Sep 27, 2021 Last Updated 8:44 PM, Sep 26, 2021

Escribe Marcela Martín

Con una segunda ola que los especialistas aseguran que será más grave y con un sistema con alto porcentaje de camas críticas ocupadas, el 31 de marzo el gobierno despidió de distintos hospitales a 72 trabajadoras y trabajadores de la salud, algunos con diez años de antigüedad. Debilita servicios para privatizarlos y reduce gastos para pagar la enorme deuda externa provincial. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) respondió con una intrascendente marcha de sus cuerpos orgánicos.

A mediados de 2020, con sindicatos como ATE y UTS, dos organizaciones de médicos, y varias agrupaciones sindicales, entre las que se encontraba Salud en Marcha, se formó la Multisectorial de Salud. Desde el inicio ATE, UTS y los médicos subordinaron su política de enfrentamiento al gobierno a lograr una “mesa de diálogo”, por eso se fueron negando desde fines de 2020 a llamar a movilizaciones unificadas y en las calles ante la intransigencia del gobernador.

Con una típica maniobra burocrática, dejaron de lado a todas las agrupaciones sindicales que les exigían la continuidad de las marchas unificadas en las calles en contra de su pelea hospital por hospital y sus paros aislados y con asistencia, algo que las bases rechazan porque las somete a los aprietes de los jefes y a la presión del enfermo. Así votaron un paro el 8 pasado, que fue débil y desigual por hospital. Varios días antes habían conseguido que el gobierno los convocara (cosa que festejaron exultantes), los escuchara y les contestara con estos despidos. Otra prueba de que con medidas divididas y sin un verdadero plan de lucha no se logrará derrotar el ajuste de Schiaretti en salud.

Por eso hay que exigirles a todos los sindicatos que actúan en la salud que convoquen a asambleas conjuntas en todos los hospitales para votar la continuidad del paro del día 8 y un plan de lucha con movilizaciones llamando a la solidaridad de la población. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén son el ejemplo a seguir.


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional, Izquierda Socialista/FIT Unidad

¿Sabías que en la Argentina se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y se van a los Estados Unidos? ¿Sabías, además, que ninguna de esas dosis se usó en el país, ni en Latinoamérica, como prometía el gobierno? Estas preguntas, a modo de disparadores, son para llamar la atención sobre lo que ocurre en el país con la complicidad del gobierno nacional.

El gobierno compró 22 millones de dosis (ya pagó el 60%, reconocido por funcionarios de Salud -ver interpelación a la ministra Vizzotti en esta nota-) y Alberto Fernández, en vez de reclamarlas, está dejando que se las lleven.

Cuando anunciaron el proyecto de hacer la vacuna en el país decían que era una gran iniciativa “pública-privada” entre los gobiernos de Alberto Fernández y López Obrador (México) y los empresarios Hugo Sigman (Argentina), Carlos Slim (México) y la multinacional AstraZeneca para producir millones de dosis para Latinoamérica. ¿En qué quedó esto? En nada.

Las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca se producen en el laboratorio mAbxience de Garín, provincia de Buenos Aires, perteneciente al empresario Hugo Sigman, del Grupo Insud-Pharma. Esas dosis van a México, donde un laboratorio del empresario Carlos Slim tiene que envasarlas y reenviarlas. Pero al día de hoy no ha mandado una sola dosis y no se sabe cuándo lo hará. Argumenta problemas de insumos. Pero acá en la Argentina hay dos plantas con capacidad de envasarlas, como el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón, de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma capacidad y una industria centenaria del vidrio que se podrían poner a producir al ciento por ciento.

Hay que incautar ya esas vacunas y prohibir que se las lleven del país. Esto también lo dicen científicos y médicos especializados. Para así poder inmunizar ya a los adultos mayores, profesionales y trabajadores de la salud, docentes, personas en riesgo y al resto del pueblo trabajador. Es la batalla que estamos dando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Para ello hicimos un acto frente a las puertas del laboratorio en Garín y presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con ese planteo (ver en esta nota). Es parte de la lucha contra las multinacionales y por la liberación de las patentes en el mundo para terminar con la escasez de vacunas.

