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“Soberanía” para saquear nuestros bienes comunes

Publicamos a continuación un documento de rechazo al proyecto de “Soberanía energética” que presentó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni (FdT), elaborado por los compañeros de Izquierda Socialista de Chubut en el Frente de Izquierda.

El gobernador chubutense Mariano Arcioni (Frente de Todos), presentó un proyecto de ley que denomina de “Soberanía energética”. Si buscamos en el diccionario el significado de todas las palabras vacías de contenido (empezando por “soberanía”) que tiene el proyecto, no llegaríamos a ningún lado. Limitándonos al ideario popular, entendemos que por “soberanía” se intenta representar la independencia del país frente a otras naciones intervinientes a través de grandes grupos económicos, tan presentes en Chubut y Patagonia. El propio texto dice “establecer como nuevo paradigma la soberanía energética entendiendo como tal, la capacidad del pueblo de la Provincia del Chubut de usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Pero esto no tiene nada que ver con lo escrito en el proyecto. 

La situación actual de la provincia con respecto a la energía es simple: Chubut es un gran productor de energía, principalmente de petróleo; posee 2 centrales hidroeléctricas: Futaleufú, la séptima a nivel país con una potencia de 560MW (construida especialmente para abastecer a la planta de aluminio Aluar), y el Dique Florentino Ameghino con 60MW y crecen los parques eólicos que no dejan ni un sólo peso por el uso del recurso viento. Toda esta energía es consumida por Aluar, las petroleras y las ciudades que están conectadas a la red o exportada fuera de la provincia ya que según surge del mismo proyecto, en Chubut, se produce 10 veces más energía de la que se consume. No obstante esta situación de exceso de generación de energía, la mayoría de los pueblos no están conectados a la red eléctrica y dependen de generadores térmicos. Sobre esto último, hay sólo unas pocas menciones para justificar el proyecto, sin plantear ninguna solución. Del petróleo, el proyecto no dice absolutamente nada. 

Para el Frente de Todos, las políticas electro energéticas las debe llevar a cabo una sociedad que cotiza en bolsa y no el Estado provincial ni nacional.

 

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto crea dos entidades: por un lado la empresa mixta que pasará a ser propietaria de todos los bienes estatales relacionados con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica: la Empresa Provincial de Energía Chubut Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, “EPECH S.A.P.E.M.”. Por otro lado crea el Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut, “MEMRECH”.

Estas entidades no son más que la continuidad de las políticas liberales de los 90, de destrucción de los bienes del estado y su entrega a privados nacionales o multinacionales. La empresa EPECH será la “organización institucional y empresarial de la Provincial del Chubut que tendrá a su cargo la ejecución de la política electro energética del Estado Provincia” (art. 24). Será una sociedad anónima con acciones que cotizarán en bolsa y de la que el estado provincial sólo mantendrá el 51% de las acciones en una etapa inicial, como lo plantea el artículo 36: “cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria debe ser autorizada por ley provincial con dos tercios (⅔) favorables de la totalidad de los representantes de la Honorable Cámara de Diputados”.

Es decir que el gobierno, con la EPECH, va a privatizar todas sus intervenciones actuales y futuras en cuanto a la política energética. Y el hecho de que sea el Ministerio de Infraestructura quien elija al presidente de la EPECH (art. 44), no quita este “corrimiento” del estado. 

Tampoco quiere decir que el 51% de todas las empresas que intervienen en la explotación de bienes comunes, transporte y distribución de energía va a ser estatal. Este porcentaje sólo corresponde, en una primera instancia, como dijimos, a la empresa EPECH que será la adjudicataria del 100% de lo que actualmente posee el estado provincial.

Pero ¿Será la EPECH una forma de financiar al estado? El artículo 63 dice que toda ganancia de la empresa provincial será destinada a pagar la deuda externa: “tendrá derecho a recuperar solamente sus costos operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio (…). Los excedentes resultantes (…) integrarán un fondo unificado (…) administrado por la Autoridad de Aplicación, la que deberá atender con el mismo los compromisos emergente de deudas contraídas hasta el presente (…)”.

