Su voz sonó fuerte nuevamente en el Congreso de la Nación. Es imposible que deje indiferente a alguien que la escuche. Ya en su juramento rompió el fuego: “Juro por la memoria de los 30.000 desaparecidos, por mis compañeros del glorioso PST y juro defender los derechos de las mujeres, los trabajadores ´y los pueblos originarios que construyeron estas tierras antes de que llegaran otros en los barcos´. Frase que tuvo amplia repercusión en la prensa en oposición a los dichos de Alberto Fernández. Y continuó su juramento “Por el socialismo y un gobierno de los trabajadores”. Más tarde se hizo escuchar otra vez y generó aplausos con su intervención sobre el cupo laboral travesti-trans (ver pág. 9).

Mónica Schlottahuer reemplazó la semana pasada a Nicolás del Caño como diputada nacional, como parte de la tradicional rotación de bancas del Frente de Izquierda Unidad. Así se suma a la bancada de Izquierda Socialista Frente de Izquierda Unidad junto a Juan Carlos Giordano.
Hace un año y medio, al culminar su anterior mandato en el Congreso Nacional, fue noticia en todos los medios por hacer algo tan simple como retornar a su lugar de trabajo para realizar las tareas de limpieza en la estación Once, del ferrocarril Sarmiento, trinchera del combativo cuerpo de delegados y miembro destacada de la lista Bordó encabezada por Rubén “Pollo” Sobrero. Así se la podía encontrar todos los días de 6 a 14, escoba y pala en mano, limpiando cada rincón de la terminal ferroviaria.

Ser delegada de la Bordó, diputada nacional por segunda vez, acompañar todas las luchas en las que pueda llegar y polemizar en los medios de comunicación defendiendo las posiciones sobre todos y cada uno de los temas nacionales e internacionales de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad ocuparían las veinticuatro horas de cualquiera. Pero, además, Mónica es referente feminista. Así lo dice una de las remeras que suele lucir, “Mujer bonita es la que lucha. Ferroviarias del Sarmiento”. Hace años junto a sus compañeras vienen organizando la pelea por sus derechos y contra toda forma de opresión patriarcal.

Todas las conquistas que obtuvieron las mujeres en el Sarmiento son producto de estas peleas que permitieron el acceso de mujeres a nuevas especialidades y más puestos de trabajo, hasta no hace mucho reservadas exclusivamente a varones. Mónica promovió también “La casa que abraza”, una red de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género.

Schlotthauer nació en Isidro Casanova, partido de La Matanza, y sigue viviendo allí. Se sumó a la militancia en la época de la dictadura militar, cuando ingresó al Partido Socialista de los Trabajadores, antecesor de Izquierda Socialista. En la década del ’80 fue delegada de la oposición a West Ocampo del gremio de la sanidad por más de diez años en el Sanatorio Antártida, hasta que fue despedida en las primeras luchas contra la reforma laboral menemista.

En 2005 se fue a vivir a Venezuela para apoyar a dirigentes sindicales clasistas como Orlando Chirino o José Bodas, los mismos que hoy, junto con otros compañeros, forman parte del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de nuestra internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores–Cuarta Internacional, apostando a la construcción de una alternativa política independiente del chavismo y de la oposición patronal.

A su regreso, Mónica empezó a trabajar en el ferrocarril, primero en la línea Mitre y luego en el Sarmiento, siempre en el área de limpieza. Le tocó estar presente cuando se produjo la masacre de Once, en febrero de 2012. En los días posteriores fue una de las primeras denunciantes de las responsabilidades de la patronal en lo que había sucedido.

Mónica Schlotthauer volvió al Congreso. Allí estará y nos hará sentir orgullosas y orgullosos de sus denuncias e intervenciones, de su presencia acompañando las luchas que recorren nuestro país. Una vez más, haciendo realidad la ya tradicional consigna “diputada de los trabajadores para que la crisis la paguen los patrones”.

