibilidad que estaba establecida en la ley como un derecho del trabajador, la reglamentación incorpora que es necesaria “la invocación de una motivación razonable y sobreviniente”. Dicho en otras palabras, lo que era un derecho unilateral del trabajador/a de solicitar la vuelta al trabajo presencial, ahora queda en manos de la interpretación de la patronal. En un marco de millones de trabajadores con contrataciones precarias y complicidad de la burocracia sindical con las patronales es fácil imaginar que esta reglamentación dificulta enormemente la reversión del teletrabajo por pedido del trabajador/a.

La reglamentación incluye también una restricción más a la reversibilidad reclamada fuertemente en estos meses por el sector empresario: “Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos de trabajo o en los contratos individuales” (decreto 27/2021, Anexo I, artículo 8°).

Podríamos seguir con los ejemplos de cómo la reglamentación que lleva las firmas del presidente Fernández; el jefe de gabinete, Cafiero, y el ministro de Trabajo, Moroni, abre aún más las puertas a las patronales para usar el teletrabajo como un caballo de Troya contra los derechos laborales y avanzar aún más con la flexibilización laboral.

Así como en su momento alertamos que la ley persigue avanzar sobre los derechos de millones de trabajadores/as, hoy planteamos que la reglamentación es un paso más en la flexibilización laboral. Como venimos haciendo desde el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo, llamamos a fortalecer la organización desde cada sector de trabajo para estar en mejores condiciones de enfrentar y frenar esta nueva avanzada flexibilizadora.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En el tenebroso ranking de la pandemia, con 1.900.000 casos acumulados y 41.000 por millón de habitantes, nuestro país se encuentra a la altura de Brasil, Colombia e Italia. Los 47.000 decesos y la tasa de 1.045 por millón nos emparejan con Brasil, Líbano e Italia. Una idea de la fuerza que mantiene la pandemia entre nosotros es que en los últimos treinta días se registraron 415.000 casos, la quinta parte del total acumulado, y fallecieron por el Covid-19 unas 14.000 personas, casi la tercera parte del total desde que empezó la pandemia. Los índices propuestos por el gobierno, actualizados al 21 de enero, indicaban que tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires era necesario mantener las medidas de restricción.

Un gobierno que sabotea la lucha contra la pandemia

Pese a la contundencia de los datos, el gobierno de Alberto Fernández, así como también el de la oposición patronal de PRO en la CABA, continúan apostando a la vacuna salvadora y omitiendo otras medidas como, por ejemplo, el testeo y rastreo del virus en la población. A la Argentina le sigue correspondiendo un deshonroso 113° puesto en el ranking de rastreos, al mismo nivel que Brasil e Irak y algo más que Venezuela y Paraguay.

Lejos de tomar medidas enérgicas frente al empeoramiento, los gobiernos peronistas, radicales y de PRO aflojan el aislamiento para mantener las ganancias de las empresas. Por ejemplo, en el área de turismo la agencia oficial Télam informa que en lo que va del verano se desplazaron 7,2 millones de personas, la mayoría a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Por otra parte, continúa el plan de regreso a la presencialidad escolar a pesar de las alertas de los gremios docentes y de la comunidad escolar.

La vacuna salvadora… que no salva

Después de la doble postergación de la salida del avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú para traer el segundo envío de la vacuna Sputnik V, se hizo evidente que en el mes de enero no se cumpliría el compromiso de entrega que los rusos habían asumido. El plan de vacunación que el gobierno se había trazado y cuya primera etapa se apoyaba en la llegada puntual de parte de 20 millones de dosis de vacuna Sputnik V compradas al Instituto Gamaleya no podrá respetar el cronograma fijado. El plan contaba en febrero con 22 millones de dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca y en marzo 9 millones que corresponden a la Argentina por el plan Covax de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la equidad. Con esas remesas se llegaría a la cifra de 50 millones de dosis para inmunizar al 50% de la población. Hoy el plan del gobierno tambalea y su futuro es incierto.

