Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

11 de abril 2020

Alberto Fernández postergó la cuarentena, anunció que abrirán los bancos, gomerías y pequeños talleres y espera que los gobernadores le indiquen otras aperturas. En su larga exposición también se refirió a que se permitirían salidas para hacer ejercicios físicos, pero no hizo mención a los despidos, las rebajas salariales y la plata que hace falta destinar para que millones hagan la cuarentena sin apremios.

Está claro que es imprescindible el aislamiento y evitar las aglomeraciones para impedir el contagio y la expansión del coronavirus. Por eso el pueblo trabajador la cumple, mientras las patronales junto a la burocracia sindical presionan para romperla. Y lo hace a pesar de la desesperación por no contar con ingresos suficientes, la necesidad de hacer una changa, la falta de comida, el aumento descarado en los precios, los despidos que impunemente siguen imponiendo las patronales a pesar del decreto que los prohíbe (y no se cumple) y la rebaja salarial que aplican, como lo acaban de hacer Aluar, McDonald’s y tantas otras. El emblema es Techint que ratificó los 1.450 despidos en acuerdo con la burocracia de la Uocra y el ministerio de trabajo. Sobre cómo frenar todo esto no habló el presidente.

Alberto Fernández dijo que el “Estado va a ayudar a todos”, pero no mencionó ninguna medida concreta. Por eso se empieza a decir con razón: “Cuarentena sí, pero tiene que haber plata para los necesitados”, porque con las medidas del gobierno no alcanza. Hay que tomar medidas de fondo y combatir a los vivos que despiden o aumentan los precios, ausente en los dichos del presidente.

La clave estuvo en una pregunta que le formularon sobre el impuesto a la riqueza que estarían impulsando diputados del oficialismo. Fernández dijo bienvenido que se aumenten los recursos pero de eso se encarga el Congreso. Pero es urgente que se imponga un impuesto especial para asistir a los más necesitados. Desde Izquierda Socialista planteamos un Fondo de Emergencia en base a un impuesto del 10% a los millonarios y 20 grupos económicos más importantes del país y el no pago de la deuda externa. Ahí están los recursos para duplicar lo que se destinó para la emergencia, triplicar los programas sociales y el seguro de desempleo, para no falte la comida, disponer de todos los insumos para los hospitales, camas, respiradores, aumento de salario a los profesionales y trabajadores de la salud y del Malbrán, donde trabajan por “dos pesos” como reconoció el presidente, entre otras necesarias medidas. Ante esto los trabajadores tienen todo el derecho a protestar en defensa de sus derechos. Es repudiable que mientras los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes lo hacían contra una patronal negrera que no les paga la quincena y despidió a 250 familias fueran brutalmente reprimidos por la policía de Kicillof y Berni, provocando que haya un paro de la Federación de la Carne para este lunes 13 al cual le damos todo nuestro apoyo. Llamamos a los trabajadores y demás sectores populares a exigir al gobierno medidas de fondo para que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

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Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Repudiamos la represión de Kicillof a los trabajadores del frigorifico Penta que solo reclaman volver a trabajar, luego de que la empresa cerrara sus puertas, dejando a 250 familias en la calle. Todo esto después del intento de despedir a la comisión interna y a los delegados. La patronal de Penta es Ricardo Bruzzese que a su vez es titular de la cámara de frigoríficos."

Giordano Finalizo: "La represión del gobernador Kicillof contra los trabajadores del frigorífico Penta, muestra el doble discurso del gobierno del Frente de Todos. Mientras el gobierno habla de los empresarios que se hacen los vivos, de que esta a favor de los más vulnerables y se reúne con la CGT que no mueve un pelo por los trabajadores, se posiciona del lado de la patronal. ¿Este es el rol del Estado que reivindica el Frente de Todos?. Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y que el frigorífico sea estatizado y puesto bajo control de sus trabajadores."

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al revelarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó con los lemas #ConLosJubiladosNo y #OtraVezSeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández, que venía ascendiendo en la aceptación popular, con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.

Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena. Se expresó así un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.

Después de veinte días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto con otros beneficiarios de planes sociales (embarazadas o de la asignación por hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor –incluso muchos obligados a acampar desde la noche anterior– para ganarse un lugar y poder cobrar es directamente triste y lamentable.

Ahora se pasan la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, presidente del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ya había ocurrido en el verano con 40 grados de temperatura para cobrar los bonos de diciembre, y se volvió a ver la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.

Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a pagarles a los jubilados, más allá de que tengan o no cuenta en la entidad? “No todas están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice. Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar, con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortunas, ahora con el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se vienen llevando sus ganancias “en pala”.

Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. Dos millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. Tres millones cobran la mínima de $15.892, mientras la canasta de un jubilado está en 40.000 pesos. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes, culpa de los recortes de todos los gobiernos.

Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con la modificación a la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández el que recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa. Y este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó u$s250 millones por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.

¡Basta de que sean víctimas nuestros jubilados! ¡Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas! ¡Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria! Exigimos aumento de emergencia sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un fondo de emergencia para combatir de verdad la crisis del coronavirus porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.

Escribe Juan Carlos Giordano

Diputado electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al develarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

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