De la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

La campaña de Daniel Ortega por una nueva reelección comenzó en junio, a cinco meses de la votación, con métodos dictatoriales: deteniendo a quienes pueden llegar a ser candidatos opositores. Una decena de opositores han sufrido allanamientos y detenciones arbitrarias, incluyendo cuatro precandidatos presidenciales. Entre las personas detenidas se encuentran dirigentes de Unamos, la formación sandinista disidente (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), como los ex comandantes guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, las dirigentes Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona y el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. Se les acusa de cargos falsos como el de solicitar intervenciones militares extranjeras. Estas detenciones estuvieron precedidas por la intervención judicial del Partido Restauración Democrática (PRD), bajo el estrafalario argumento de que se había apartado de su doctrina programática religiosa. 

Con un apoyo popular que ronda el 20%, Ortega ha decidido cerrar violentamente cualquier posibilidad de una derrota electoral a manos del pueblo nicaragüense, agobiado por la crisis económica, el pésimo manejo gubernamental de la pandemia, la superexplotación, el entreguismo y la represión. Por eso quiere reducir la elección a una farsa como las realizadas por su aliado Maduro en Venezuela en años recientes.

Dora Téllez participó del comando guerrillero que, junto a Edén Pastora, tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores de la dictadura somocista en agosto de 1978, logrando la liberación de varios presos políticos. Luego del triunfo de la revolución fue ministra de Salud.

El martes 2 de junio se inscribió para participar en la elección interna del candidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad, Cristiana Chamorro, hija de Violeta Barrios de Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro. Chamorro es vicepresidenta del diario La Prensa y dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta su cierre este año, luego de la promulgación de la ley 1040 que obliga a las ONG que reciben financiamiento extranjero a inscribirse en un registro de agentes extranjeros. Esta ley, junto a otras leyes como la que regula las redes sociales o la Ley 1055, con el pomposo título de “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, son parte del arsenal legal recientemente aprobado para la criminalización de toda disidencia.

El mismo día de su inscripción como precandidata presidencial fue acusada de “falsedad ideológica” y lavado de dinero, entre otros cargos, quedando inhabilitada para ocupar cargos públicos, y al día siguiente fue detenida. El ex embajador del gobierno de Ortega en EEUU, Arturo Cruz, también fue detenido. Una semana después, Juan Sebastián Chamorro, ex viceministro de Hacienda del gobierno de Bolaños, y el ex jefe del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, también fueron detenidos.

En 2019 se emitió una amnistía que redujo el número de presos políticos, de alrededor de 700 a un centenar, pero nunca cesó el hostigamiento y la persecución. Además, con la amnistía el gobierno se otorgó a sí mismo impunidad para los crímenes represivos de 2018. La actual es la más reciente de varias oleadas de detenciones en un proceso que no ha tenido pausa desde la rebelión de 2018.

Daniel Ortega volvió al poder en 2007, de la mano de sectores derechistas y de la Iglesia, junto a los cuales aprobó el Tratado de Libre Comercio con EEUU y a los que complació con la penalización absoluta del aborto, prohibiendo incluso el aborto terapéutico que era legal desde el siglo XIX.  Ortega usa una seudo fraseología antiimperialista para sostener una dictadura capitalista. Su vicepresidente entre 2007 y 2012 fue un ex dirigente contra, Jaime Morales Carazo. Hizo grandes negociados corruptos con el dinero de Petrocaribe suministrado por Chávez y Maduro. Ya en 2016 logró su segunda reelección habiendo intervenido al principal partido opositor de ese momento, el Partido Liberal Independiente. En 2018 aplastó a sangre y fuego la rebelión popular, iniciada en las protestas contra la aplicación del ajuste a la seguridad social recetado por el FMI. Sectores empresariales y eclesiásticos conciliaron con el régimen, alimentando el falso diálogo. Esos son parte de los sectores de la oposición burguesa y de derecha que a los que ahora el régimen cierra la vía electoral. Grandes sectores de la juventud, los trabajadores y campesinos tuvieron desconfianza en esos diálogos y percibieron el rol traidor de la oposición burguesa. Precisamente son los sectores populares quienes vienen sufriendo el grueso de la represión posterior a la rebelión.