Alberto Fernández se la pasa hablando contra el neoliberalismo de Macri y de que hay que impulsar un mayor “rol del Estado”, pero protege el negocio privado que hacen estos empresarios y laboratorios con la vacuna. Por la misma razón Macri, Larreta y Juntos por el Cambio guardan silencio.

A pesar de que la noticia de que se producen en el país millones de dosis no es tomada por los grandes medios nacionales, nuestra campaña está incomodando al gobierno. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, dijo que le parecía “una falacia” e “ignorancia” el planteo por parte de lo que llama “un grupo poco identificado de médicos y algunos grupos de izquierda”. Dice que no se puede impedir la exportación de esas dosis de vacunas porque “la vacuna es de AstraZeneca, no de la Argentina, así que impedir su exportación sería algo así como expropiarlas”. Y que “en Argentina no tenemos la capacidad tecnológica y humana” para ello (Perfil, 5/4/2021). En definitiva, este representante del gobierno miente para salir en defensa del negocio privado Sigman-Slim-AstraZeneca, diciendo que el gobierno solo tuvo “contratiempos y meros retrasos” mientras reconoce que de acá se va la vacuna a granel.

Más de doscientos referentes de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y Nora Cortiñas, le han enviado una carta al presidente que dice que “la Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”. Piden que se suspendan las remesas al exterior y se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. Cicop (gremio de los profesionales de la salud de Buenos Aires) exige que “la vacuna sea declarada de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales”.

Llamamos a impulsar pronunciamientos para que las vacunas que se producen en nuestro país se usen para inmunizar a nuestra población. Y que el gobierno impulse un plan de producción nacional de millones de dosis. A hacer actos, protestas, marchas y otras iniciativas con todos aquellos dirigentes y organizaciones que peleamos por lo mismo. Llamamos a Fesprosa, Cicop y a dirigentes de la CTA Autónoma y de otros gremios que se han pronunciado a coordinar distintas acciones. Estamos en emergencia. No se puede esperar más. Que aparezca la vacuna y se use para vacunar a todas y todos en nuestro país y en Latinoamérica.


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Es imprescindible el rol del Estado para prevenir y dar tranquilidad. Un Estado presente en salud es la mejor manera de cuidar a todos”, dijo recientemente el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. “Habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”, les decía a los jubilados en un discurso de enero de este año. Varias veces también se lo escuchó hablar de “reconfigurar el rol del Estado” para beneficiar a los más vulnerables. Pero con el tema de la vacuna el gobierno está haciendo lo opuesto. Porque en vez de intervenir, como se lo estamos reclamando desde numerosas organizaciones de médicos, científicos y desde la izquierda para evitar que se sigan yendo las vacunas que se producen en nuestro país, el gobierno usa al Estado para encubrir el negocio privado entre Hugo Sigman, Carlos Slim y la multinacional AstraZeneca. El gobierno habla contra el neoliberalismo y “la pandemia de Macri” y termina haciendo más o menos lo mismo que hubiera hecho un gobierno de los CEOs.

Alberto Fernández dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público global”, incluso la Argentina es firmante junto a 99 países, encabezados por India y Sudáfrica, de un pedido a la Organización Mundial de Comercio para que libere las patentes para producir masivamente la vacuna. Entonces que actúe en consecuencia.

¿Cómo puede ser que el Frente de Todos haga gala de un doble discurso hablando del rol del Estado mientras es cómplice y protector de ese negocio capitalista con la vacuna? ¿Cómo que no puede intervenir para evitar que las dosis se vayan afuera y se envasen en la Argentina en los laboratorios públicos que podrían hacerlo? ¿Cómo puede ser que, en plena segunda ola, no se haya siquiera centralizado el sistema de salud para hacer frente a los mayores contagios y evitar más muertes como sí lo ha hecho el gobierno conservador de Irlanda?