El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. Hasta el presente solo se han vacunado 64 millones de personas en todo el mundo: 20 millones en Estados Unidos, 15 millones en China, 7 millones en el Reino Unido y en Alemania, España, Italia y Francia 1,5 millones en cada uno. En Brasil 600.000 y en la Argentina 292.000. El único país que no tiene problemas de abastecimiento es Israel por el acuerdo firmado con Pfizer (ver artículo en este periódico). El 75% de los países no ha comenzado la vacunación masiva. 

Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación mundial

¿Por qué ese retraso? El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, señala que las multinacionales farmacéuticas no quieren correr riesgos y no continúan la producción hasta que tengan los lotes vendidos: “Si no me las compras, no sigo”. Esta situación lleva a que sean los países imperialistas que cuentan con mayores recursos quienes se han quedado con la enorme mayoría de las vacunas. Según Amnesty International, estos países que cuentan con el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes. 

Por otra parte, la existencia de las patentes impide a cualquier país o empresa producirlas. Velásquez remarca que la industria ha desarrollado las vacunas gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. “Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación y hay que cambiar el sistema de patentes”, concluye. No satisfechos con utilizar los subsidios estatales para la producción, los monopolios exigen además a los gobiernos la inmunidad judicial frente a los reclamos que pudieran plantearse por efectos colaterales. Para ello obtienen leyes que los favorecen, como es el caso de nuestro país, donde los diputados peronistas y los de Juntos por el Cambio sancionaron una ley con la sola oposición del FIT Unidad.

Hemos mencionado la iniciativa de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que proponen la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. Esta semana se pronunció la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, en el mismo sentido, uniéndose a un número creciente de instituciones como Oxfam, Amnesty International y Médicos sin Fronteras. El gobierno argentino que es firmante de esta declaración debe impulsar y, si es necesario, desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos encarando la producción local para enfrentar la pandemia.

Lo que falta hacer contra la pandemia aquí y ahora

Es necesario una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. Junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados deben ser también los laboratorios clínicos puestos al servicio de una campaña nacional.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y los sectores populares, incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera, que deban aislarse, y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de la salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que, junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, deben servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.

Escribe Adolfo Santos

La desigualdad social en nuestro país y en el mundo es de una crueldad absurda. Más aún en el marco de la pandemia. Bajo la protección de los gobiernos, el capitalismo imperialista y las burguesías nacionales no dejan de amasar fortunas. Según un informe difundido en Davos durante la nueva edición del Foro Económico Mundial, los diez hombres más ricos del mundo, durante la pandemia, aumentaron sus fortunas en más de medio billón de dólares, 540.000 millones de dólares (Cronista 25/1/2021). Mientras tanto, la pobreza crece de forma exponencial en medio de despidos, suspensiones, retiro de derechos laborales, congelamientos salariales y se naturaliza la exigencia de trabajar sin respetar los protocolos para proteger la salud.

Para tener una idea de lo que representa esa ganancia obscena de los Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla Motors), Bill Gates (Microsoft) o del argentino Marcos Galperín (Mercado Libre), la Oxfam, una organización benéfica del Reino Unido, calculó que ese dinero sería suficiente para vacunar al mundo entero y revertir el aumento de la pobreza causada por la pandemia. La riqueza total de los multimillonarios alcanzó los 11,95 billones de dólares en diciembre de 2020, equivalente al gasto total de recuperación del coronavirus de todos los gobiernos que integran el G20, los países más ricos del mundo.

La propia Oxfam, que actúa en varios países, no tiene nada de socialista y busca resolver el problema de la pobreza en los marcos del capitalismo, acaba cuestionando este sistema perverso: “Un impuesto temporal sobre las ganancias excedentes de las treinta y dos corporaciones globales que más han ganado podría haber recaudado 104.000 millones de dólares en 2020. Esto sería suficiente para proporcionar beneficios de desempleo para todos los trabajadores y apoyo financiero para todos los niños y ancianos en países de ingresos bajos y medianos”. Sin embargo, ni esa simple medida es capaz de adoptar este sistema capitalista imperialista cuya esencia, con o sin pandemia, es la apropiación de las riquezas en pocas manos y la generación de ejércitos de pobres y desocupados.

Pero como decimos al inicio, esto no sería posible sin la complicidad de los gobiernos de turno que facilitan el camino de estos grandes empresarios. Sin embargo, está demostrado que cuando nos organizamos y luchamos, aun a pesar de las direcciones burocráticas traidoras, somos capaces de revertir la situación. Impedir la ampliación de la desigualdad social en medio de esta pandemia es una tarea fundamental y comienza por enfrentar los planes de ajuste de los gobiernos. Para eso necesitamos de la más amplia unidad y solidaridad con los que luchan, ese es el camino para arrancar medidas capaces de frenar la pobreza, achicar la brecha de la desigualdad y comenzar a construir una sociedad distinta, socialista. 

Escribe Miguel Lamas

Gran parte de los medios de información hablan del “gran éxito” de Israel en la lucha anti-Covid, señalando que ya vacunó al 30% de su población, de nueve millones de habitantes, con la primera dosis de Pfizer, mientras que 8% ya recibió la segunda. Esto contrasta efectivamente con índices muy bajos de vacunación en Europa y los Estados Unidos, y casi nulos en los países semicoloniales. ¿Pero de qué es “ejemplo” Israel?

En primer lugar, y como sucede históricamente con el Estado racista de Israel, es ejemplo de discriminación. El plan de vacunación contra el Covid-19 abarca solo a los ciudadanos israelíes, incluidos los 600.000 colonos sionistas de Cisjordania, pero excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí.

Además, Israel mantuvo todo el año 2020, y mantiene, en plena pandemia el bloqueo de la Franja de Gaza, lo que impide aún más el buen funcionamiento de su sistema de salud, sometido a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo, ya que no puede atender las necesidades de su población. La pandemia de Covid-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.

Mientras el pequeño territorio de Gaza permanece bloqueado, Cisjordania está ocupada militar y económicamente en sus mejores tierras. Se apropiaron hasta del agua dulce para sus 600.000 colonos, que privan a los palestinos de medios de vida. Es decir, los territorios palestinos que abarcan solo una quinta parte de la Palestina histórica (el resto es del Estado de Israel) están bloqueados u ocupados y totalmente sometidos económicamente. La Autoridad Palestina es una formalidad sin recursos ni soberanía.

La pandemia se convirtió en otra herramienta del sionismo para destruir la sociedad palestina y seguir intentando expulsar a su población hacia otros países árabes.

Israel, campo de prueba de Pfizer y desastre social

El Estado de Israel, en medio de una crisis política, tendrá elecciones en marzo. Su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por corrupción. Intenta aparecer como “el salvador” de Israel contra el Covid-19.

El acuerdo con Pfizer, además del altísimo precio pactado de 38 dólares por cada dosis (en Europa es de 24 dólares), convierte a todo el país en un campo de pruebas porque el Estado de Israel se comprometió a entregar de inmediato a Pfizer todas las historias clínicas de los vacunados.

Lógicamente, a la empresa farmacéutica, además de vender millones de vacunas, le interesa tener en sus manos y usar en su beneficio económico la máxima información posible sobre los efectos secundarios y la inmunidad que vaya generando su vacuna. Las de Pfizer y Moderna son las primeras vacunas de ARN de la historia de la humanidad, una nueva tecnología aún no suficientemente probada, que recibieron luz verde por parte de las autoridades estadounidenses y europeas por la vía de la emergencia sanitaria. Así no hay datos claros sobre si puede prevenir la transmisión del virus y proteger a largo plazo.

Como sucede en casi todos los países del mundo, las consecuencias económicas de la pandemia en el sistema capitalista son durísimas y profundizan la desigualdad social entre los mismos ciudadanos israelíes. Mientras sectores económicos vinculados a las altas tecnologías no solo siguieron trabajando plenamente, sino que prosperaron en estos meses, otros se encuentran al borde del colapso. Las familias más pobres quedan al margen del sistema educativo por mala conexión a internet y por falta de computadoras. Hay centenares de miles de nuevos desocupados y también de ocupados que son obligados a aumentar su carga laboral sin aumento salarial.

Es decir, Israel, lejos de ser un “ejemplo” ante la pandemia, muestra y agudiza el carácter racista, genocida y profundamente explotador del Estado sionista.