Hay grandes divisiones en la oposición y no se descarta la posibilidad de que partidos colaboracionistas, de la llamada oposición zancuda, se presten a dar un barniz de legitimidad a la farsa electoral del gobierno. La experiencia confirma que quienes nunca creyeron en el falso diálogo ni en la farsa electoral orteguista tenían razón. 

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional realizamos en septiembre de 2020 una campaña internacional por la libertad de los presos políticos nicaragüenses. Hoy nuevamente levantamos nuestra voz, como revolucionarios y llamamos a todas las organizaciones que se reclamen de izquierda o democráticas a repudiar la persecución política de la dictadura capitalista, corrupta y entreguista de Ortega y Murillo en contra de toda oposición política. 

Reclamamos la libertad de Cristiana Chamorro y demás representantes de la oposición, más allá de que no respaldamos sus posiciones políticas en defensa de intereses patronales y proimperialistas. Consideramos que estos sectores no son salida para el pueblo trabajador nicaragüense. Por lo que es necesario construir una herramienta política del pueblo luchador y derrotar a la dictadura en las calles en un nuevo 1979, un 2018 victorioso.

¡Libertad a Dora María Téllez, Hugo Torres, Cristiana Chamorro y todos los presos políticos nicaragüenses! ¡Plena libertad de asociación política para el pueblo nicaragüense! ¡Por una salida obrera y popular en las calles!

15 de junio de 2021

En medio del mayor pico de la pandemia en todo el país y mientras el ministro Trotta y los dirigentes kirchneristas criticaban duramente a Larreta y Schiaretti por no cumplir con la virtualidad escolar, el gobernador Kicillof sorprendió anunciando que el miércoles volverían las clases presenciales. Nuevamente Trotta queda ridiculizado.

Kicillof dice que en el GBA hay menos de 500 casos cada 100.000 habitantes. Esto es mentira y tramposo. Tramposo, porque mundialmente el criterio es la vuelta a la presencialidad con menos de 100 casos cada 100.000. No el que quiere imponer Fernández y el peronismo. ¡Mentira, porque oficialmente en la mayoría de los municipios de GBA hay más de 500!

Kicillof toma una medida electoralista para quedar bien con los sectores que reclaman la presencialidad, sobre todo los empresarios e iglesias de escuelas privadas. Apoyándose en el hartazgo del trabajo virtual y la necesidad de volver a la escuela, que es lo que docentes, estudiantes y familias anhelamos. ¡Pero no es una presencialidad sanitariamente segura!

Tomando las declaraciones de la semana pasada del propio Kicillof, volver a la presencialidad es irresponsable. Para sostener mejor esta política, Kicillof largó una fuerte tanda de vacunación a docentes y declaró que vacunará al 100% del personal educativo esta semana. Otra mentira.

Todos queremos volver a la presencialidad, pero cuando haya garantías sanitarias. Alertamos que una medida irresponsable como esta, en medio de la pandemia, con el frío del invierno creciendo, sólo puede generar más movilidad social y más contagios.

Ahora es necesario que el gobierno invierta en computadoras, conectividad gratuita y vacunación para todos. En nombrar a los miles de docentes que siguen sin cargo. Y reabrir la paritaria por un inmediato aumento salarial, ya destruido por la inflación.

Lamentablemente una vez más la conducción provincial de SUTEBA y el FUDB hace un silencio cómplice. Ni llama a asambleas para que decidamos entre todos.

Además de exigirle a Baradel y la Celeste que llamen a asambleas y repudien estos anuncios, llamamos a participar en las asambleas de los Suteba Multicolores y autoconvocadas y en el Plenario provincial de Delegados multicolores. Para decidir entre todos qué medidas de fuerza tomar para frenar estos anuncios.

DOCENTES EN MARCHA BONAERENSE

Este sábado las compañeras y compañeros de Izquierda Socialista en Jujuy realizaron actividad de agitación y volanteo en tilcara denunciando: ¡Con Morales, Rivarola y Alberto Fernández el ajuste continúa! Somos la única oposición verdadera al bipartidismo en Jujuy. Votá al Frente de Izquierda Unidad.

Como parte del Frente de Izquierda, la mayor expresión de la unidad de la izquierda a nivel nacional, nos presentamos a estas elecciones donde se renovarán veinticuatro bancas en Diputados. Pero también existe un piso proscriptivo, el 5% del total del padrón electoral (independientemente de cuántas personas vayan a votar), para acceder a cargos en la Legislatura.