Con este marco, será función de la EPECH explotar todos los recursos naturales para seguir produciendo energía, para Aluar, las petroleras, las mineras, para exportar y pagar la deuda externa.

En cambio, la otra entidad creada por este proyecto, el Mercado Eléctrico Mayorista Regional de Chubut (MEMRECH) deberá “promover un modelo de desarrollo territorial basado en la idea de soberanía energética” (art. 58 pto. a), es decir, un modelo de desarrollo basado en la idea de “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales”, en explotar todo lo explotable, sin importar el ambiente, tanto recursos renovables como no renovables (pto. c) para ampliar la potencia disponible provincial (pto. d). Acá entran los actuales recursos y los futuros: represas actuales y nuevas como la presa en el Lago Fontana, el proyecto La Elena en el río Corcovado y Los Monos en el Senguer; el viento en la costa y en El Escorial; la geotérmica; el uranio en la meseta; el hidrógeno “verde”. El petróleo convencional, fracking y offshore no son mencionados explícitamente, pero son los proyectos que se impulsan desde el Gobierno Nacional como salida a la crisis, cuando bien sabemos que son causantes de la misma. Si son parte del problema, no pueden ser planteadas como soluciones. 

Otra de las funciones del MEMRECH será la del “fortalecimiento de la seguridad jurídica para inversionistas, reduciendo de esta manera el riesgo y facilitando el acceso a fuente de financiamiento”. Seguridad jurídica para las grandes empresas para explotar los bienes comunes, como con la ley de inversiones mineras. Asimismo se menciona la posibilidad de que la empresa tenga filiales en el extranjero… hablando de soberanía.

Una gran ausencia del proyecto de “Soberanía”

Una gran ausencia desenmascara aún más las intenciones privatizadoras y entreguistas del proyecto de Arcioni y el Frente de Todos. En el ámbito de incumbencia de la EPECH y el MEMRECH falta la principal energía que actualmente está siendo extraída en la provincia: el petróleo. El petróleo ya se encuentra privatizado, dejando al Estado sólo algunas regalías y llevándose no sólo el recurso energético, sino también, por ejemplo, el agua. La crisis del agua en Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia, en la cuenca del río Senguer, el vaciamiento del lago Colhué Huapi, son producto del uso indiscriminado del agua para la extracción de petróleo. Situación que se agravará si permitimos que  comiencen con el fracking. Tampoco se dice nada del petróleo offshore, una embestida nacional que recorre el país por toda la costa atlántica.

El FdT con grieta y una posición común

Este proyecto también viene a responder al veto que hizo Arcioni de la ley de Renta Hídrica, presentada por diputados provinciales del Frente de Todos y aprobada por la legislatura en diciembre de 2022. Desde el Frente de Izquierda rechazamos ese proyecto (ver https://www.ael.ar/generales/chubut-el-fitu-rechaza-el-proyecto-del-fdt-de-renta-hidrica/). Aquel proyecto de Renta Hídrica, pretendía que aumenten las migajas que deja el banquete privado, centralmente para los municipios cercanos a la Hidroeléctrica Futaleufú, en momentos en que las concesiones están por vencer en 2025. En este nuevo proyecto, se barre con la posibilidad de distribuir la renta en forma diferencial, priorizando algunos municipios, y se proclama que con esta ley se pretende “posicionarlo (al Estado) estratégicamente para replantear las reglas de juego en la renegociación de contratos de concesión de las represas”. Y para ser más claros dice “desandar el inconstitucional y peligroso camino de la municipalización de los recursos naturales que sólo genera diferendos internos”. En momentos en que se plantea la necesidad y la posibilidad de reestatizar las represas hidroeléctricas, el Frente de Todos, en sus distintas versiones, plantea la continuidad de la entrega de estos recursos estratégicos, enmascarada en aumentos de rentas y la creación de empresas “pseudo estatales”. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad decimos que hay que nacionalizar las represas ya existentes y ponerlas a funcionar bajo control de trabajadores, pobladores y usuarios de la energía sin avanzar en la creación de nuevas.