No le estamos reclamando al gobierno medidas de izquierda, sino que cumpla con lo que dice. Lo más lógico es que, si habla de un mayor rol del Estado, tome las medidas que están a su alcance para que haya vacunas para el pueblo trabajador.

Ocurre que estos gobiernos, denominados “nacionales y populares”, ya gobernaron en Latinoamérica y han puesto al Estado para salvar las ganancias capitalistas de bancos y multinacionales, no al servicio de las mayorías populares. Un ejemplo es que el peronismo en el poder no reestatizó las empresas privatizadas y sigue pagando una deuda externa usuraria y fraudulenta. Con lo cual ratificamos que para hacer lo opuesto habrá que conquistar un gobierno de los trabajadores y la izquierda, como lo peleamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. 

Este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó un informe en la comisión respectiva de la Cámara baja, posibilitando que los diputados le hicieran preguntas. Juan Carlos Giordano de arranque le señaló que repudiaba sus dichos en la conferencia de prensa que había brindado a la mañana, culpando a los trabajadores por el crecimiento de los contagios. Vizzotti había dicho que el personal de los hospitales “se contagia al cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate”, cuando son los que están en la primera línea, superexplotados y con salarios de pobreza.

El plato fuerte fue la vacuna. Giordano le preguntó a la ministra “cómo puede ser que hoy la noticia fue que las camas están saturadas en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, el mismo distrito donde en Garín se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna para AstraZeneca y se van del país”.

Giordano denunció que a pesar de que el gobierno compró 22,4 millones de dosis y ya hizo un pago anticipado de 60% (reconocido en la interpelación), ni una sola dosis fue destinada a la Argentina o a Latinoamérica como se prometió. Luego hizo la siguiente pregunta: “¿Va a hacer algo el gobierno ante esto? ¿O va a dejar correr como hasta ahora el negocio que hacen los empresarios Sigman-Slim y la multinacional AstraZeneca con la vacuna?”.

Nuestro diputado puso de ejemplo a Italia, que impidió que se exporten 250.000 dosis de AstraZeneca, procediendo a destinarlas al pueblo de ese país. “En concreto –dijo Giordano–, ¿el gobierno piensa tomar alguna medida en la emergencia para que las vacunas que se producen en Garín se envasen y usen acá?”.

La ministra, luego de decir que “no culpó a la gente de los contagios”, señaló que si bien es interesante la preocupación de la izquierda por la vacuna, “no es tan sencillo que se envase acá”. O sea, dijo que el gobierno no va a incautar las vacunas en Garín y, por lo tanto, que ninguna de esas dosis va a ir para los trabajadores y el pueblo, que las necesitan para salvar sus vidas.

Corresponsal

 





Los abajo firmantes nos pronunciamos por la inmediata intervención, bajo control de profesionales y trabajadores, de la planta mAbxience, del Grupo Sigman, ubicada en el parque industrial de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Aquí se produce el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 en una cantidad que podría rápidamente inocular al conjunto de la población argentina y abastecer a los países de la región. La situación de un nuevo ascenso de contagios contrasta con la escasez de vacunas y la vigencia de la ley de patentes, que otorga a un puñado de laboratorios el monopolio de la elaboración de la fórmula. La producción de vacunas de la planta de mAbxience (AstraZeneca) se exporta a México y a los Estados Unidos, mientras los trabajadores y la población sufren las consecuencias de esta nueva ola del virus. Eso es lo que hay que evitar, como lo reclaman también profesionales de la salud, científicos y distintas personalidades.

El Frente de Izquierda Unidad presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se declare a este laboratorio de utilidad pública, se suspenda la exportación del principio activo, se reconviertan todos los laboratorios que puedan producir la vacuna y se garantice el correcto envasado, procediendo así a la inmunización de toda la población argentina. Exigimos que el Congreso lo trate en forma inmediata.

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