Nuestra lista está encabezada por Alejandro Vilca, del PTS, junto a Iván Blacutt, Fernanda Giribone y Miguel Urzagasti de Izquierda Socialista, y compañeros del PO y el MST.

Estamos dando la pelea por el voto al Frente de Izquierda. Necesitamos 30.000 votos para defender la bancada actual, conquistada en 2017.

Te acercamos nuestro volante electoral de Jujuy en este enlace

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El pasado martes 8, el sistema judicial controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, condenó a 15 años al preso político obrero Rodney Álvarez, sin ninguna prueba de su supuesta culpabilidad. La decisión del sistema judicial ocurre después de mantenerlo detenido 10 años sin sentencia, en medio de un juicio que fue suspendido cuatro veces, por cambio de jueces.

La condena del preso político obrero ocurrió días después de que el burócrata sindical del gobierno, Carlos López, dijera que Rodney Álvarez es culpable. Y en una audiencia judicial sin la presencia de su abogado principal, porque se encuentra enfermo de covid-19, y en donde a su segundo abogado no se le permitió exponer sus alegatos. Así, el juicio en contra del trabajador de Ferrominera del Orinoco, siguió plagado de maniobras de la burocracia sindical gubernamental y de violaciones del derecho a la defensa y del debido proceso, como ha ocurrido desde hace ya 10 años. En la actualidad, usando al juez Pablo Vicentelli y al fiscal Regino Cova, dos verdugos judiciales del gobierno antiobrero y dictatorial.

El preso político obrero Rodney Álvarez, se encuentra preso desde el 11 de junio de 2010, por un montaje judicial organizado por el antiguo gobernador del estado Bolívar, el General Francisco Rangel Gómez; el actual Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero; y la burocracia sindical del gobierno de Chávez, que lo responsabilizaron de un crimen que no cometió, para liberar de responsabilidad penal a Héctor Maicán, burócrata sindical del Psuv. El asesinato de Renny Rojas, ocurrido en una asamblea laboral de Ferrominera del Orinoco, el 9 de junio de 2010, es responsabilidad de Héctor Maicán, que cuando disparó fue visto y grabado por las cámaras de seguridad, y que estuvo detenido en la sede del Cicpc, a la espera de su presentación a tribunales.

El gobierno antiobrero y dictatorial de Maduro con la condena del preso político obrero Rodney Álvarez, sigue su criminalización y persecución a las trabajadoras y trabajadores que protestan por sus reivindicaciones laborales, denuncian actos de corrupción y mantienen una militancia política con independencia de clase; para continuar aplicando paquetazo de medidas que le imponen la crisis al pueblo trabajador y benefician a las empresas transnacionales, al conjunto de la burguesía local y a la alta burocracia del Estado.

A su vez, el gobierno antiobrero y dictatorial de Maduro con la condena a Rodney Álvarez, quiere negar su condición de preso político obrero al presentar un juicio con sentencia firme, como respuesta a las peticiones de organismos internacionales que han exigido su liberación como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, en medio del intento gubernamental de negar la existencia de presos políticos obreros en Venezuela, con el traslado de trabajadores detenidos desde los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a cárceles comunes como El Rodeo, donde llevaron a los dirigentes sindicales petroleros Eudis Girot y Guillermo Zarraga.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos contundentemente la condena a Rodney Álvarez y ratificamos nuestra demanda de libertad inmediata y plena. Al mismo tiempo, el PSL informa que la condena corrupta y repudiable del gobierno es totalmente antagónica a la posición de la clase trabajadora de Ferrominera del Orinoco, la cual sabe que Rodney Álvarez es inocente. En ese sentido, hacemos un llamado al conjunto del pueblo trabajador venezolano para que arrope de solidaridad al preso político obrero Rodney Álvarez, y que con su lucha unitaria e independiente del gobierno y de la oposición patronal, logre su libertad inmediata y plena y la restitución de sus derechos laborales con su reenganche.

Caracas, 10 de junio de 2021.