Así como la Renta Hídrica planteaba de forma explícita declarar de interés provincial a todo proyecto de construcción de represas hidroeléctricas en todo curso de agua provincial, el nuevo proyecto de “Soberanía energética” va en el mismo sentido, pero aumentando la apuesta a los parques eólicos, la energía mareomotriz y otros. 

Esta municipalización de los recursos naturales es también la visión de un gobierno que no quiere que se repitan las luchas como la de Esquel en 2003. Temen que las comunidades puedan ir en contra de su política de saqueo y evitar convertirse en zonas de sacrificio. 

¿Y los actuales trabajadores?

Actualmente hay muchos trabajadores estatales que pasarían a formar parte de la planta de la empresa EPECH. Y como es obvio, sus derechos laborales caen aprovechando la “volada”. El proyecto es explícito: en el artículo 40 se dice “El Directorio tendrá amplias facultades (…) entre ellas (…) f) aprobar la dotación de personal, fijar sus retribuciones, fijar las modalidades de contratación, efectuar nombramientos de conformidad con la normativa correspondiente, aplicar sanciones y decidir bajas de personal.” De trabajadores estatales con estabilidad laboral pasan a ser empleados privados flexibilizados.

¡Ningún trabajador debe ver amenazadas sus conquistas laborales!

Podríamos incluir al análisis infinidad de argumentos en contra, que surgen de sólo leer sus páginas, escritas para garantizar la mercantilización y la entrega de nuestros bienes comunes. No es un proyecto que busque elevar la calidad de vida de las comunidades ni garantizarnos el derecho a un ambiente sano, y por lo tanto garantizar la salud de todos los chubutenses. Es un proyecto más de entrega, de saqueo, de contaminación y de mercantilización de nuestros bienes comunes. 

El gobierno quiere crear una empresa con sucursales en el extranjero para regalar nuestros bienes comunes y dejar en la provincia contaminación y pobreza.

 

Llamamos a rechazar esta política de avance sobre los bienes comunes y vaciamiento  del Estado. Tenemos que discutir qué energía, para qué  y para quién la necesitamos. Debemos ser protagonistas de una transición energética que nos de sustentabilidad, desandando el camino del extractivismo, y dejar de ser los proveedores de energías baratas para los países centrales.

Debemos rechazar los proyectos hidroeléctricos en el río Corcovado, en la naciente del Senguer y demás proyectos que buscan generar energía para petroleras y mineras. No a la explotación de uranio en la meseta.

Debemos organizarnos para frenar este nuevo avance de Arcioni y el Frente de Todos.

 


Azud del río Senguer

Finalizada la pandemia, el gobierno de Arcioni avanzó con el proyecto de endicar el lago Fontana. Cuando quieren promocionar obras lo llaman Presa Nacimiento del Senguer, pero cuando quieren disminuir el impacto lo llaman “azud”. Rechazamos este proyecto, que con la excusa de la falta de agua en Comodoro y el sur de la provincia y sin tocar a las petroleras, ni a los grups económicos de empresarios que realizan desvios para regar sus campos, pretende avanzar sobre el río y el lago (ver https://www.ael.ar/territorios/chubut-rechazamos-la-construccion-del-azud-del-lago-fontana/). Aprovechando la pandemia, se implementó un mecanismo de audiencia pública que simplemente es una payasada: enviar un correo electrónico a la empresa que escribió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con las observaciones, para que la consultora responda. La Autoridad de aplicación, pintada. Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, no hubo ningún comunicado ni información sobre cuántas personas participaron, cuántas se opusieron ni con qué argumentos.

En el EIA presentado eran claros: en esta etapa no habría generación de energía eléctrica. Sin embargo, ahora se suman al proyecto dos turbinas y sus correspondientes líneas de transmisión hasta las poblaciones de Río Senguer, Aldea Apeleg, Ricardo Rojas y Facundo (https://www.elchubut.com.ar/chubut/2023-4-29-10-40-0-destacan-que-el-dique-ameghino-tiene-20-metros-mas-de-embalse-que-el-ano-pasado). Por supuesto, sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública.